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Investigación

Fonade, el motor de desarrollo que terminó como botín político

El reporte llevó a que se hicieran señalamientos sobre un supuesto incremento injustificado de su patrimonio, que fue atribuido a hechos de corrupción.

El reporte llevó a que se hicieran señalamientos sobre un supuesto incremento injustificado de su patrimonio, que fue atribuido a hechos de corrupción.

Foto:Andrea Moreno / Archivo EL TIEMPO

En tres años, el 76 por ciento de convenios que firmó no terminaron a tiempo.

Juan Carlos Rojas
Hace casi 50 años se creó el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), como una institución clave para impulsar las obras que transformarían al país.

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A esa entidad –que, si bien es autónoma, está ligada al Departamento Nacional de Planeación– se le dieron beneficios como estar cobijada por un régimen especial de contratación que es menos exigente que el sistema público. También se la catalogó como una entidad financiera, denominación que aún mantiene a pesar de que desde 1993 no cumple esa tarea.
Así, el papel que el Fonade venía protagonizando como entidad de fomento y desarrollo terminó diluyéndose en el tiempo. Y mientras cada año maneja un presupuesto que supera los 2 billones de pesos, según la Contraloría General, no está cumpliendo con las funciones para las que fue creada.
En cambio, conforme a las denuncias de las autoridades, la institución se ha ido convirtiendo en un fortín burocrático desde el cual se estarían repartiendo cuotas políticas y beneficiando redes de corrupción como la que se gestó en la Corte Suprema de Justicia.
La mala gestión del Fonade quedó en evidencia en dos estudios conocidos en exclusiva por EL TIEMPO, realizados por la Contraloría General, que determinaron que el año pasado esa institución dejó perder más de 20.000 millones de pesos de recursos públicos.
Además, el 76 por ciento de los convenios que firma el Fonade no están siendo terminados a tiempo, lo que pone en tela de juicio qué tan efectivo es para impulsar el desarrollo en las regiones.
La auditoría de la Contraloría expone irregularidades graves relacionadas, por ejemplo, con la entrega de los anticipos a los contratistas. En la evaluación sobre la gestión de la entidad durante el año pasado, el organismo estudió por lo menos 183 contratos en los que se entregaron anticipos por 173.953 millones de pesos. Al terminarse el 2016, según la investigación, aún quedaban pendientes por amortizar (sustentar en qué se usó el dinero) 77.690 millones de pesos, es decir, el 45 por ciento de la plata que entregó el Fonade.
“Se evidencian obras inconclusas, obras cuya ejecución implica periodos de tiempo superiores a los estimados, obras pendientes de entrega y recibo a las entidades territoriales, y recursos otorgados en calidad de anticipo que, aunque no han sido ejecutados o invertidos, se encuentran en poder de contratistas y proveedores”, dice el estudio.
Uno de esos casos es un contrato firmado el 25 de mayo del 2015 con el Consorcio AB-014 para construir la sede de la Escuela Superior de Administración Pública en el Huila. En ese contrato, que finalmente se terminó de manera anticipada, el Fonade alcanzó a pagarle a la firma 2.855 millones de pesos por anticipos y avances de obra, pese a que la obra no se cumplió.
Otro caso irregular es el de la Institución Educativa San Antonio, en Buenaventura, por la que el Fonade pagó 12.200 millones de pesos al Consorcio San Antonio, pese a que la escuela nunca fue concluida. Lo mismo ocurrió con un centro de desarrollo infantil en La Guajira por el que se pagaron 1.129 millones de pesos, pese a que hoy no presta ningún servicio.
La Contraloría también detectó en otro estudio millonarias adiciones a contratos que llevan a que cuesten más del doble, así como una deficiente gestión en los convenios con entidades públicas. El ente de control fiscal asegura que no comprende cómo el Fonade sigue gozando de un régimen especial de contratación, cuando prorroga la mayoría de los convenios que ejecuta, lo que hace que los proyectos no se terminen cuando se los necesita.
Mientras que los recursos sí se giran a los contratistas, el avance de las obras es poco. Así, de 543 convenios que estuvieron vigentes entre el 2011 y el 2016, 415 debían ser terminados antes del 31 de diciembre del año pasado. Sin embargo, solo el 30 por ciento de estos culminaron en el tiempo establecido, y un 30 por ciento tuvieron prórrogas que llevaron a que se demoraran el doble de lo pactado.
Uno de los convenios más cuestionados es el que se firmó para la construcción de infraestructura carcelaria, el cual tuvo 12 adiciones de presupuesto que sumaron 867.687 millones de pesos, lo que elevó su valor 26 veces.
“Si el objetivo principal es el resultado de los proyectos de desarrollo, Fonade no lo cumple, como lo demuestran las continuas prorrogas de los convenios a nivel nacional, así como la cantidad de obras sin culminar a tiempo”, afirmó la Contraloría.

Si el objetivo principal es el resultado de los proyectos de desarrollo, Fonade no lo cumple

La Contraloría también sostiene que la contribución al desarrollo que debería hacer el Fonade hoy en día “depende no de una política definida, sino de un ejercicio puramente comercial, con los convenios o contratos que logre conseguir para gerenciar proyectos de otras entidades públicas”.
¿Por qué los convenios que hace el Fonade no avanzan? En esos pactos hay fallas para obtener permisos, adquirir y legalizar terrenos; persisten líos en los trámites de los contratos, así como fallas en la supervisión e interventoría de las obras.
A esa dramática situación se suma que por lo menos el 84 por ciento de los convenios que hace el Fonade (que suman unos 9,1 billones de pesos) tiene como objetivo la gerencia de proyectos, olvidando que el Plan de Desarrollo 2014-2018 estimó que esa entidad debería enfocarse principalmente en estructurar los proyectos.

Las sombras del Fonade

En los escándalos de corrupción que sacudieron al país este año, el Fonade terminó en la lupa. Según el testimonio del polémico abogado y exfiscal Luis Gustavo Moreno, uno de los exdirectores del Fonade, Alfredo Bula Dumar, quien llegó a la entidad en el 2015, consiguió ese puesto por la intervención de los senadores Miguel Bernardo Elías Vidal y Musa Besaile, capturados por el caso Odebrecht, y del detenido exmagistrado de la Corte Suprema Francisco Javier Ricaurte, capturado por el escándalo de corrupción el alto tribunal.
El primo de Bula Dumar, Gabriel Alejandro Dumar Lora, había sido impulsado inicialmente por el ‘Ñoño’ para quedarse con el Fonade, pero el cargo finalmente fue para su familiar. Dumar Lora terminó vinculado en el caso de Odebrecht por prestar su firma Sion para lavar supuestamente sobornos de la multinacional.
Y la conexión del Fonade con la Corte se encontró cuando entre el 2014 y el 2015 el magistrado Gustavo Malo –señalado de forma parte de la red de corrupción en el alto tribunal– tuvo en su despacho a Carlos Andrés Bula Dumar, hermano del exdirector del Fonade.
En la investigación contra Ricaurte también se encontró que fue asesor de esa entidad, en la cual tuvo contratos por 900 millones de pesos, en la era de Bula.
Mientras las indagaciones continúan, y la Contraloría evalúa los preocupantes hallazgos sobre la deficiente administración del polémico fondo, vale la pena replantear la pregunta que ese organismo le hizo hace una semana al Gobierno: “¿Cuál es el verdadero papel que el Fonade está cumpliendo en el Estado?”.
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