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Investigación

Defensa de Petro recusa a contralor que investiga recompra de TGI

El exalcalde Gustavo Petro y el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados.

El exalcalde Gustavo Petro y el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados.

Foto:Juan Diego buitrago - Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Petición se da tras orden de imputarle cargos fiscales a exalcalde por acciones de transportadora.

Dagoberto Quiroga, apoderado del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, recusó al contralor de Bogotá Juan Carlos Granados.
Tal como lo reveló EL TIEMPO, Petro y la entonces gerente de la EEB Sandra Fonseca deberán responder por un detrimento de 279 millones de dólares.
La razón: el 31,9 por ciento de las acciones habían sido vendidas por la EEB en 2011 por 400 millones de dólares y fueron recompradas en 2014 por 880 millones de dólares.
Pero el abogado Quiroga argumenta que “para llegar a estas decisiones se recurrió a artificios jurídicos mediante una caprichosa y aberrante adecuación de la norma (...) con la intención ostensible de interferir en la carrera política de Petro”.

Contralor ‘ad hoc’

Según Quiroga, el contralor Granados no es imparcial dentro del caso y, además, busca afectar la subsistencia de Petro con las medidas de embargo decretadas a sus bienes.
“El doctor Granados fue seleccionado gracias al apoyo recibido por Cambio Radical, lo cual no ofrece garantías de independencia del investigador (...) no está bien que se utilicen los cargos públicos para vulnerar los derechos de los adversarios”, agrega el defensor del exalcalde.
En total, las acciones contra Petro lo obligan a responder por cerca de un billón de pesos.
Por eso, Quiroga le pidió al procurador general, Fernando Carrillo, estudiar el caso, aceptar la recusación (para apartarlo del caso) y nombrar un contralor ad hoc.

Según Quiroga, el contralor Granados no es imparcial dentro del caso y, además, busca afectar la subsistencia de Petro con las medidas de embargo decretadas a sus bienes

¿Qué dice el expediente?

No obstante, según el director de responsabilidad fiscal de la Contraloría, Mauricio Barón, la imputación se basa en tres hechos: la aplicación de un modelo equivocado para establecer el valor de las acciones, el uso de una tasa de descuento del 7 por ciento que elevó el precio final y permitir que los vendedores de las acciones cobraran dividendos antes de vendérselas a la EEB.
Pero, voceros de Sumatoria, la banca de inversión que estableció el rango del valor que se podría pagar por las acciones, dicen que se ratifican en el modelo aplicado y que los resultados operacionales de TGI les dan la razón.
“La metodología fue rigurosa y estricta y partió de una lectura correcta de la realidad del mercado potencial de compradores y de la coyuntura macroeconómica”, dijeron en entrevista con este diario.
En las próximas semanas se sabrá si el procurador Carrillo acoge los argumentos de Dagoberto Quiroga y ordena que un contralor ad hoc se haga cargo del polémico caso.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
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