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Lo bueno y lo malo de la propuesta alterna del Fiscal contra narcos

Expertos advierten que hay que cuidar el impacto de estas sobre las comunidades.

Néstor Humberto Martínez, fiscal general

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, enseñó documentos que sustentan la legalidad de sus bienes en el exterior y en Colombia.

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Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Por: Justicia 
04 de noviembre 2018 , 12:07 p.m.

En el plan alterno que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le presentó al presidente Iván Duque para ir más allá del uso del glifosato en el combate a los narcocultivos y a los narcotraficantes, hay, según expertos, puntos que pueden funcionar y otros que ya han sido probados y que terminaron siendo muy adversos para las comunidades.

Por ejemplo, la medida de cortar la luz eléctrica en zonas donde se concentran los laboratorios para el procesamiento de cocaína y cultivos hidropónicos en los que crece la cotizada marihuana tipo Cripy (más potente que la convencional), podría resultar muy nociva para los campesinos y ser inocua frente a los narcos si se considera que ellos trabajan con sus propias plantas eléctricas.

En todo caso, el Fiscal espera que su propuesta sea considerada en el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Además de cortar la luz en zonas con laboratorios de procesamiento de drogas, Martínez sugiere restringirles el cemento y la gasolina y ensayar fumigaciones con moléculas que disminuyan la productividad de la mata de coca. Dice que en Guaviare ya hay cultivos con siete cosechas al año.

El Fiscal considera, también, que hay que impedir la existencia de casos de giros en las zonas con laboratorios, pues, según afirma, es por donde los narcotraficantes suelen mover su dinero.

Los carteles se han modernizado y han acudido a la tecnología, y nosotros seguimos haciendo lo mismo desde hace seis lustros

Para el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (Cesed), Hernando Zuleta, en principio la propuesta del Fiscal podría dar resultados. Piensa que a los narcotraficantes hay que “dificultarles” la actividad de “todas las formas posibles” y que “la lucha contra el narcotráfico no puede estar limitada a una sola medida”.

Añade, sin embargo, que controlar la gasolina sin afectar a las comunidades no es fácil y, en este sentido, podría ser más viable controlar sustancias como el permanganato de potasio o la acetona, que también son usadas para el procesamiento de la coca y que son menos demandadas por los particulares.

Zuleta afirma que las medidas planteadas por el Fiscal al presidente Duque tendrían que aplicarse de manera gradual y que debe garantizarse que se medirán sus resultados.

También el director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), Jorge Restrepo, sostiene que el país está en mora de poner en marcha una política integral contra el narcotráfico más allá de la fumigación. Por eso ve en la propuesta del Fiscal el comienzo de lo que debería ser un debate de fondo sobre el tema. “Hay que entender la dinámica de las organizaciones criminales y anticiparse”, anota Restrepo, quien cree que las medidas contra la cadena de suministro de químicos para el narcotráfico podría ser clave contra las redes criminales.


Ya hay experiencia

De hecho, las restricciones de cemento y gasolina en zonas productoras de cocaína no son nuevas. Se han aplicado en distintos momentos en departamentos como Guaviare, Putumayo y Caquetá.

Y de esas experiencias el exministro de Defensa y de Justicia Juan Carlos Esguerra recuerda, por ejemplo, que en el Guaviare, si bien hubo resultados contra el narcotráfico, también se desató una compleja situación social por las limitaciones que se crearon para las campesinos. Ellos también usan gasolina para sus plantas eléctricas.

Esto no es tan simple como soplar y hacer botellas”, subraya el exministro Esguerra. Insiste en la importancia de definir si medidas como las que propone el Fiscal se tomarían por ley, decreto u otro mecanismo.

También el exvicefiscal Francisco José Sintura llama la atención sobre el “sacrificio” que algunas medidas suponen para las comunidades que no están vinculadas a negocios ilegales.

Señala que la idea de cortar la luz limita el acceso a un servicio básico. “Ese es un derecho y no una generosa concesión del Estado”, anota. Dice que las restricciones a los insumos químicos para producir drogas ya están establecidas y solo hay que cumplirlas.

Para Sintura, es más importante “fortalecer la inteligencia, apoyar financieramente los grupos especializados de investigación y mejorar la cooperación técnica y de información entre las autoridades locales, nacionales y las internacionales”.

Incluso, el exdirector de la Policía general Luis Ernesto Gilibert afirma que aunque en el pasado la restricción de insumos químicos dio algunos resultados, al final lo que sucedía era que se encarecía la producción de cocaína y las redes criminales trasladaban ese costo a los demás eslabones de la cadena.

Finalmente, frente a la fumigación de matas de coca con moléculas que disminuyan su potencial productivo, el ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Felipe Romero afirma que efectivamente es posible modificar genéticamente la productividad de las plantas, pero agrega que es necesario tener en cuenta los efectos que eso le provoca al ecosistema.

Los expertos coinciden con el Fiscal General en la importancia de renovar en el combate al narcotráfico, siempre y cuando se contrarresten los efectos negativos que pueden tener sobre las comunidades algunas medidas contra los narcotraficantes.

Abecé de la propuesta

1. Cortar la luz

El Fiscal General afirma que en zonas del Cauca abundan especialmente los cultivos hidropónicos en los que se produce marihuana Cripy, que es una de las más costosas y con una alta demanda en el exterior. Señala que quitando temporalmente la luz en esos lugares puntuales en donde están los invernaderos se ocasionaría un daño irreparable a esas plantas, con lo que los traficantes perderían la producción y su inversión en esos cultivos

2. Ruta de la gasolina

La Fiscalía propone restricciones y controles a la venta de gasolina y cemento en las zonas de cultivos ilegales para evitar que lleguen a los laboratorios de producción. El ente acusador ha establecido, por ejemplo, que en el municipio de Barbacoas (Nariño) el consumo per cápita de gasolina es superior al de Medellín (Antioquia). En Barbacoas hay 10 estaciones de combustible más que el número de colegios y centros asistenciales.

3. Tecnología agrícola 

La Fiscalía propone invertir en desarrollos tecnológicos agrícolas para enfrentar el incremento de la productividad de las matas de coca que ha llevado a que por ejemplo en el departamento de Guaviare existan cultivos que dan hasta siete cosechas al año.

El jefe del ente acusador afirma que en otros cultivos legales se usan enzimas para modificar su productividad y que ese tipo de procesos se tendrían que extender a los plantíos ilegales.

JUSTICIA 

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