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Investigación

Ante justicia, 15 que se inscribieron a pesar de estar inhabilitados

Juan Carlos Galindo (izq.), registrador nacional, y Néstor Humberto Martínez (der.), fiscal general.

Juan Carlos Galindo (izq.), registrador nacional, y Néstor Humberto Martínez (der.), fiscal general.

Foto:Fiscalía

Por primera vez se aplica posibilidad de sanción a los que aspiran ser elegidos pese a condenas.

Andrea Morante
A una pena de entre dos y cuatro años de cárcel quedaron expuestos 15 aspirantes al Congreso que se inscribieron a pesar de estar inhabilitados por haber sido condenados previamente por delitos comunes. 
Este viernes, en cumplimiento de la nueva ley que pretende cerrarles el paso a los que se hacían elegir sin tener derecho a postularse a las elecciones –lo que llevaba después a engorrosos procesos ante las autoridades electorales y la Procuraduría–, el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que los ocho candidatos al Senado y siete a la Cámara serán escuchados en interrogatorio la próxima semana en el búnker. Una vez cumplida esa diligencia, la Fiscalía decidirá si les cierra el proceso o los cita a imputación de cargos por el delito de tentativa de elección ilícita de candidatos.
“Admite la modalidad de tentativa. Es decir, si se hacen actos para producir el resultado del tipo penal proscrito por la legislación criminal –dijo Martínez Neira– (...) Los actos de tentativa, que para este caso son la mera inscripción estando inhabilitado, constituyen ilícito penal, es la conclusión a la que ha llegado la Fiscalía”.
Los 15 aspirantes citados, que tienen en su contra condenas por delitos penales distintos a hechos de naturaleza política, hacen parte de los partidos o movimientos Somos Colombia (6 personas), Somos (3), Cambio Radical (1), Opción Ciudadana (1) y tres más de los movimientos de negritudes Asociación Colombia Negra Huellas de Africania en Paz y la Asociación Afrocolombiana de Asentamiento Ancestral Municipio de San Pedro (AfroSampedro).
Los candidatos citados a declarar son Alejandro Jesús Herrera Bustillo, Cristian Zuluaga Mosquera, Diego Fernando Ospina Marulanda, Ernesto Daza Sierra, Henry Aristizabal Lago, Luis Alberto Martínez Romero, Luis Alfredo Carvajal Barriga, Luz Adriana Padilla González, Martha Cecilia Vargas Salinas, Mario Miguel Montes Pacheco, Martín Alonso Vega Soto, Moisés Reyes Reyes, Silvano Pinzón Barbosa, Wílmar Hernán Reyes Arismendi y Yaddy Mancera Rodríguez.
En sus expedientes, señalaron fuentes de la Fiscalía, aparecen condenas por delitos como falsedad, inasistencia alimentaria, estafa, hurto calificado, lesiones personales, porte ilegal de armas y fraude procesal. “La decisión de la Fiscalía es actuar en tiempo real; por eso han sido citados a interrogatorio, y la semana siguiente deberá resolverse la situación jurídica de las personas citadas”, indicó Martínez Neira.
La Fiscalía analiza la eventual responsabilidad de los partidos y movimientos que entregaron el aval a las personas citadas a interrogatorio y que también podrían terminar ante los jueces. “Estamos examinando caso por caso para ver si hay compromiso individual de los partidos o de los directores de los partidos”, señaló el funcionario.
En este momento hay 110 investigaciones abiertas por delitos electorales, entre ellos corrupción del sufragante y fraude en inscripción de cédulas. La Fiscalía desplegó un equipo especial de investigadores a la costa Atlántica, desde donde provienen muchas denuncias de posible trasteo de votos.
Este viernes, el registrador Juan Carlos Galindo entregó a la Fiscalía un nuevo paquete de denuncias sobre presuntos casos de corrupción electoral.
En el proceso de inscripción de cédulas que se inició desde el 11 de marzo del año pasado se encontró, por ejemplo, que en regiones donde se multiplicó el número de inscritos es recurrente que grandes grupos de ciudadanos hubieran reportado la misma dirección de residencia.
“Otras personas se inscribieron en varias ocasiones, lo que en principio no está prohibido por la ley, pero son elementos que le van a permitir a la Fiscalía evaluar si hay méritos para investigar posibles delitos”, concluyó Galindo.

Farc: todos, en lista de reinserción

La Fiscalía realizó una inspección judicial a la sede en donde funciona el partido político de la exguerrilla de las Farc y examinó la información de todos sus candidatos.
Hay candidatos que tienen condena penal, pero el acto legislativo habilitó a los reinsertados del proceso de paz”, indicó Martínez Neira.
Añadió que se verificaron las listas de las personas que aspiran al Congreso por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y se encontró que todos están en las listas oficiales de reinsertados. Esto, afirmó el Fiscal, para verificar que todos los inscritos estén cobijados por las disposiciones del proceso de paz frente a los antiguos miembros de la guerrilla.

Más dientes contra la corrupción en campañas electorales

En agosto del año pasado se aprobó la Ley 1864, que incluyó en el Código Penal Colombiano 13 delitos para luchar contra la corrupción en las campañas electorales.
La norma, que fue impulsada por la Fiscalía y el Centro Democrático, tipificó como delito, entre otras acciones, las violaciones a los topes de campañas. Con esto, los gerentes o tesoreros que superen el límite de gastos permitido serán sancionados con cárcel y multas. Las penalidades se extienden también a las empresas, pues tendrán que certificar con soportes contables todos los aportes que hacen a campañas.
Conductas como la compra y venta de votos y la presión al sufragante ya estaban contempladas en el Código Penal, pero la norma endureció las sanciones.
JUSTICIA
Justicia@eltiempo.com
Andrea Morante
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