El expediente contra 10 EPS condenadas por recobros irregulares al Fosyga - Investigación - Justicia - ELTIEMPO.COM
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El expediente contra 10 EPS por recobros irregulares al Fosyga

Según Contraloría, recobraron al entonces Fosyga medicamentos y tratamientos incluidos en el POS.

medicinas

La Contraloría afirmó que hicieron recobros de medicinas, tratamientos y procedimientos que estaban incluidos en el POS y debían ser asumidos por las EPS. 

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123RF

Por: JUSTICIA
24 de octubre 2018 , 11:35 p.m.

En una decisión de 128 páginas la Contraloría General documentó cómo 10 de las EPS más reconocidas del país hicieron recobros irregulares al entonces denominado Fosyga, de procedimientos y medicamentos que estaban incluidos en el que se denominaba Plan Obligatorio de Salud (POS), que incluía una lista de beneficios para los usuarios que debían ser asumidos por esas entidades. 

La Contraloría condenó en primera instancia a estas 10 EPS a pagar casi 1.000 millones de pesos por los recobros irregulares, pues para poder realizarlos los cobraron como productos que no estaban incluidos en el POS, pero que realmente sí hacían parte del plan que les corresponde brindar.

Esto porque los tratamientos y medicinas que estaban en el POS (hoy Plan de Beneficios de Salud) se pagan con los dineros que el Estado les transfiere por su número de afiliados, recursos que vienen de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, de lo que se les descuenta por salud, cada mes, a todos los colombianos.

Fuentes de la Contraloría afirman que el proceso se inició por un presunto detrimento de 1.500 millones de pesos. Pero en medio de la investigación, varias EPS pagaron parte del dinero que debían considerando que, en efecto, habían hecho recobros por elementos que estaban incluidos en el POS.

Según el proceso, la condena en primera instancia se dio contra Aliansalud por un detrimento de 136 millones; Coomeva, por 39 millones; Famisanar, por 78 millones; Salud Total EPS, por 268 millones; Sura, por 119 millones; la extinta Saludcoop, por 76 millones; Cruz Blanca, por 9 millones; Cafesalud, por 60 millones; Sanitas EPS, por 129 millones de pesos; y Comfenalco Antioquia, por 6 millones de pesos.

La Contraloría dijo que en esas irregularidades las EPS mencionadas tuvieron “culpa grave, pues desconocieron las resoluciones y acuerdos que regulaban el cubrimiento del plan de beneficios del POS para la época que se investigó en este proceso”.

Esa falta, dice la Contraloría, se dio porque las EPS contrariaron “los deberes de prudencia y cuidado, encontrando en este caso que, como se indicó desde la imputación de responsabilidad fiscal, en cada uno de los recobros que se constituyen en daño patrimonial, se señaló de manera clara la resolución o acuerdo que establecía, para la época que se investigó, la calidad de medicamento, insumo o procedimiento perteneciente al POS, con lo cual se acredita de manera clara y contundente la ausencia de cuidado requerido en el trámite de recobros ante el Fosyga”.

La investigación se inició en la Contraloría por una denuncia de la Superintendencia de Industria y Comercio en el 2014. Así fue como en marzo del 2017 la Contraloría le envió el caso a un despacho para que investigara.

En febrero del 2018 la Contraloría les imputó cargos fiscales considerando que “con desconocimiento de las normas que regían el plan de beneficios del POS para la época investigada, efectuaron recobros y recibieron el pago de los mismos, en los que se incluyeron medicamentos, insumos y procedimientos que hacían parte de dicho plan de beneficios".

Según la Contraloría, los pagos que recibieron del Fosyga en el 2009 no debieron ser girados. "Varios de ellos, como se indicó en el acápite del daño, corresponden a conceptos incluidos en el POS, es decir, que estaban cubiertos con los recursos que dichas EPS recibieron por concepto de UPC; sin embargo, los recobraron ante el Fosyga, con lo cual transgredieron las normas que regulan la financiación del POS, generando así un detrimento patrimonial", dijo la Contraloría.

El 8 de junio del 2018 fueron desvinculadas diferentes organizaciones del proceso porque tras la imputación, "acreditaron el pago total del daño por el cual se les formuló la imputación". Estas instituciones son Servicio Occidental de Salud, la Caja de Compensación Familiar Compensar y la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca.

En el proceso, representantes de diferentes EPS como Edison Barrios Vivas, quien en la época representaba a Coomeva, afirmó que los problemas se dieron porque en la época existía una discusión sobre "la falta de claridad, precisión y actualización técnico-científica del Plan Obligatorio de Salud", lo que a su juicio creó unas zonas grises del POS.

Lo mismo dijo Henry Grandas Olarte, gerente general de Famisanar en la época de los hechos, y quien aseguró que esas "zonas grises" llevaron a que en su momento se expidiera un acuerdo que "aclaró y corrigió los vacíos que se tenían en el POS", que según él se presentaba por su desactualización, "la falta de claridad en las normas, la inexistencia de una codificación única y obligatoria de insumos y medicamentos, problemas de información para el cálculo de la UPC", entre otros problemas.

Sin embargo, la Contraloría niega esos argumentos y zonas grises, y afirma que para la época de los hechos en los que se hicieron los recobros (2007, 2008 y 2009) existía “suficiente regulación en cuanto a los medicamentos, insumos o procedimientos incluidos en el POS” por lo que esa “regulación normativa debió ser de pleno conocimiento de los representantes de las EPS que se vincularon a este proceso”.

De acuerdo con Acemi, institución que agrupa a varias EPS del país, el proceso que había iniciado la Contraloría era por 1,8 billones de pesos, es decir que se pudo “corroborar que el 99% de los recobros presentados y pagados por el ministerio de salud Fosyga en el 2009, estuvieron presentados de acuerdo con las normas vigentes”.

Medidas cautelares

Dentro de la investigación, la Contraloría General ordenó medidas cautelares el pasado 7 de septiembre sobre cuentas y bienes de las EPS y de quienes eran sus representantes legales, con el fin de que se pueda dar un resarcimiento sobre el daño patrimonial causado.

Si las EPS llegaran a pagar el dinero que deben antes de que se confirme el fallo de segunda instancia, no serían declaradas responsables fiscales por lo que no harían parte del boletín que les impide a quienes son condenados por el manejo irregular de recursos, contratar con el Estado.

JUSTICIA

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