Investigación

Demandas al Estado por muertes de líderes pasan los $200 mil millones

Contraloría realizó un estudio sectorial en el tema. Dice que se necesita una política de Estado.

Líderes Sociales

Se dio una 'velatón' en el país para rechazar los asesinatos de líderes sociales.

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Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

23 de julio 2018 , 08:31 p.m.

105 demandas afronta hoy el Estado por la posible omisión en la protección de líderes sociales en el país. Así lo reveló este lunes la Contraloría General, que aseguró que las pretensiones de ascienden a los $206.463 millones

Las demandas fueron presentadas por hechos relacionados con el daño causado a  personas a las que "les fue negado o retirado esquemas de protección, tales como líderes comunitarios y defensores de derechos humanos", dice la Contraloría. 

"De acuerdo con información suministrada por la UNP, 43 de estos medios de control de reparación directa fueron interpuestos directamente contra esta entidad, por $80.557,21 millones, y en los 62 restantes la entidad demandada fue el liquidado DAS, por $125.906,07 millones", dice la entidad.

De acuerdo con el contralor Edgardo Maya Villazón, lo que hay que hacer es crear una política de Estado, pues las labores para proteger a los líderes han sido insuficientes. 

Según el estudio de la entidad, entre 2015 y 2017 "se dedicaron $978.295 millones a medidas en pro de personas amenazadas", sin embargo las cifras de la Defensoría del Pueblo revelan que entre enero de 2016 y febrero de 2018 se reportaron 282 muertes de líderes sociales.

El estudio concluye en que las acciones ejecutadas por el Estado "han sido insuficientes" para proteger a personas "valoradas con riesgo extraordinario y extremo, como líderes y activistas sociales". Es por eso que la Contraloría llamó la atención sobre la necesidad de "fortalecer medidas de prevención y coberturas colectivas a esta población"

"Entre 2015 y 2017 se destinaron $1.71 billones para implementación de esquemas de protección, de los cuales 61% ($978.295 millones) se dedicaron a medidas en pro de personas amenazadas, frente a los $618.307 millones (39%) orientados a esquemas en virtud de cargos o dignidades", dice la investigación. 

Y añade que "en los 2 años que cubre el estudio, se apreciaron esfuerzos económicos para garantizar la seguridad de las personas con mayores riesgos, lo que no impidió que se presentaran 24 atentados que produjeron 13 muertos y 8 personas heridas, sin contar con los líderes y activistas que no contaron con algún tipo de medida especial de protección". 

En cuanto a la protección de los exmiembros de las Farc, la Contraloría aseguró que se han invertido, en 123 esquemas,  $4.815 millones mensuales. 

JUSTICIA 

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