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Fiscal advierte que artículo de la JEP activa competencia de la CPI

Néstor Humberto Martínez envió una carta al Gobierno para alertar sobre riesgos del articulado. 

El Fiscal General en el Congreso

Debates sobre la jurisdicción para la paz.

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Prensa Senado

22 de noviembre 2017 , 08:40 a.m.

El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez insistió que en la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) debe quedar claro que si los exintegrantes de las Farc vuelven a delinquir, perderán todos los beneficios del proceso de paz.

En una carta de nueva páginas enviada al ministro del Interior Guillermo Rivera, el fiscal general señala que hay una interpretación equivocada de que los exguerrilleros solo se comprometen a no levantarse en armas contra el Estado, pero no a renunciar a la comisión de otro tipo de delitos.

“El principio de no repetición obliga a los beneficiarios del sistema de justicia transicional a alejarse totalmente del delito, a comportarse como ciudadanos íntegros”, señaló Martínez Neira.

El principio de no repetición obliga a los beneficiarios del sistema de justicia transicional a alejarse totalmente del delito

Y advirtió que no se debe existir beneficio para los reincidentes, pero que en el proyecto hay un “régimen potestativo de valoración en manifiesta contravía de la sentencia de la Corte Constitucional”.

Igualmente señaló que debe quedar claro que la jurisdicción ordinaria recobrará competencia sobre los procesos de quienes incumplan sus compromisos “y en particular cuando cometan un nuevo delito”.

El jefe del ente acusador sostuvo que un cambio hecho para ponencia de último debate de la JEP deja abierta la puerta para que “inexplicablemente” se puedan salvar de responsabilidad penal “quienes cometieron graves masacres, violaciones, reclutamiento de menores, desapariciones, entre otras”.

Y añadió que “esta posibilidad comportaría impunidad absoluta para los más graves crímenes y desconocimiento total de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, lo que activaría la competencia de la Corte Penal Internacional”.

En su carta el funcionario indica que en el texto del proyecto debe quedar establecido que el responsable de expedir las listas finales de integrantes de las Farc es el Gobierno luego de un proceso de verificación.

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