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Falsa invalidez y otras formas de robarse las pensiones en Colombia

La Fiscalía tiene abiertas investigaciones por la defraudación de 250 mil millones de pesos. 

Colombia mayor

Imagen de referencia. Un gran número de pensionados en el país han sido estafados por redes criminales que prometen asesoría y ayuda en trámites.

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Archivo / EL TIEMPO

Por: Justicia 
29 de octubre 2018 , 09:00 p.m.

Justificando una supuesta condición de enfermedad mental permanente un solo trabajador de una multinacional minera cobró una pensión de invalidez que le representó 233 millones de pesos.

Las certificaciones falsas por enfermedad son solo una de las modalidades que la Fiscalía encontró en el carrusel de pensiones de diferentes redes criminales que lograron defraudar por lo menos 250 mil millones de pesos del sistema pensional.

De acuerdo con las investigaciones del ente acusador, uno de los fraudes más aberrantes se ve representado en las pensiones por invalidez, en donde se presentan documentos falsos para acreditar una enfermedad que no existe.

La Fiscalía determinó la forma cómo abogados, médicos y sicólogos se asociaban para tramitar estos certificados falsos
en los que, dice el fiscal Néstor Humberto Martínez, literalmente “se hacían los locos para robar los ahorros pensionales de los colombianos”.

Por ejemplo en el ‘Caso Frenocomio' -una de las investigaciones abiertas que tiene el ente acusador- dos abogados, cuatro médicos, una psicóloga y varios intermediarios lograron tramitar por lo menos 400 pensiones de empleados de las multinacionales mineras Drummond, Prodeco y Cerrejón. La red iba presentando progresivamente dictámenes que declaraban problemas siquiátricos o enfermedades que iban progresando a medida que trascurría el tiempo.

“Les certificaba un elevado porcentaje de pérdida de la capacidad laboral por enfermedad psiquiátrica o una patología general permanente”, aseguró la Fiscalía.

Antes de ser desarticulada, la red venía tramitando por lo menos otras 150 pensiones en Valledupar, Barranquilla, y Santa Marta. De acuerdo con la investigación la defraudación al sistema pensional de este grupo criminal podría superar los 90 mil millones de pesos sólo en Valledupar (Cesar).

Otro de los grupos organizados encargados de tramitar falsas pensiones de invalidez en Armenia se habría apropiado de por lo menos 1.400 millones de pesos. Allí, dos abogados ofrecían dictámenes supuestamente emitidos por la Junta Médica de Calificación de Invalidez. En este caso el ente acusador les imputó cargos a 21 personas entre las que también están beneficiarios y personas que se hacían pasar como testigos.

A través de las certificaciones falsas las redes criminales también han logrado defraudar el sistema de pensiones a las que tienen derecho las personas que hayan cumplido la edad de jubilación y tengan cotizadas las semanas requeridas. 

La Fiscalía tiene identificados dos casos en los cuales a través de documentos ficticios se tramitaban cientos de solicitudes para obtener la pensión.

En el primero se evidencia cómo dos abogados presentaron en 225 oportunidades certificaciones falsas en las que argumentaban que los que postulaban a jubilarse habían trabajado en la Gobernación del Tolima.

Sin embargo, la investigación determinó que ninguno de los solicitantes laboró en la Gobernación y que inclusive una tendera y un soldado, que aspiraban a la pensión, aseguraron que “no habían trabajado para la entidad y desconocían el proceso que se adelantaba”.

A los abogados, que habrían intentado el pago de 1.000 millones de pesos a través de Colpensiones, se les imputaron los delitos por falsedad material en documento público agravada por el uso, en concurso con fraude procesal y estafa agravada.

Por su parte en la Alcaldía de Cúcuta, Norte de Santander, fueron los mismos funcionarios quienes utilizaron formatos de certificados de información laboral para beneficiar a algunos particulares. La Fiscalía documentó por lo menos 1.200 casos en los que se alteraron los formatos.

Bajo esa modalidad se logró otorgar la pensión a por lo menos once personas. En la red estarían involucrados un exrepresentante a la Cámara y un diputado de Norte de Santander.

La Fiscalía tiene varias investigaciones abiertas sobre el robo de las pensiones en el país. Existen procesos por presentar documentación falsa, otros que dan cuenta de la alteración de los cálculos de semanas cotizadas para acreditar tiempos que en realidad nunca fueron laborados e investigaciones contra jueces que habrían beneficiado a quienes no tienen derecho a la pensión y otras en las que redes organizadas se encargaban de modificar las historias laborales para aumentar semanas de cotización que nunca fueron consignadas al régimen de pensiones.

Inclusive, en una de las investigaciones se relacionan funcionarios de Colpensiones que corregían los documentos y cobraban entre 10 y 100 millones de pesos, dependiendo el monto de la pensión a la que accedían sus clientes.

Así lograron reconocer de manera irregular por lo menos 174 pensiones, lo que habría generado una defraudación de más de 5.100 millones de pesos. Por el hecho fueron capturados 12 funcionarios, entre los que estaría la mujer de lideraba la organización.

Pero, en la defraudación a las pensiones no solo hay quienes sabotean el sistema, sino quienes estafan a los que están a punto de jubilarse o quienes incluso  atentan contra de su vida.

Uno de los casos más absurdos que investiga la Fiscalía tiene que ver con en el asesinato de dos pensionados en los que al parecer tuvieron relación sus abogados para presuntamente apropiarse de 2.000 mil millones de pesos, producto de las demandas relacionadas con las pensiones de los fallecidos.

Estafas a pensionados

En otro de los casos, los delincuentes montaron toda una oficina especializada en el trámite de pensiones, lo que representaba un negocio rentable. Allí llegaron cerca de 100 personas a pedir asesoría.

Los presuntos estafadores ofrecían a sus víctimas la posibilidad de pasar de fondos privados a Colpensiones. De acuerdo con la Fiscalía, “les ofrecían la posibilidad de beneficiarse con el régimen de prima media sin el cumplimiento de los requisitos legales” lo que no era viable, pues estaban a 10 años de lograr la pensión.

Por esta gestión la organización que operaba en Bogotá, Valle del Cauca, Santander, Antioquia y el Eje Catefero, cobraban entre 10 y 15 millones de pesos. En total lograron apropiarse de $1.000´000.000 de pesos.

“Los supuestos abogados radicaban documentos falsos ante Colpensiones, entidad que detectó la irregularidad y negó las solicitudes presentadas. Sin embargo, lograron mantener engañados a los clientes y jamás les devolvieron el dinero”, aseguró el fiscal Martínez.  

Los supuestos abogados radicaban documentos falsos ante Colpensiones (...) Sin embargo, lograron mantener engañados a los clientes y jamás les devolvieron el dinero

Los jueces que habrían favorecido pensiones 

Solo dos de los casos en los que la Fiscalía encontró que jueces fallaron a favor de pensiones que no debían ser reconocidas, representaron una defraudación de por lo menos 139 mil millones de pesos.

El primero de tiene que ver con el reconocimiento de por lo menos 500 tutelas entre 2010 y 2011 a personas que eran excontratistas de Ecopetrol por parte de dos exmagistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta y exjueces laborales. Los favorecidos no tenían derecho a la pensión.

Entre los beneficios estaban no solo las pensiones, sino reintegros ficticios y pago de indemnizaciones de perjuicios inexistentes que en total sumaban 135 mil millones de pesos.

El otro caso tiene está relacionado con una red organizada en el Atlántico, conformada por un juez laboral que fallaba en favor de abogados y tramitadores de pensiones que accedían beneficios a los que no tenían derecho. En total habría ordenado a Colpensiones el pago de 4.500 millones de pesos en pensiones fraudulentas. 

JUSTICIA 

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