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Investigación

Corridori pierde demanda con la que buscaba millonaria indemnización

Alessandro Corridori y Claudia Jaramillo son algunos de los investigados.

Alessandro Corridori y Claudia Jaramillo son algunos de los investigados.

Foto:Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

Pedía más de $ 107 mil millones por supuestas fallas de Fogafín en liquidación de Interbolsa.

El polémico inversionista italiano Alessandro Corridori no solo no recibirá los más de 107 mil millones de pesos que pretendía como indemnización por supuestos daños causados por Fogafín sino que ahora tendrá que pagar 100 millones de pesos para cubrir los gastos judiciales en los que incurrió la entidad por él demandada durante el proceso.
Esa fue la decisión que tomó el tribunal Administrativo de Cundinamarca el pasado 14 de marzo luego de estudiar la demanda de reparación directa instaurada por Corridori con la que buscaba que se declarara “judicialmente responsable al Fondo de garantías de instituciones financieras, Fogafín”, por supuestamente haber incumplido su deber de supervisar y hacerle seguimiento al agente liquidador asignado para Interbolsa, algo que, de acuerdo con la reclamación, lo afectó significativamente.
En la demanda, Corridori argumentaba que Fogafín era responsable “por las acciones desarrolladas por Interbolsa, por no haber hecho el debido seguimiento de las actividades del liquidador y, por el contrario, permitido o consentido la liquidación de operaciones incumplidas sobre Fabricato”.
La sala destaca frente a las acciones de Fabricato que “debido a la gravedad de los hechos” que llevaron a la liquidación de Interbolsa, la Superfinanciera “de forma oficiosa expidió instrucciones sobre la forma cómo debían negociarse las acciones en el mercado por parte de la bolsa de valores de Colombia” por lo cual aunque se alegue que se negociaron por debajo del valor que debía ser, dice el tribunal, las medidas fueron supervisadas no solo por el Fogafín sino por la misma Superfinanciera. También reitera que las condiciones del mercado y la credibilidad de la empresa fueron las razones para que los precios cayeran.
El tribunal concluyó que si bien una entidad nominadora puede ser responsable de actos de la nominada, “se debe analizar cada caso concreto”. Asegura que si bien Fogafín nombraba al agente liquidador de Interbolsa, “las facultades del liquidador están totalmente regladas así como la responsabilidad de sus actos se caracteriza por ser independiente de quién ejerció como nominador”. En consecuencia concluyó que “no se encuentra demostrado en el presente caso la falla en el servicio que se pretendía imputar al Fogafín”.
Pese a que Corridori fue señalado por la Fiscalía como uno de los cerebros del descalabro de Interbolsa, el proceso en su contra no avanza; de hecho, el cargo de administración desleal agravada que se le imputó, ya prescribió. Corridori todavía podría responder en juicio por manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores y emisores.
Corridori ya perdió otras demandas contra el Estado. En septiembre del 2018, el Consejo de Estado ratificó un fallo que negó una indemnización millonaria por cuenta de supuestas fallas en las que había incurrido la Superintendencia Financiera cuando intervino a Interbolsa. Corridori pedía más de 180 mil millones de pesos. 

El proceso contra Corridori

El pasado 20 de febrero de 2013, la Superintendencia Financiera le notificó la apertura de investigación a Alessandro Corridori, por, posiblemente, haber inflado de manera fraudulenta el precio de la acción de Fabricato en un 214 por ciento.
La Fiscalía le había imputado a Corridori en noviembre de 2013 cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, “por organizar y fomentar la organización llamada 'grupo Corridori' en calidad de autor, manipulación de especies agravada, administración desleal agravada en calidad de interviniente, todas a título de dolo y agravadas".
La Fiscalía afirmó que "los elementos materiales probatorios" era "suficientes para imputar los cargos, porque Corridori pertenecía a un grupo de interés común, de lazos familiares, donde se venían haciendo operaciones fraudulentas".
El ente acusador imputó los delitos a Alessandro Corridori argumentando que "operaba como representante legal y vocero de sus empresas. Él desde sus oficinas meneaba las operaciones ilegales de compra y venta (...) todos los hechos eran conocidos por los altos directivos de Interbolsa".
Así mismo, la Fiscalía estableció que para el año de 2011 las operaciones en la bolsa tenían una variación negativa del 18 por ciento y "lo extraño era que las acciones de Fabricato subían, afectando la libre formación de la empresa".
Además aseguró que "el grupo Corridori fue quien manipuló el precio de las acciones de Fabricato".
En diciembre de 2013, la jueza 64 con función de control de garantías envió a prisión a Rodrigo Jaramillo, el presidente de Interbolsa, y a Alessandro Corridori, el inversionista señalado de fraguar una de las mayores defraudaciones contra el sistema financiero, calculado en 347.000 millones de pesos. Corridori fue enviado a la cárcel de La Picota.
Para esta misma época la Fiscalía anunció el inicio de un segundo frente de investigación: el de un posible lavado de activos a través de la firma, así como una ofensiva para perseguir los bienes que los imputados tenían en el exterior, para tratar de reparar el daño causado a las víctimas del desfalco.
De acuerdo con el expediente, la ruta del fraude estaba en cuatro computadores, mediante los cuales Corridori hacía directamente los movimientos que aparentemente correspondían a inversionistas de Interbolsa.
En enero de 2014 entró a la investigación Miguel Leonardo Gamba Laverde, chofer y mensajero de Alessandro Corridori, por aparecer retirando 135 cheques por $ 52.000 millones que terminarían en una cuenta de la comisionista.
En junio de 2015 la Fiscalía General de la Nación llamó a Alessandro Corridori a un juicio donde el ente acusador presentaría 125 pruebas en su contra. De acuerdo con el ente investigador, desde sus oficinas Corridori habría manipulado las operaciones ilegales de compra y venta de las acciones de Fabricato, empresa de la cual era el mayor accionista.
Un mes después quedó en libertad y desde entonces el proceso no ha tenido grantes avances. 
REDACCIÓN EL TIEMPO
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