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Investigación

EE. UU. indaga por el caso Andrade y solicita protección especial

Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Foto:Mauricio León / EL TIEMPO

Dos meses antes de la muerte de Jorge Pizano, Washington ya había pedido información del proceso.

Unidad Investigativa
Desde mediados de septiembre, Estados Unidos empezó a indagar sobre el caso de Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), procesado dentro del escándalo de pago de sobornos de Odebrecht.
Si bien el Departamento de Justicia viene siguiendo el caso de cerca, Andrade pidió una intervención directa, en su calidad de ciudadano estadounidense y al considerar que incluso su vida podría correr peligro.
Tras su solicitud, la misión diplomática de Washington en Bogotá le preguntó primero a la Fiscalía por el avance del caso y, luego, le pidió al Inpec que le dé a Andrade y a su entorno garantías para preservar su seguridad.
En efecto, en una primera comunicación, enviada al búnker de la Fiscalía casi dos meses antes de que se produjeran las muertes de Jorge Enrique Pizano (controller de la Ruta del Sol II) y de su hijo Alejandro, el embajador Kevin Whitaker pidió información sobre “la postura investigativa, jurídica y procesal del caso” de Andrade.
La respuesta, revelada por EL TIEMPO, estuvo a cargo de la fiscal del caso, Amparo Cerón, quien el 1.° de octubre –días antes de sufrir un grave accidente automovilístico en Chile– le informó a Whitaker que en contra de Andrade hay abiertas dos líneas de investigación: una en torno a la fallida Ruta del Sol II, específicamente en lo relacionado con la contratación de la vía Ocaña-Gamarra; y otra, por el contrato para la construcción del Puente Plato, en Magdalena.
Según la misiva, el primer expediente tuvo su origen en el preacuerdo suscrito entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la oficina del Fiscal de ese país y Odebrecht, en 2016.
Cerón también dijo que a Andrade ya se le hizo imputación de cargos y que un juez independiente le impuso medida de aseguramiento.
Así mismo, indicó que si bien las comunicaciones de Andrade fueron interceptadas, en el procedimiento “no existió ni irregularidad alguna ni mucho menos falsedad documental”. Incluso, advirtió que cualquier afirmación que sugiera que las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente carecería de fundamento.

Es de nuestro especial interés que su caso (el de Andrade) se desarrolle con agilidad

Pide más seguridad

En la carta se advierte, además, que el titular del ente acusador, Néstor Humberto Martínez, se declaró impedido para conocer del caso. Y que en el caso han intervenido tanto la defensa de Andrade como la Procuraduría.
En lo referente a la investigación del caso Puente del Plato –por el cual Andrade tiene audiencia de imputación de cargos este viernes–, entregó una información similar. “Los procesos se han adelantado bajo las leyes sustanciales y procesales que en materia penal rigen en Colombia”, advirtió.
Y en la segunda carta, fechada el 13 de noviembre pasado, Washington le pidió al Inpec que se den todas las garantías sobre la integridad física de Andrade y de su familia, ya que se encuentra en detención domiciliaria.
“Cabe anotar que es de nuestro especial interés que su caso (el de Andrade) se desarrolle con agilidad, manejo idóneo de la evidencia y bajo principios del Estado de derecho”, dijo Whitaker.
Esta misiva, copiada a la Fiscal, al Ministerio de Justicia y al Secretario General de la Presidencia, se conoce luego de que Andrade le pidiera a Estados Unidos –a través de su defensa– protección tras considerar que su vida corre peligro y que su casa estaría siendo vigilada de manera ilegal.

Un juez cobijó a Paula Solarte con detención domiciliaria

En la noche del miércoles, y tras cinco meses la cárcel de mujeres El Buen Pastor, un juez de control de garantías le otorgó sustitución de medida de aseguramiento intramural por domiciliaria a Paola Fernanda Solarte, representante del Grupo Solarte e investigada por irregularidades en la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas.
Su abogado, Alfredo Rodríguez, solicitó que su clienta fuera cobijada con esta medida por tratarse de una madre cabeza de familia, con dos hijos de 2 y 4 años.
“Fueron razones jurídicas y humanitarias por los menores de edad, ya que los derechos de los niños priman sobre los demás”, le explicó a EL TIEMPO el penalista.
Además, confirmó que se aplazó la aprobación del preacuerdo que se adelanta con la Fiscalía en este mismo caso.
Este contempla cambiar el delito de peculado por apropiación por el de abuso de confianza, lo que en teoría significa una rebaja de la condena de cerca de 6 años y una multa de unos 1.350 millones de pesos, destinados para el reintegro a las víctimas.
Sin embargo, el juez 51 penal no aprobó la propuesta y aplazó su discusión para la primera semana de diciembre.
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