Corte ordena audiencias en revocatoria de Enrique Peñalosa - Investigación - Justicia - ELTIEMPO.COM
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Enrique Peñalosa gana 'round' en proceso de revocatoria

Corte Constitucional ordena que se realicen audiencias para que el alcalde de Bogotá se defienda.

Enrique Peñalosa

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

Foto:

Cortesía Alcaldía de Bogotá

09 de agosto 2018 , 08:02 p.m.

La Corte Constitucional le dio la razón al alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa en la tutela que entabló contra la decisión del Consejo Nacional Electoral que permitió el año pasado la inscripción de tres campañas que pretendían la revocatoria de su mandato, y ordenó la realización de nuevas audiencias en las que el mandatario pueda controvertir los argumentos de los promotores de su salida del cargo.

En su recurso, el Alcalde Mayor sostenía que le había vulnerado sus derechos al debido proceso, de defensa y a ser elegido. También dijo que se violaba su derecho a la representación efectiva de los 903.764 bogotanos que respaldaron su elección.

Esto, al omitir "dar cumplimiento al deber impuesto en la Carta Política de reglamentar la actividad electoral y establecer reglas en las actuaciones administrativas que resuelven las iniciativas ciudadanas para promover la revocatoria de mandato de los alcaldes".

Esta situación, según la tutela, "permitió la inscripción de tres campañas de revocatoria del mandato, sin constatar que la exposición de motivos estuviera soportada en elementos probatorios que permitieran establecer el incumplimiento de su plan de gobierno".

La Corte advirtió que "la revocatoria del mandato es un mecanismo de participación estrechamente vinculado al instituto del voto programático, puesto que es a partir de la verificación del incumplimiento del programa de gobierno que se logra un criterio objetivo que sustenta la insatisfacción de la ciudadanía".

La revocatoria del mandato debe estar fundada en la exposición de razones objetivas que den cuenta del incumplimiento del plan del gobierno

"En ese sentido -agrega- la revocatoria del mandato supone una sanción por el incumplimiento del mandato conferido por los electores y, en esa medida, no puede convertirse en un instrumento para desconocer la decisión popular que eligió al Alcalde o Gobernador, ni menos en una vía para reeditar el debate electoral concluido con la designación del mandatario local.

Por ende, la revocatoria del mandato debe estar fundada en la exposición de razones objetivas que den cuenta del incumplimiento del plan del gobierno o la acreditación de la insatisfacción general de la ciudadanía. Para ello, debe estarse ante la presencia de hechos igualmente objetivos y expresos, que sustenten las causales de revocatoria y que sean debidamente conocidos tanto por los ciudadanos como por el mandatario elegido".

Los magistrados ordenaron al Congreso que reglamenten el asunto "toda vez que las causales son generales e imprecisas y no existe un procedimiento especial que proteja otros derechos fundamentales" y dice que, a futuro, las audiencias deben llevarse a cabo "con posterioridad a la inscripción" de los comités promotores de la revocatoria pero antes del inicio de la recolección de firmas. Lo que esto supone es que la sola recolección de firmas, como ocurrió en el caso de Peñalosa, no es una autopista directa a una votación de revocatoria.

"El ejercicio de la revocatoria del mandato debe estar precedido tanto del conocimiento suficiente para los ciudadanos y el mandatario local de las razones que sustentan la iniciativa, como de la existencia de instancias de defensa para el elegido, quien tiene el derecho subjetivo de controvertir las razones mencionadas. Esto como paso previo al pronunciamiento popular", dice la Corte.

Y agrega que las revocatorias deben cumplir con dos presupuestos básicos: "el derecho a la información y el derecho de defensa, componente del debido proceso administrativo. Esto significa que los ciudadanos y el elegido tienen el derecho a conocer las razones que motivan la solicitud de revocatoria y a defenderse y controvertir sobre ellas. Los primeros, con el fin de informarse suficientemente sobre las causales que motivan el mecanismo de participación popular y de esta manera lograr su consentimiento informado, lo cual es un presupuesto para la genuina deliberación democrática. El segundo, a efectos de controvertir los motivos que sustentan la iniciativa y, de esta manera, lograr que su derecho de defensa sea eficaz".

Dice el comunicado de la Corte que "al momento en que se dio trámite a las iniciativas de revocatoria del mandato contra el Alcalde Peñalosa Londoño, no existía en el ordenamiento jurídico una norma de rango legal que estableciese la instancia de controversia de las razones que sustentaban las iniciativas, ni tampoco un deber preciso de información al electorado. Sin embargo, la Registraduría Nacional del Estado Civil omitió su deber constitucional de dar eficacia a los derechos de información y de defensa en el trámite de los procesos de revocatoria. Por ende, es necesario proteger estas garantías conculcadas al Alcalde Mayor, a través de la previsión de instancias públicas para que pueda controvertir las razones que sustentan las iniciativas".

El magistrado Luis Guillermo Guerrero salvó parcialmente el voto porque consideró que "la Corte debió haber avanzado en el señalamiento de las condiciones que permiten dar por acreditados los presupuestos que fundamentan una solicitud de revocatoria del mandato" para evitar que el electorado termine manipulado en este tipo de procesos por simples razones políticas y no objetivas.

JUSTICIA
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