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Delitos

Santos ordena ‘contundencia’ para frenar ataques contra líderes

Desde hace varios meses, organizaciones de derechos humanos denuncian atentados y agresiones contra líderes sociales en Antioquia.

Desde hace varios meses, organizaciones de derechos humanos denuncian atentados y agresiones contra líderes sociales en Antioquia.

Foto:Cortesía Corporación Jurídica Libertad

Van 33 dirigentes asesinados este año. La ONU pide reforzar las medidas de protección.

“Hechos totalmente inaceptables”. Así calificó este el presidente Juan Manuel Santos la escalada de crímenes de líderes sociales y comunales que se viene registrando en el país en las últimas semanas.
Santos condenó el asesinato, en apenas 24 horas, de Luis Barrios (Barranquilla), Ana María Cortés (Cáceres, Antioquia) y Margarita Estupiñan (Tumaco, Nariño). Todos eran reconocidos servidores de sus comunidades
Por eso ordenó a la Fuerza Pública “actuar con toda la contundencia contra los responsables”, y pidió que “la Fiscalía y todas las autoridades” redoblen esfuerzos contra los violentos, que en lo que va del año han asesinado, según el mismo Gobierno, a 33 dirigentes.
Desde Tumaco, donde puso en funcionamiento un centro de atención a víctimas, el Presidente ordenó que los generales Nicasio de Jesús Martínez y Óscar Atehortúa, inspectores generales del Ejército y la Policía respectivamente, se desplacen a las regiones afectadas para “supervisar qué es lo que está sucediendo y cómo está reaccionado la Fuerza Pública”.
También convocó para el próximo martes a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia que nació de los acuerdos Gobierno-Farc, para revisar la situación de los líderes sociales en varias regiones.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que el Gobierno está “muy preocupado” con la situación y que en la cita del martes le presentarán al Presidente los cuatro primeros planes piloto de “protección colectiva”.

Claramente son organizaciones dedicadas al narcotráfico, dedicadas a la minería ilegal y al despojo de tierras

Estos programas son consensuados con las comunidades, la Policía y los alcaldes, si bien en casos puntuales la responsabilidad directa sigue en cabeza de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Sobre quiénes son los autores de los crímenes, Rivera aseguró que “claramente son organizaciones dedicadas al narcotráfico, dedicadas a la minería ilegal y al despojo de tierras”, y reconoció que hacen falta esfuerzos más eficaces para proteger a los dirigentes locales.
Cifras de la Defensoría del Pueblo señalan que desde diciembre del 2016, un mes después de la firma de la paz con las Farc, han sido asesinados 331 líderes sociales.
Aunque no todos los crímenes han tenido que ver directamente con sus labores en las comunidades, claramente se han convertido en blanco de la acción de grupos violentos que pretenden capitalizar la salida de las Farc del mapa de la guerra.
Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que van 143 capturas “de sospechosos de estar vinculados con estos delitos”, y aseguró que el Gobierno está comprometido a “perseguirlos sin tregua”.
Y Naciones Unidas, a través de un comunicado, instó “al Estado colombiano a reforzar las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida y la integridad de las y los colombianos en todo el país”.
La situación también generó declaraciones del excandidato Gustavo Petro y el presidente electo, Iván Duque. Desde Europa, Petro “exigió” a Duque un pronunciamiento “en contra de los asesinatos” de la que llamó su “militancia política”. “Su silencio permite el empoderamiento de los asesinos”, dijo.
Duque, quien está en Washington, reaccionó en su cuenta en Twitter. Sin aludir a Petro, señaló: “No acepto, como colombiano, que ninguna persona se vea amenazada por su pensamiento, por su raza, por sus condiciones personales, y lo que quiero es un país donde brille la legalidad y donde todos los colombianos se sientan protegidos”.
REDACCIÓN JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET
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