Investigación

Más señales para la entrega de ‘clan Úsuga’ a las autoridades

Un grupo de abogados, que media en el proceso de sometimiento, acudió a la Vicepresidencia.

Dairo Antonio Úsuga Otoniel

Dairo Antonio Úsuga ‘Otoniel’, jefe del ‘clan Úsuga’.

Foto:

Archivo particular

17 de julio 2018 , 08:56 p.m.

En poder de un grupo de abogados que median en el proceso de sometimiento del ‘clan Úsugaya está la información sobre las personas que se acogerían a la recién sancionada ley que permite el desmonte colectivo de las organizaciones armadas ilegales que delinquen en el país.

Esos datos, junto con información de su área de influencia, el modo de operación y el número total de integrantes, son claves para avanzar en la firma del acta de sujeción con la que se daría inicio formal al proceso de sometimiento de la banda criminal más grande del país.

De hecho, los abogados se reunieron este martes con altos funcionarios del Gobierno en la sede de la Vicepresidencia, en lo que representa una nueva señal de que el anuncio de hace un año de ‘Otoniel’, en el sentido de querer acogerse a la justicia, iba en serio.

Los voceros del Gobierno y los representantes del clan ya completan varias sesiones de discusión sobre las condiciones en las que se daría la entrega final de los jefes de la organización.

Personas cercanas a esos acercamientos señalaron que hay voluntad de la organización ilegal para dar el paso, hasta el punto de que desde hace semanas vienen trabajando en un documento con toda la información que, según la ley, debe entregarse para el sometimiento.

Esas acciones tienen, según esas fuentes, la bendición del jefe máximo de la banda de ‘los Úsuga’, quien está refugiado en las selvas del nudo de Paramillo, perseguido por 2.000 hombres de la Fuerza Pública.

Las fuentes señalaron que aún no se ha firmado el acta de sujeción ni se ha avanzado en detalles como la zona o la fecha en la que se cumpliría la entrega de los integrantes del grupo, pero reconocieron que la idea es tener un paso concreto, incluso antes de que termine el actual gobierno, dentro de 20 días.

Una vez se dé luz verde a la documentación por parte del Gobierno, toda la información pasará a la Fiscalía y la Procuraduría para iniciar la judicialización de sus integrantes. Simultáneamente se crearía una zona para la concentración de los integrantes de la organización ilegal que van a entregarse a la justicia.

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