Investigación

105 demandas tiene el Estado por no proteger a líderes sociales

En total, los recursos presentados equivalen a 206.463 millones de pesos.

Si confiesan, verdugos de líderes sociales recibirán beneficios

De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo 282 líderes sociales fueron asesinados entre enero del 2016 y febrero del 2018.

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Mauricio León / EL TIEMPO

23 de julio 2018 , 09:00 p.m.

206.463 millones de pesos tendría que pagar el Estado colombiano por los daños causados a líderes sociales y defensores de derechos humanos a los que se les negaron o retiraron esquemas de protección.

Así lo reveló un estudio de la Contraloría realizado entre 2015 y 2017, en el que el ente de control aseguró que se han interpuesto 105 demandas contra la Nación por este tipo de hechos.

De esos recursos, 62 fueron interpuestos contra el liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por un valor que asciende a los $ 125.906,07 millones, y los otros 43 fueron interpuestos contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de brindar los esquemas de seguridad. Las demandas contra la UNP están por $ 80.557,21 millones.

Además, contra la Unidad se presentaron, durante el periodo estudiado, otras 403 acciones de tutela, de las cuales 176 impartieron órdenes cuya implementación ascendió a $ 19.164 millones. Esto, de acuerdo con la Contraloría, representa el 2 por ciento del total de los recursos de esa entidad.

A pesar del esfuerzo presupuestal del Gobierno Nacional, las acciones ejecutadas han sido insuficientes para brindar esquemas de protección a personas amenazadas, valoradas con riesgo extraordinario y extremo, como líderes y activistas sociales” fue una de las conclusiones de la Contraloría.

De acuerdo con la entidad, entre 2015 y 2017 se dedicaron $ 978.295 millones a medidas en pro de personas amenazadas, lo que representa el 61 por ciento de los recursos invertidos en esquemas de seguridad. El otro 39 por ciento, $ 618.307 millones, se invirtió para protección a personas “en virtud de cargos o dignidades”.

En el estudio además se establece que aunque se “apreciaron” los esfuerzos económicos para frenar la situación, “no impidió que se presentaran 24 atentados que produjeron 13 muertos y 8 personas heridas, sin contar con los líderes y activistas que no contaron con algún tipo de medida especial de protección”.

Es por eso que el contralor general, Edgardo Maya Villazón, llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer los esquemas de protección y de establecer como una política pública la seguridad de líderes y defensores de derechos.

Esto teniendo especialmente en cuenta las cifras de la Defensoría del Pueblo que reportan la muerte de 282 líderes sociales entre enero del 2016 y febrero del 2018.

Para la Contraloría “son múltiples los factores que inciden en la continua vulneración del derecho a la vida e integridad”, lo que exige “avanzar en mecanismos de prevención, control y judicialización”.

JUSTICIA @JusticiaET

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