Investigación

Exoficiales montaron red de escuchas ilegales

Se busca al general (r) Guatibonza, eslabón de la red que chuzaba a altos funcionarios.

Humberto Guatibonza

Al general en retiro de la Policía Nacional Humberto Guatibonza lo relacional con una red de chuzadas descubierta por la Fiscalía.

Foto:

Archivo / EL TIEMPO

05 de agosto 2018 , 07:52 a.m.

Desde hace dos días, la Fiscalía busca al general retirado de la Policía Humberto Guatibonza, quien apagó celulares y desapareció de su domicilio.

El oficial retirado, que incluso sonó como director de su institución, sospecha que lo van a vincular a un caso de secuestro en el que lo quieren escuchar como testigo. Pero el ente acusador lo busca para que responda por su presunta participación en una gigantesca red de interceptaciones ilegales que venía funcionando en Bogotá, Cali y Nariño

“Ellos no me han citado. Yo estaba por fuera”, le dijo Guatibonza a EL TIEMPO.

Tal como lo anticipó EL TIEMPO, en cuatro allanamientos simultáneos se encontraron torres de computadores y equipos de escucha que eran usados para interceptar ilegalmente a políticos, altos funcionarios del Gobierno, funcionarios de la Rama Judicial (al parecer magistrados) y hasta parejas de esposos en líos.

Las investigaciones establecieron que para el efecto, la fachada utilizada sería dos empresas en Cali; mientras que el centro de operaciones criminales estaba en Ipiales, Nariño, y desde allí se habría acopiado información de inteligencia sobre movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y sus familiares, y otras personalidades nacionales e internacionales.

Los tentáculos de la organización incluso llegaron hasta Ecuador, en donde personas pagaron por escuchar llamadas que salían desde Colombia. Pero EL TIEMPO estableció que también se menciona a Canadá y Costa Rica, en donde tenían clientes y, por ende, víctimas.

La red, integrada por oficiales retirados del Ejército y de la Policía, incluso escuchaba a funcionarios de la Fiscalía General, para rastrear las investigaciones claves que ha venido adelantando Néstor Humberto Martínez.

De hecho, así partieron las pesquisas, que llevaron a los investigadores hasta un centro de operaciones en Ipiales, Nariño.

El lugar era operado por una ‘hacker’ experta que trabajó en el Ministerio de las TIC (Mintic) y que fue entrenada en labores de inteligencia.
En ese lugar, además de equipos, estaban las instrucciones para interceptar celulares.

Entre el viernes en la noche y el sábado en la madrugada fueron detenidos los coroneles en retiro del Ejército Carlos Andrés Pérez Cardona, jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales, Nariño, y Jorge Humberto Salinas Muñoz, especialista en inteligencia. Además, el mayor en retiro del Ejército Luis Mesías Quiroga Cubillos y María Alicia Pinzón Montenegro.

Esta última es señalada como la ‘hacker’ contratada para realizar el robo de información. Y Pérez Cardona está emparentado con un funcionario de Nariño.

Publicitaban su capacidad de interceptar comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea. La red delincuencial cobraba al menos tres millones de pesos

Modus Operandi

Según la Fiscalía, el portafolio de servicios que la banda difundía, incluso entre altos ejecutivos de multinacionales petroleras, incluía chuzadas a entidades del Estado y particulares.

“Publicitaban su capacidad de interceptar comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea. La red delincuencial cobraba al menos tres millones de pesos ($3’000.000) por cada actividad ilícita”, explicó Daniel Díaz, el fiscal a cargo del tema.

En un tablero encontrado en el centro de operaciones de Ipiales, y al que EL TIEMPO tuvo acceso, además de las tareas encomendadas por un sujeto al que identifican como el ‘gordo Guati’, hay misiones pedidas por un grupo de abogados, por personas de Acacías, Meta, y por una persona de apellido Bautista. Pero lo que más llama la atención son las tareas solicitadas por un puñado de personas que identifican como Gaula 1.

Entre los allanamientos se registraron las instalaciones de la empresa A & G Seguridad, vinculada al general (r) Guatibonza, y se encontraron decenas de USB en las que están las escuchas que les vendían al mejor postor.

A través de esa firma, el oficial retirado, exdirector de la Policía Metropolitana de Bogotá, ofrecía servicios legales de seguridad a industriales y hasta a empresarios del fútbol.

“Esto era una especie de Fiscalía paralela”, le explicó a reporteros de este diario una alta fuente de la Fiscalía enterada del caso.

Los capturados fueron conducidos en la noche de este sábado ante un juez de garantías y ante quien se les imputarán los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilícita de redes de comunicaciones agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, violación de datos personales agravados, uso de software malicioso agravado y daño informático agravado.

Además, el material incautado fue enviado a laboratorios forenses para ser desencriptado y judicializado. Entre otros, aparecen, seis torres de cómputo de diferentes marcas, cuatro computadores portátiles, cinco teléfonos celulares, dos maletines con documentos varios, tabletas y decenas de dispositivos USB en las que entregaban las misiones. Además, agenda de datos, decodificadores, dos routers, tres discos duros externos y un reproductor MP4.

Allí está parte de la evidencia, pero también en los seguimientos e interceptaciones a los que fueron sometidos varios miembros de esta red.

En los próximos días se revelarán qué empresas y personas fueron interceptadas para que se constituyan en víctimas dentro del proceso.

Ese paso será clave para llegar al eslabón más importante de este escándalo: las personas que pagaron por interceptar ilegalmente y las razones para incurrir en este delito, que les puede costar hasta 12 años de prisión a clientes y a ejecutores de las escuchas ilegales.

UNIDAD INVESTIGATIVA Y JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET

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