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Investigación

Cartas de la Fiscalía para llevar a juicio a cabezas en caso Reficar

Los sobrecostos de la obra superaron los 610.000 millones de pesos.

Los sobrecostos de la obra superaron los 610.000 millones de pesos.

Foto:Yomaira Grandett / EL TIEMPO

Siete exdirectivos fueron acusados por el millonario escándalo.

Juan Carlos Rojas
En el 2004, en su primer intento para contratar la ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena, Ecopetrol descabezó de su lista de potenciales contratistas a la firma CB&I (Chicago Bridge And Iron) porque no acreditó experiencia ni capacidad financiera para un megaproyecto semejante. Y en el 2009, la misma empresa fue descalificada para la licitación para la modernización de Refinería de Barrancabermeja por “no acreditar experiencia ni capacidad jurídica ni financiera ni técnica”.
Apenas meses después, sin embargo, CB&I fue escogida a dedo por las cabezas de Reficar para adelantar el billonario proyecto de ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena, que en teoría debía costar 3.777 millones de dólares y le terminó saliendo al país por más de US$ 8.106 millones.
Por las que considera “maniobras ilegales” que dieron pie al millonario descalabro, la Fiscalía acusó al exministro de Minas y expresidente de Reficar Orlando José Cabrales Martínez, a su sucesor, Reyes Reinoso Yáñez, y a los ejecutivos Felipe Arturo Laverde Concha y Pedro Alfonso Rosales Navarro (de Ecopetrol); así como a las cabezas de CB&I Colombiana Philip Kent Asherman y Masoud Deidehban por los delitos de interés indebido en celebración contratos, peculado, enriquecimiento ilícito (en el caso de los contratistas) y falsedad en documento público.
Aún pendiente de que se resuelva si los salpicados van o no a prisión preventiva, como ya lo pidió, la Fiscalía decidió dar un paso adelante para evitar vencimientos de términos y presentar el escrito de acusación. El documento, conocido por EL TIEMPO, asegura que las cabezas de Reficar se aliaron con el contratista para engañar a la junta directiva y lograr modificaciones al contrato inicial con el único fin de beneficiar a la firma norteamericana en detrimento de los intereses de la Nación.
En el 2007, además de la polémica alianza con la firma Glencore –que por una breve participación en el proyecto terminó recibiendo más de 500 millones de dólares–, Reficar contrató con CB&I la ampliación y modernización de la refinería, proyecto que debía estar terminado a más tardar el 1.° de enero del 2012 y que debía hacerse bajo la modalidad ‘llave en mano’: esto es, el contratista asume todos los costos y riesgos por la suma pactada. Aunque la empresa debía entregar 15 meses después su plan para cumplir con los términos del negocio, esto nunca pasó. En junio del 2010 el presidente de Reficar firmó dos nuevos contratos, pero ya no bajo la modalidad ‘llave en mano’ sino la de ‘costos reembolsables’, en la que el Estado paga las facturas legalizadas por el contratista.
Lo que reprocha la Fiscalía es que Cabrales nunca exigió a CB&I que cumpliera la obligación de adelantar el proyecto bajo la modalidad pactada en el 2007 y que, además, el cambio de condiciones del 2010 exigía la realización de una licitación o, al menos, un concurso de selección que permitiera que el Estado tuviera la mejor opción.
En vez de esto, acudió a la contratación directa con una firma que no tenía ni la experiencia ni el músculo para sacar adelante el proyecto, y de contera les cambió los términos del contrato en claro detrimento del erario.
La Fiscalía dice que Cabrales Martínez y su asesor, Laverde Concha, “direccionaron la contratación, con notable desvío de poder, para que CB&I fuera el contratista”. Y agrega que “otra demostración de interés indebido en la contratación fue el cambio de modalidad del contrato de llave en mano a costos reembolsables, misma que abrió la puerta a costos desmedidos en la ejecución del proyecto”.
Como ya se conoce, Reficar pagó al contratista norteamericano facturas que incluso habían sido rechazadas por el interventor. Una suma superior a los 600.000 millones de pesos fue reconocida a pesar de que había glosas por doble facturación, posibles sobrecostos y por pagos que no tenían nada que ver con el proyecto de la refinería, como vehículos de alta gama, servicios de spa y licor.
La contratación directa, agrega el documento, implicó dejar de lado “un procedimiento que resultaba mucho más garantista, en el sentido de permitir una competencia más abierta para adelantar el proyecto, pero sobre todo, que hubiera garantizado la selección del mejor participante”. Cuestiona, por ejemplo, por qué Reficar desechó en noviembre del 2009 la propuesta de la firma Techip, que guardaba plena coherencia con la fórmula de ‘llave en mano’ ordenada expresamente por un Conpes del 2004 para evitar sobrecostos en el proyecto de la refinería.
Y agrega la Fiscalía: “Philip Kent Asherman y Masoud Deidehban, conscientes de la ineficiencia e inexperiencia de la compañía que representaban para adelantar este proyecto, y de común acuerdo con Cabrales Martínez y Felipe Arturo Laverde, decidieron desconocer las condiciones contractuales del 2007 para hacerse a una nueva contratación siendo los únicos partícipes y logrando ser el contratista elegido cuando ni siquiera en el 2004 para Cartagena, ni tampoco en el 2009 para Barrancabermeja, tuvieron oportunidad al menos de ser precalificados”.
A los norteamericanos les imputa la elaboración de documentos “para dar apariencia de que el ofrecimiento de CB&I de costos reembolsables era un ahorro para Reficar y de lejos la mejor opción a tomar”, en clara contravía con la realidad. Y al expresidente de Reficar Reyes Reinoso Yáñez lo acusa por omitir informar a la asamblea general de accionistas “respecto de fraude o corrupción identificadas en desarrollo de su labor”, así como de omitir sus deberes y “dar lugar a la apropiación ilegal” de los más de 600.000 millones ya mencionados.
En este punto, acusa al exrevisor fiscal Carlos Alberto Lloreda Silva de incumplir su deber de revisar las actas de la junta directiva que, precisamente, autorizaron los pagos que habían sido objetados por no corresponder con el objeto del contrato. Sin embargo, avaló con su firma la normalidad de los procedimientos, incluidos los memorandos de entendimiento con los que Reficar accedió a pagarle al contratista los montos rechazados por el auditor externo (Foster Wheeler): uno por 45 millones de dólares y otro por 177.000 millones de pesos.

Los llamados a juicio

Orlando Cabrales, presidente de Reficar 2009-2012
Orlando Cabrales Martínez fue ministro de Minas en los 90 y el primer presidente del proyecto de Reficar en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y los dos primeros años del gobiernos Santos. Su defensa dice que cumplió sus deberes en el proyecto.
Reyes Reinoso Yáñez, presidente de Reficar 2012-2016
El ingeniero venezolano sucedió en la presidencia de Reficar a Cabrales en el año 2012, cuando ya las obras estaban a cargo de CB&I. Frente a los cuestionamientos dijo que brindaría las explicaciones requeridas y que Reficar es una “entidad transparente”.
Felipe Arturo Laverde Concha, vicepresidente jurídico de Reficar
El vicepresidente jurídico de Reficar fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
Philip Kent Asherman, representante legal CB&I 2010
El representante legal de CB&I fue llamado a responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos en calidad de interviniente, como beneficiario de la contratación en el año 2010.
Masoud Deudehban, representante legal CB&I 2009
Además de representante legal de CB&I, fue director de proyectos de la compañía. Al igual que Asherman, escuchó la imputación de cargos en su contra a través de videoconferencia desde Washington, EE. UU.

Claves del escándalo de la refinería

¿Qué es Reficar?
La refinería de Cartagena, Reficar, es un complejo industrial destinado a la refinación del petróleo y obtención de sus derivados. Nace en 1997 con la idea de fortalecer el autoabastecimiento energético y de proveer de materias primas a la industria petroquímica.
¿Por qué debía modernizarse?
La modernización de Reficar inició en el 2006 y fue uno de los proyectos más ambiciosos de la primera década de este siglo, su objetivo: triplicar la refinación de combustible y duplicar la capacidad de carga de derivados del petróleo. Para esto, la obsoleta tecnología que tenía en el 2000 debía sustituirse.
¿Qué falló?
La obra terminó costando el doble del presupuesto inicial y tardó 27 meses más de lo estimado en entregarse, demora que impidió que el país obtuviera millonarias ganancias, pues solo en su primer año de operación (2016) registró un aporte al crecimiento del sector industrial de 5,2 puntos porcentuales y de 0,6 del PIB.
¿Cuándo comenzaron las irregularidades?
La Fiscalía señala que las irregularidades comenzaron incluso antes que las mismas obras, pues Glencore, el socio de Ecopetrol para el proyecto, se retiró en el 2009 sin haber aportado dinero a la financiación de este y Ecopetrol terminó pagándole 549,4 millones de dólares.
¿Cuándo estalló el escándalo?
En el 2012, cuando debían entregarse las obras, se comenzó a hablar de los sobrecostos, y en enero del 2016 estalló formalmente el escándalo cuando la Contraloría reveló en un informe las irregularidades.
JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET
Juan Carlos Rojas
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