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Investigación

Fiscalía legalizó interceptaciones a Roberto Prieto y exasesor de ANI

Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente en el 2014 (der.), llegó a la Fiscalía acompañado de su abogado.

Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente en el 2014 (der.), llegó a la Fiscalía acompañado de su abogado.

Foto:Luisa Gonzalez. / EL TIEMPO

Audios hacen parte de la investigaciones que se adelantan por los sobornos de la firma Odebrecht.

Ante un juez de control de garantías la Fiscalía presentó para legalización la identificación de varios de los números telefónicos que aparecieron en el celular incautado al exsenador Otto Nicolás Bula, el día de su captura.
Entre los números aparece Roberto Prieto y el capturado exasesor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Juan Sebastián Correa Echeverry.
Ellos aparecían entre los contactos de Bula y la Fiscalía explicó que se expidieron órdenes de policía judicial para interceptarlos con el fin de verificar “si esas personas con las que se relacionaba (Bula) tenían alguna relación directa con los hechos que estamos investigando, esto es lo relacionado con el caso Odebrecht”.
En los audios, revelados por 'La W Radio', aparece una conversación de Prieto hablando de la cita entre el empresario antioqueño Andrés Giraldo y Bula en un hotel del norte de Bogotá en donde, según la declaración del exsenador, se entregó un millón de dólares.
“Que cuadré la cita con Andrés Giraldo con Otto Bula, pero hay un testimonio en la Fiscalía de un funcionario de la ANI bajo la gravedad del juramento, dijo que él fue quien lo organizó y eso está en medios, él no me ha podido pescar. Hablan que Otto Bula me dio un millón de dólares y la perra de Vicky Dávila dice ¡extra!, se cuadró la cita Prieto Martorelli y dice que este es el teléfono de Andrés Giraldo para que lo llame a Otto Bula”, se escucha en la grabación sobre una llamada del 8 de marzo a las 11:17 de la mañana.
En otro audio, en el que la Fiscalía relata una llamada del 7 de marzo a los 6:52 p.m., se escucha: “Llama a un sujeto a quien saluda como Alfonso, con quien charla sobre una nota televisiva en el noticiero de RCN a la siete y se refiere a que ya no es en el titular sino en el cuerpo del programa porque no sale nada nuevo. Le pregunta que sensación tiene sobre la investigación en el Consejo Nacional Electoral. El emisor indica que hará una valoración, llamarán a todos los tres miembros de la campaña, harán una nueva ponencia de acuerdo a ella pasará a la sala. El interlocutor le indica que tiene mucha fe de que el contrato por si solo se defiende. Le indica u opina que lo importante era que soltaran el contrato como es, porque él periodísticamente no vende nada y de ahí no pasa. Menciona que la magistrada no puede inferir más, que fue un contrato entre empresas privadas”.
La Fiscalía legalizó los audios al considerar que guardan relación con la investigación que se adelanta.
El ente acusador indicó durante la audiencia que el funcionario de policía judicial encargado del caso señaló que en el celular interceptado “se hace referencia a una persona que se identifica como Prieto y los mensajes de texto también dan cuenta que lo usa esa persona con el nombre de Prieto”.
Incluso se documentó que el abonado del celular “se comunica con una persona de nombre Claudia y le da instrucciones para que le cambie el número telefónico sin que le cambie la Sim Card. Con esa misma Sim Card esa persona le informa que se le cambió el número de celular y es cuando el 15 de marzo de 2017 aparece la misma Sim Card”.
Otro de los teléfonos interceptados resultó ser el del exasesor de la ANI, Juan Sebastian Correa Echeverry, enviado a la cárcel Modelo en las últimas horas.
“La persona que se comunica a través de la línea celular la identifican y le dejan mensajes como el doctor Correa y en una oportunidad lo identificaron con su nombre completo como Juan Sebastián Correa. Información que es de interés para el proceso porque esta persona trabaja en la ANI y se relaciona con la investigación que estamos adelantando”, señaló la fiscal encargada de la legalización de los audios.
JUSTICIA
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