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La fuga exprés que dejó en ridículo la seguridad del sistema judicial

Fiscalía investiga qué ocurrió en las dos semanas en las que Pedro Aguilar estuvo libre.

Pedro Aguilar

Pedro Aguilar fue detenido en Cali. En audiencia el 21 de marzo, una jueza le otorgó la libertad.

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Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

08 de abril 2018 , 02:14 a.m.

En un lujoso apartamento del sur de Cali terminó una de las fugas más escandalosas de los últimos años en Colombia: en la tarde del viernes, Pedro Antonio Aguilar Rodríguez, el hombre que lideró el paro camionero que tuvo bloqueado el país en el 2016 y que está procesado por el saqueo de más de 600.000 millones de la chatarrización, fue capturado de nuevo.

En total estuvo dos semanas por fuera de prisión y el capítulo que sigue en la investigación del escándalo son los móviles detrás de su escape, que fue posible gracias a la suplantación de un fiscal en una audiencia realizada en el complejo de Paloquemao, la sede judicial más grande y más custodiada de todo el país.

El caso, que los colombianos siguieron minuto a minuto, es como de Ripley. No solo por la relativa facilidad con la que las autoridades volvieron a dar con el prófugo y capturaron a sus señalados cómplices, sino por la fragilidad en la seguridad del aparato de justicia que quedó en evidencia con esta historia.

Incluso, los investigadores no descartan que más que desaparecer, Aguilar hubiera buscado algunos días por fuera de la cárcel para realizar trámites que pudieran entorpecer el proceso que se le sigue por la falsa chatarrización de más de 12.000 camiones por los que el Estado pagó más de medio billón de pesos en un periodo de siete años.

Este fin de semana se cumplieron en la misma sede que hace 15 días fue escenario del cambiazo de fiscal las audiencias para legalizar la nueva captura de Aguilar y la detención de su abogada, Milena Zárate Quiroga; y del protagonista de la suplantación: un desempleado que asegura haber recibido 2 millones de pesos por hora y media de actuación ante la juez 77 de garantías de Bogotá. Además de la discreta suma recibirá ahora una condena que podría superar los 12 años de cárcel.

El falso fiscal no solo no se enteró de que su rostro quedaría en todas las cámaras de seguridad –todas las audiencias del sistema penal acusatorio se graban– sino que además se identificó con su nombre y cédula verdaderos: José Edilberto Parada Barbosa. De allí que una vez descubierta la trama, la Fiscalía no tuviera mayores problemas para ubicarlo y detenerlo, este viernes, a la salida de un bar en el sector de Suba.

Este sábado se conoció que no era la primera vez que Parada intentó personificar a un delegado fiscal para intentar la libertad de Aguilar: estuvo en otra audiencia, el 15 de marzo, en la que asistió con otro abogado que fue en representación del líder del paro camionero.

Tampoco hubo dificultades para ubicar a la que según la investigación fue su cómplice: la abogada Zárate, quien también entregó todos sus datos en la audiencia, incluido un número de celular que fue clave no solo para ubicarla sino para demostrar que había llamado al suplantador.

Ella asegura que se enteró por los medios de que Parada Barbosa no era el representante de la Fiscalía y dijo que fue engañada por abogados de Aguilar, quienes, según ella, la contactaron para que lo representara por esa única vez.

Pero no menos insólito que el aparente despiste de los partícipes en el plan de suplantación es que hubieran tenido éxito con tanta facilidad. Así, el pasado 21 de marzo, según quedó registrado en cámaras de seguridad del sector de Paloquemao, la abogada llegó con el falso fiscal y minutos después solicitó una audiencia urgente de libertad de su cliente, Aguilar, por vencimiento de términos. Aseguró que su acompañante era el fiscal del caso, y este mostró un supuesto carné de la Fiscalía que nadie verificó en detalle.

Menos de dos horas después, esa audiencia ya estaba programada. Por sorteo le tocó a la jueza 77, quien la instaló a las 4:53 de ese miércoles. En el video se ve cómo el supuesto fiscal, evidentemente nervioso, le dice a la jueza que la Fiscalía está de acuerdo con la solicitud de la defensa.

“Su señoría: la Fiscalía no se opone, ya que no hay maniobras dilatorias por parte de la defensa y los requerimientos del artículo 308 del Código de Procedimiento así lo desaparecen”. En realidad, quiso decir “así lo establecen”, pero ni ese yerro, ni el hecho de que estaba leyendo sus intervenciones, generaron sospecha alguna. Por eso la jueza ordenó la libertad de Aguilar, que se materializó también en tiempo récord.

Mientras en el país hay presos que duran semanas esperando una boleta de libertad –su expedición es una de las fuentes de corrupción en muchas cárceles del país–, la del polémico líder camionero se tardó apenas unas horas. Y nadie en la cárcel Modelo de Bogotá llamó a la Fiscalía a consultar si sobre el procesado pesaba algún otro requerimiento judicial.

El plan fue posible por varias situaciones insólitas. La primera, que solo hasta esta semana llegó un requerimiento formal para que en todas las diligencias se proceda a la verificación plena de la identidad de los fiscales, algo que increíblemente no era la regla.

La segunda, que cuando se piden audiencias urgentes la obligación de informar a la contraparte queda en manos de quien pide el trámite. En este caso, la pidió la defensa y nadie verificó si la Fiscalía había sido notificada de la petición. Esa fue el boquete que aprovecharon para la trampa.

Esta semana, el verdadero fiscal del caso llegó al complejo judicial para pedir una audiencia de prórroga de la detención de Aguilar, y se encontró con que el preso ya no estaba. Con esa alerta se ordenó un rastreo de todos los trámites y el allanamiento a la cárcel Modelo, donde no tenían idea del paradero de Pedro Aguilar. El viernes en la noche se legalizó la captura de Parada, de la abogada Zárate y de Aguilar y este sábado la juez decidió enviarlos a prisión mientras transcurren las investigaciones.

JUSTICIA
Justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET

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