Fiscal pide a Corte definir competencia sobre bienes de las Farc y la JEP - Investigación - Justicia - ELTIEMPO.COM
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Fiscalía pide a Corte definir competencia sobre bienes de las Farc

Fiscal hizo esa solicitud ante ultimátum de la JEP. Dice que reserva sobre información se conserva.

Fiscal y JEP

Fiscal General Néstor Humberto Martínez y presidenta de la JEP, Patricia Linares.

Foto:

César Melgarejo / EL TIEMPO - Néstor Gómez / EL TIEMPO

Por: Justicia
24 de octubre 2018 , 05:18 p.m.

En una dura carta, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le pide a la Corte Constitucional que defina las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía frente a los bienes de las Farc.

Esa jurisdicción, mediante autos de agosto y del 18 de octubre le ordenó a la Fiscalía y otras entidades entregar un informe detallado sobre los bienes de esa exguerrilla, so pena de abrirles un incidente de desacato.La Fiscalía había respondido que era "improcedente" vincularla a los trámites de esa jurisdicción.

En su carta, el fiscal Martínez asegura que según lo dispuesto en el Acuerdo de Paz, los bienes que las Farc no hayan inventariado a más tarde el 15 de agosto del 2017, cuando entregaron las armas, tendrán el tratamiento de la legislación ordinaria.

"Por ende, cualquier intento de que los bienes no inventariados se sometan a trámite distinto, falsea la voluntad de paz de las partes y, por ende, el marco legal del proceso de paz", aseveró el Fiscal.

Martínez aseguró que por ello la Fiscalía conformó un cuerpo para investigar y extinguir dominio de activos que pudieran tener origen en el narcotráfico, el secuestro o la extorsión y que no hayan sido inventariadios por las Farc, tras de lo cual encontraron que esa exguerrilla tiene 548 predios urbanos, 5.228 bienes rurales
207 bienes baldíos (por cerca de 2’120.000 hectáreas), 284 establecimientos comerciales, 792.808 semovientes, 1.166 automotores y varias evidencias de caletas en efectivo.

Hasta la fecha, dijo, se ha logrado la incautación de bienes presuntamente vinculados a las Farc por 2,3 billones de pesos, “cifra que dobla con creces la relacionada en el inventario entregado al gobierno”. Tras la dejación de armas las Farc entregó un inventario al Gobierno avaluado en 823.534 millones de pesos.

Argumentó el fiscal que luego de que alias Pastor Alape pidiera a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) medidas cautelares para la protección y aseguramiento de los bienes inventariados por las Farc surgió un conflicto de competencias.

Esto porque, dijo, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de esa jurisdicción "decidió iniciar dicho trámite no solamente sobre los bienes inventariados por las Farc sino también sobre los identificados por la Fiscalía General de la Nación".

Con esto, la JEP, según la Fiscalía, "desbordó sus competencias" lo que "violenta ostensiblemente el acuerdo de paz".

"Es inaceptable que las Farc y, en este caso, la JEP pretendan incluir dentro de la relación de sus bienes y activos aquellos que justamente se abstuvieron de inventariar y que forman parte del listado de activos que la Fiscalía atribuye al patrimonio ilícito que acuularon por años", dice la misiva.

Es inaceptable que las Farc, y en este caso la JEP, pretendan incluir dentro de la relación de sus bienes y activos aquellos que justamente se abstuvieron de inventariar

Para la Fiscalía es claro que la JEP no puede proceder sobre bienes no inventariados y dice que la reparación a las víctimas, por muy noble que sea, no constituye tampoco "una razón suficiente para justificar el ejercicio por parte de la JEP de atribuciones específicas que le han sido asignadas a la jurisdicción ordinaria".

Por ello, dijo el fiscal, se conserva la reserva que hay sobre la información de los bienes no inventariados de las Farc que están en proceso de extinción de dominio, "en las funciones de la JEP no se encuentra la atribución de ordenar la reparación a las víctimas con cargo a los bienes resultantes de procesos de extinción de dominio (...) en consecuencia, la información sobre estos bienes no sirve al objetivo de cumplir debidamente con las funciones de la JEP y la reserva que se ha previsto se conserva". 

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