Investigación

Empresa de exoficial, entre las allanadas por 'red de chuzadas'

JHS Consultores, fundada y gerenciada por el teniente coronel en retiro, Salinas Muñoz.

Chuzadas

Material incautado durante uno de los allanamientos

Foto:

Fiscalía General de la Nación

05 de agosto 2018 , 07:46 a.m.

El teniente coronel (r) Jorge Humberto Salinas es gerente de JHS Consultores, una de las empresas allanadas donde también estuvo vinculado el mayor (r) Luis Mesías Quiroga. Estos dos detenidos con el teniente coronel (r) Carlos Pérez y la exfuncionaria María Alicia Pinzón fueron llevados a audiencia en Cali para imputación de cargos.

Tras el escándalo por la captura de tres exoficiales del Ejército y de una exfuncionaria del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, por ser parte, presuntamente, de una red de interceptaciones ilegales, estos cuatro detenidos en Ipiales, en Nariño, estuvieron este sábado en audiencia de imputación de cargos ante el Juzgado 29 Penal Municipal de control de garantías.

Los capturados, los tenientes coroneles Carlos Andrés Pérez Cardona y Jorge Humberto Salinas Muñoz, así como el mayor retirado Luis Mesías Quiroga Cubillos y la exfuncionaria del Ministerio de las TIC María Alicia Pinzón Montenegro son investigados por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilícita de redes de comunicaciones agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, violación de datos personales agravados, uso de software malicioso agravado y daño informático agravado.

Durante las primeras horas de la audiencia de los cargos imputados por la Fiscalía se legalizaron los operativos de allanamiento a la casa del general en retiro Humberto Guatibonza, en Suba, en Bogotá, y la empresa A & G Seguridad, también en la capital de la República.

En el Valle hubo allanamientos de otras dos viviendas, una en Cali y otra en Jamundí, donde funcionarían las presuntas empresas de seguridad y comunicaciones investigadas como 'fachada', según la Fiscalía, de esta 'red ilegal de chuzadas'.

Una de esas empresas es JHS Consultores, fundada y gerenciada por el teniente coronel en retiro Salinas Muñoz.

La empresa JHS Consultores está ubicada en la carrera 36 con calle 6 en Cali. Esta entidad aparece como una firma integrada por personal en retiro de las Fuerzas Armadas de Colombia, y sus integrantes se han catalogado como expertos en asesoría para contrarrestar delitos trasnacionales relacionados con secuestro, extorsión, narcotráfico, tráfico de armas y terrorismo”.

En el campo empresarial investigaban temas de seguridad empresarial y corporativa como son la deslealtad laboral, el hurto, desfalcos, fuga de información, sabotajes, piratería terrestre, competencia desleal, espionaje, delitos informáticos, vulnerabilidad de comunicaciones y redes sociales.

JHS Consultores también asesora a nivel corporativo en riesgos empresariales que afecten la continuidad del negocio. Además ofrece en su portafolio dar asesorías en temas de seguridad personal, análisis de riesgos personales, estudios de seguridad, análisis financieros y riesgo de lavado de activos.

Una de esas empresas es JHS Consultores, fundada y gerenciada por el teniente coronel en retiro Salinas Muñoz.

En la hoja de vida del coronel Salinas consta que tiene 26 años de experiencia y estuvo trabajando con la firma HG Consultorias SAS, del mayor general en retiro Humberto Guatibonza de la Policía Nacional. El coronel Salinas también se desempeñó como mánager en seguridad en Quarkcom SAS, durante un año y 10 meses, desde 2016.

Salinas es magíster en inteligencia estratégica y prospectiva. Esta maestría la cursó entre 2010 y 2013 en la Universidad Jaume I, en Barcelona, en España. Además es especialista en defensa y seguridad nacional, administración y gestión empresarial, de la Escuela Superior de Guerra. Así mismo, es experto en análisis de inteligencia para operaciones especiales antiterrorismo. Salinas también se desempeñó en el Ejército como asesor en operaciones de inteligencia, y consultor y analista de riesgos empresariales, seguridad física y ciberseguridad. Hizo un curso en la Universidad Autónoma de Bucaramanga sobre leyes internacionales de conflictos armados y Derecho Internacional Humanitario, en el 2007.

Así mismo, por dos años, Salinas fue jefe de seguridad en Ferrocarril del Pacífico.

Con respecto al teniente coronel Pérez Cardona fue comandante del Grupo Mecanizado Número 3 General José María Cabal en Ipiales, en diciembre de 2015, en reemplazo del teniente coronel Carlos Alfredo Castro Pinzón. Cardona estuvo al mando de esa unidad durante 15 meses.

El coronel en retiro estuvo en 2010 como oficial de operaciones y en un corto tiempo como segundo comandante y ejecutivo del Grupo Cabal en Ipiales. Pérez Cardona fue llamado por el Ejército a calificar servicios en marzo del año pasado. Luego se vinculó hasta mediados de este 2018 como asesor de seguridad en la Alcaldía de Ipiales.

En el caso del mayor retirado Quiroga Cubillos, el exoficial nació en Aipe, en Huila y se desempeñó desde el primero de enero de 2017 hasta este año como coordinador nacional de proyectos en JHS Consultores. La Fiscalía lo vinculó a una investigación en el 2013, año en el que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía lo capturó en Valledupar, cuando estaba activo en el Ejército y a siete soldados profesionales por el homicidio de tres personas, el 20 de marzo de 2004 en la ranchería Cache-Cache, en Albania, en Guajira. Las víctimas de ese entonces fueron identificadas como Camilo Polanco Ipuhana, Abraham Iguarán Iguarán y David Uriana Ipuhana.

En cuanto a María Alicia Pinzón Montenegro, la Fiscalía la señaló como exfuncionaria del Mintic, "quien era la supuesta ‘hacker’ que habría sido contratada para el robo de información".

La Fiscalía reiteró que las investigaciones establecieron que para el efecto, la fachada de la presunta 'red de chuazadas' utilizada serían dos empresas en Cali; mientras que el centro de operaciones criminales estaba en Ipiales, en Nariño, y desde allí se habría acopiado información de inteligencia sobre movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y sus familiares, y otras personalidades nacionales e internacionales. "El portafolio ilegal de servicios era ofrecido a entidades del Estado y particulares. Publicitaban su capacidad de interceptar comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea. La red delincuencial cobraba al menos tres millones de pesos por cada actividad ilícita", indicó la Fiscalía.

Cali, EL TIEMPO

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