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Investigación

En un año se robaron 32,8 millones de raciones de comida del PAE

Para el próximo año, la Gobernación de Antioquia esperaba 60.000 millones para el programa, pero solo aportarán 30.000 millones de pesos según el Gobernador.

Para el próximo año, la Gobernación de Antioquia esperaba 60.000 millones para el programa, pero solo aportarán 30.000 millones de pesos según el Gobernador.

Foto:Esneyder Gutiérrez

Contraloría denunció tres nuevos casos de desfalco en la alimentación de los estudiantes más pobres.

El suspendido alcalde de Cartagena Manuel Vicente Duque Vásquez –preso desde agosto por cargos de corrupción– acudió de manera irregular a la figura de urgencia manifiesta, que permite saltarse la licitación pública en momentos de crisis, para contratar a dedo a una firma de Nariño a fin de que adelantara en la ciudad el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Mediante esa figura, la Alcaldía celebró en el 2016 dos contratos que suman 23.427 millones de pesos para darles continuidad a los planes de alimentación de los niños más pobres de la ciudad. Esa actuación tuvo el visto bueno de la contralora distrital de Cartagena, Nubia Fontalvo, hoy también presa por irregularidades en su elección.
Con el decreto firmado el 8 del abril del 2016, Duque contrató –sin tener que dar una justificación– a la Fundación Red Colombiana de Comercialización y Desarrollo Comunitario (Redcom), entidad sin ánimo de lucro inscrita en la Cámara de Comercio de Pasto, a más de 1.423 kilómetros de la Heroica.
De acuerdo con la Contraloría, ese contrato le ha dejado millonarios sobrecostos a la ciudad, en detrimento de la alimentación de los niños.
El vergonzante caso de Cartagena se suma a nuevas irregularidades que el organismo de control fiscal ha detectado con el PAE, programa que alimenta cada año a 8 millones de niños de todo el país. El contralor general, Edgardo Maya, denunció este martes, durante la rendición de cuentas de su tercer año en el cargo, nuevos casos de desfalco del PAE también en Magdalena y en Amazonas. En total, el año pasado no se entregaron 32,8 millones de raciones y hubo pérdida de recursos por 32.951 millones de pesos en 17 departamentos.
En Cartagena se encontró, por ejemplo, que mientras el contratista cobraba en un mes cada pechuga de pollo a 7.000 pesos, en el mes siguiente facturaba la misma pechuga por 40.000 pesos. Además, a la fundación de Nariño se le pagaron 40 millones de pesos por 2.824 kilos de canela (14.164 cada kilo) que nunca llegaron a las cocinas escolares. “Así quedó comprobado porque la canela no figura en las actas de entrega de ninguna de las instituciones educativas, ni tampoco figura como ingrediente de ninguno de los complementos alimentarios contratados”, dice la investigación, conocida por EL TIEMPO.
El contratista también cobró por 2,6 millones de panes (cada uno a 400 pesos) de los cuales por lo menos un millón de raciones (que equivalen a 426 millones de pesos) no aparecen, pues nunca fueron entregadas a los estudiantes, según los certificados de la Secretaría de Educación.
Y mientras los sobrecostos se mantienen, en Cartagena la cobertura de la
alimentación escolar es apenas del 58 por ciento, muy por debajo de otras regiones como Chocó o Montería, en las cuales se supera el 80 por ciento.

Otros escándalos

Durante la administración de la gobernadora Rosa Cotes Vives, en Magdalena, hubo irregularidades en el PAE que generaron un presunto detrimento patrimonial por más de $ 3.181 millones de pesos. Una auditoría de la Contraloría determinó que, tras firmar un contrato el 12 de agosto del año pasado, el departamento “pagó almuerzos por encima de lo determinado en los estudios de mercado”, pues mientras contrató cada almuerzo por 2.300 pesos, terminó pagando cada uno a 2.900 pesos.
Además, en el primer semestre del año pasado, el departamento pagó por almuerzos que en realidad no se entregaron por 44 días. En ese tiempo, los niños dejaron de recibir 4,9 millones de complementos alimentarios.
En el departamento, la Contraloría también evidenció que se contrató de manera directa a la Corporación Gestión de Recursos Social y Humano (Gers) por más de 17.000 millones de pesos, a través de un convenio de asociación. Esta ONG es la misma que se ha venido quedando año tras año con contratos en el departamento, a pesar de que en marzo del año pasado, a través de las redes sociales, se hizo viral un video en el que se veía cómo los alimentos que suministra a los niños eran una papa partida por la mitad y una porción mínima de pollo.
La Contraloría asegura que el nuevo negocio que le entregaron tenía que haber pasado por una licitación, ya que los convenios solo se pueden firmar con “asociaciones exclusivas de entidades públicas”, y la ONG Gers no forma parte de la estructura del Estado.
En el contrato, además, se encontró que mientras la ONG se comprometió a darles a los niños, por ejemplo, leche de vaca en polvo entera, en realidad les dio una mezcla láctea en polvo a base de leche y lactosuero. “Se incurrió en una presunta irregularidad al suministrar un subproducto de la leche para los menores beneficiarios del PAE, producto que según el registro no es leche y, por ende, no tiene la composición nutricional de la leche”, dice el informe.
Y en el Amazonas, la Contraloría denunció gastos escandalosos como el pago a los contratistas de 900 pesos por cada huevo. En ese departamento se abrió un proceso fiscal contra el suspendido gobernador Manuel Antonio Carebilla por $297 millones.
En Amazonas, en total, en el 2016 hubo pérdidas que suman 527 millones de pesos por un convenio con la fundación sin ánimo de lucro Isla Korea del Amazonas, en donde se cobró cada ración a 4.005 pesos, pese a que meses antes había cobrado por el mismo servicio 1.984 pesos por ración.
Además, en otro contrato se encontró que se pagó por cada 15 kilos de mantequilla 110.500 pesos, cuando el contratista la adquirió a 65.000 pesos.
“Son apenas tres casos de muchos otros, para dejar claro que desde la Contraloría no vamos a dejar que se sigan robando los recursos para la alimentación de los niños”, dijo este martes el Contralor.
Ante las denuncias, el Ministerio de Educación aseguró que este año ha realizado 733 visitas de seguimiento y verificación a instituciones educativas, y 468 visitas de asistencia técnica. “El ministerio viene trabajando conjuntamente con alcaldías y gobernaciones en propuestas para hacer un uso más eficiente de los recursos”, afirmó.
MILENA SARRALDE DUQUE
REDACCIÓN JUSTICIA
@MSarralde
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