Admiten demanda para el reintegro de permisos para porte de armas - Investigación - Justicia - ELTIEMPO.COM
Investigación

Buscan reintegro de $ 9.000 millones en permisos para porte de armas

Desde 2015 se prohibió el porte, pero Indumil sigue cobrando salvoconducto y hasta exige renovación.

Los delitos que más cárcel dan en Colombia

En diciembre de 2015, el Gobierno –a través del Ministerio de Defensa– emitió un decreto restringiendo en todo el país el porte de estos artefactos, así se tenga salvoconducto.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

Por: Unidad Investigativa
23 de octubre 2018 , 08:13 p.m.

A los estrados judiciales acaba de llegar una acción de grupo para que se resuelva una polémica contradicción legal sobre la prohibición del porte de armas de fuego.

En diciembre de 2015, el Gobierno –a través del Ministerio de Defensa– emitió un decreto restringiendo en todo el país el porte de estos artefactos, así se tenga salvoconducto. Y años tras año, incluyendo este 2018, la medida se ha venido renovando.

No obstante la prohibición, también se ha seguido cobrando por el permiso de porte, por su renovación
y por el código único de atención electrónica que se requiere para realizar estos trámites.

Por causa de estos conceptos, entre el 1.° de enero de 2015 y el 23 de agosto de 2017, se calcula que particulares han tenido que pagar 9.204 millones de pesos, a pesar de que –como especifica la norma– no pueden sacar sus armas a las calles así tengan un salvoconducto vigente. Dicho dinero va a las arcas del Comando General de las Fuerzas Militares.

Esta situación fue plasmada en una acción de grupo que acaba de ser admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual se le reclama al Estado que esos recursos sean devueltos a quienes, no obstante la prohibición, han tenido que pagar por 114.358 permisos de porte tramitados desde que comenzó a regir la prohibición oficial.

“La situación hace que el Estado colombiano, representado por el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, el Departamento General de Armas, Municiones y Explosivos y la Industria Militar (Indumil), deba reparar los prejuicios materiales generados a cada uno de los integrantes del grupo en la modalidad de daño emergente, representado por los dineros cancelados para obtener la expedición, revalidación de los permisos y el código, a título de daño o sacrifico especial”, se lee en la demanda.

El pago por el permiso para porte de armas de fuego, su revalidación y el código único de atención electrónica (...), constituye un enriquecimiento
sin justa causa

El recurso jurídico lo encabeza el abogado Pedro Antonio Chaustre, quien aclaró que el número de personas afectadas por esta situación “antijurídica” debe ser establecido por el propio Estado, pues –según dijo– sus identidades tienen protección legal y no son de dominio público.

Además, añadió el jurista, la Ley 1119 de 2006 estableció el cobro de multas a quienes no revaliden sus salvoconductos, por lo que las personas que los tienen deben pagar por su renovación así el porte de armas esté prohibido por el propio Estado.

De acuerdo con información pública del Departamento de Control y Comercio de Armas, registrada en su página web, el valor de la renovación de cada uno de estos permisos es de 36.400 pesos.

¿Enriquecimiento?

Chaustre no puso en tela de juicio la constitucionalidad o legalidad de la medida que se viene aplicando hace ya casi cuatro años, pero sí esgrimió que hay una contradicción evidente que debe ser corregida y por la cual los afectados deben ser reparados.

“El pago hecho por quienes adquirieron el permiso para porte de armas de fuego, su revalidación y el código único de atención electrónica, en razón a la limitación y suspensión permanente del porte de armas de fuego en el territorio nacional, constituye un enriquecimiento sin justa causa en favor del Estado (...), pues está recibiendo unos dineros sin que medie contraprestación alguna de su parte”, se precisó.

La decisión para resolver este polémico asunto quedó en el despacho de la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, de la Sección Primera del Tribunal de Cundinamarca, quien en su auto de admisión del recurso jurídico ordenó notificar a las entidades demandadas para que rindan sus descargos y así proceder a ordenar pruebas, con el fin de determinar cuál de las partes tiene la razón.

Hasta ahora, el Ministerio de Defensa, cabeza de estas entidades, no se ha pronunciado.

UNIDAD INVESTIGATIVA
Twitter: @uinvestigativa

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA