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Fallo previo daría razón a Fiscalía en pulso con JEP por bienes Farc

Norma dice que bienes que FARC no reportó y Fiscalía incautó, no tienen que ir a Fondo de Reparación

Fiscal y JEP

A mediados de este año, el fiscal Néstor Humberto Martínez entregó a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, los primeros expedientes para comenzar juicios.

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César Melgarejo / EL TIEMPO - Néstor Gómez / EL TIEMPO

Por: Marisol Gómez, editora Paz y Justicia
28 de octubre 2018 , 01:27 p.m.

El cuarto capítulo de la serie de controversias que han protagonizado la Fiscalía General y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ahora por la competencia sobre los bienes que las Farc no incluyeron en su inventario y sean incautados, podría ser el tercero de la saga que se resuelva a favor del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien le pidió a la Corte Constitucional que dirima el nuevo conflicto. 

Esto ocurrió el miércoles, cuando se venció el plazo de tres días que le había dado la JEP para que le enviara la lista de los bienes y activos incautados a la exguerrilla para decretar medidas cautelares sobre ellos, algo que el Fiscal consideró una extralimitación de la justicia especial para la paz.

En sus argumentos a la Corte, Martínez expone que “la JEP no puede dictar medidas cautelares sobre bienes que las Farc no inventariaron”.

Y si bien el planteamiento de la justicia especial para la paz es que todo lo que estaba en manos de la exguerrilla “no puede tener un destino diferente a la reparación de sus víctimas”, hay una sentencia de la Corte Constitucional –la 071 del 2018– que validó el decreto presidencial sobre el proceso que debía seguirse con los bienes de las Farc, y que le daría la razón al Fiscal.

Según ese fallo, no todos los bienes de la exguerrilla tienen que ir a la reparación de las víctimas.

Con ponencia del presidente de la Corte, Alejandro Linares, el alto tribunal avaló el decreto presidencial según el cual solo los bienes inventariados por las Farc van totalmente a la reparación de las víctimas.

Pero los no reportados por la exguerrilla, deben seguir el proceso de extinción de dominio ordinario, que está a cargo de la Fiscalía, tras el cual los recursos obtenidos se distribuyen entre entidades del Estado, según lo indica la ley.

Es decir, 25 por ciento para la Rama Judicial, 25 por ciento para la Fiscalía, un 10 por ciento para fortalecer la investigación de la Policía Judicial y el 40 por ciento restante para el Gobierno, que dispone de una parte de ese dinero para a infraestructura carcelaria.

Aunque es la Fiscalía quien tiene competencia sobre bienes no declarados, y no la JEP,  (...) como posibles incumplimientos a la contribución para reparar a las víctimas

En todo caso, la misma ley de extinción de dominio establece como excepción los bienes rurales, que deben alimentar el Fondo de Tierras creado a partir del primer punto del acuerdo de paz con las Farc para entregar hectáreas a quienes no tienen o no poseen las suficientes para subsistir.

En la lista de bienes hallados por la Fiscalía a la exguerrilla aparecen 5.228 bienes rurales.

Esta semana, tras la petición del Fiscal a la Corte para que resuelva el nuevo conflicto de competencias con la JEP, cada jurisdicción, por separado, dijo confiar en que el tribunal constitucional le dará la razón.

Fuentes de la Corte Constitucional le dijeron a EL TIEMPO que “aunque es la Fiscalía quien tiene competencia sobre bienes no declarados, y no la JEP”, el organismo investigador “sí debería enviarle información (a la JEP)” sobre los bienes de las Farc, porque estos “deben ser valorados como posibles incumplimientos a la contribución para reparar a las víctimas”.

Este punto de vista controvierte al Fiscal, pues Martínez sugiere en su escrito a la Corte que si entrega a la JEP la lista de los bienes no reportados por las Farc quedarían como parte del inventario que la exguerrilla entregó y pasaría inadvertido que faltó a la verdad, condición que debe cumplir para obtener los beneficios de la justicia para la paz.

Los capítulos de la controversia

Es la cuarta vez que la Corte tiene que terciar entre la JEP y la Fiscalía, y ya algunos expertos ven el caso de las dos jurisdicciones como “una novela, con varios capítulos y desquite”, que promete prolongarse por la situación del exguerrillero Jesús Santrich, sujeto a un proceso de extradición.

En el primer capítulo de la controversia Fiscalía-JEP triunfó el Fiscal, cuando la Corte decidió que los terceros acusados de delitos durante el conflicto no tenían la obligación de acudir a la justicia especial.

En el segundo conflicto, la Corte también le dio la razón a la Fiscalía, al validar la captura de Santrich con fines de extradición.

Y el tercer y penúltimo pulso lo ganó la JEP, cuando la Corte falló sobre la ley estatutaria que definió el funcionamiento de la justicia especial para la paz y dijo que, hacia adelante, para una captura con fines de extradición no es suficiente una orden de la Interpol, sino que se debe contar con la solicitud formal del Estado que requiere al acusado.

Sobre la controversia en desarrollo por los bienes de las Farc, varios juristas consultados por EL TIEMPO coinciden en que a la JEP no le corresponde la reparación de las víctimas y que su tarea es “investigar, juzgar y sancionar” los crímenes graves del conflicto.

En todo caso, lo deseable sería, según la representante a la Cámara y exasesora jurídica del pasado gobierno en el proceso de paz Juanita Goebertus, que “la Fiscalía haga el proceso de extinción pronto para nutrir con los bienes incautados el Fondo de Reparación a las víctimas”.

MARISOL GÓMEZ
Editora Paz y Justicia
En Twitter: @MarisolGmezG

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