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Delitos

Agresiones físicas les salen cada vez más caras a los colombianos

Las riñas también generan pérdida de capacidad laboral, pues pueden dar incapacidades de más de 90 días y terminan colapsando el sistema de salud.

Las riñas también generan pérdida de capacidad laboral, pues pueden dar incapacidades de más de 90 días y terminan colapsando el sistema de salud.

Foto:Santiago Saldarriaga / Archivo EL TIEMPO

El costo de una conciliación puede empezar en $ 800.000, la cifra aumenta si hay un proceso penal.

Juan Carlos Rojas
La intolerancia –que genera cada día más de 50 riñas denunciadas– se está convirtiendo también en una rentable fuente de ingresos para muchos abogados que se están especializando en las demandas por lesiones personales.
Si usted es de esos colombianos que suelen arreglar sus diferencias a los golpes, piénselo dos veces. No solo por el riesgo de que la bravuconada termine en tragedia –se calcula que al menos cuatro de cada diez muertes se explican por simples peleas– sino porque cada vez es más probable que se vea envuelto en un proceso penal o en el pago de una gruesa suma para evitarlo.
Dos millones de pesos. Esa plata, en efectivo, fue la que tuvo que llevar hasta un CAI en el sur de Bogotá la familia de un joven para evitar que fuera conducido hasta una Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía y lo procesaran por el delito de lesiones personales.
Poco antes, el muchacho, que iba en bicicleta, había discutido con un peatón y terminó rompiéndole una ceja. Fue esposado por la Policía y cuando estaba a punto de ser reseñado y capturado –lo que lo exponía a una posible condena penal que aunque podría ser excarcelable le habría dejado un antecedente judicial de por vida– su familia concilió con el agredido y su abogado. Tras pagar dos millones de pesos se firmó un documento notariado en el que se consignó la renuncia a cualquier tipo de demanda futura.
Ese tipo de agresiones están tipificadas como lesiones personales y se consolidan como el segundo delito más denunciado en el país. Aunque tienen consecuencias penales, en muchos de los casos se arreglan por las buenas en acuerdos en los que siempre hay plata de por medio.
Luis González, director de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, dice que las personas no son conscientes de que irse a las manos les puede generar graves consecuencias penales y civiles. “La gente no cree que una riña los puede poner en la cárcel”, señala el funcionario tras indicar que en muchos casos esas situaciones están mediadas por el consumo de licor y drogas, lo que incrementa el nivel de agresividad.
El costo de una pelea cambia según el momento en el que se busca el arreglo por fuera del sistema penal. Abogados consultados por este diario señalaron que si la conciliación es previa a la denuncia, el costo puede arrancar entre un salario mínimo (casi 800.000 pesos) a dos millones, pero que esa cifra se dispara si hay pleito penal, pues los costos de abogados, multas e indemnizaciones le suman varios ceros a cualquier conciliación.
Las riñas también generan pérdida de capacidad laboral, pues pueden dar incapacidades de más de 90 días, y terminan colapsando el sistema de salud. Según el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, en las salas de urgencias de cada 100 pacientes, 70 consultas se dan por este tipo de lesiones.
En lo corrido del 2017, y sin que llegue la temporada de fin de año, ya han arribado a la Fiscalía 166.790 denuncias por lesiones.
Solo en la URI de Paloquemao –la más grande del país– son atendidos, en promedio, 28 casos diarios de lesiones personales, de los cuales 13 terminan en conciliación. El cruce de cuentas entre estadísticas de Medicina Legal y la Fiscalía dan una idea de los casos que se arreglan antes de llegar a un proceso penal. Así, mientras en todo el año pasado se denunciaron penalmente 172.285 casos, a peritos de Medicina Legal llegaron 123.298 solicitudes para realizar el examen a la víctima. Es decir, en el camino se desistió de 48.987 denuncias.
Abogados que ‘pescan’ clientes en los alrededores de los despachos judiciales señalan que los costos de la conciliación (de la que les toca normalmente un 30 por ciento) se miden por la gravedad de las lesiones y, claro, por “cómo se vea al agresor”. “Usted mira a la persona y le empieza a hacer preguntas, y va haciendo cuentas de cuanto le puede pedir. Si se ve que tiene dinero, se le pide más, y regularmente terminan accediendo cuando se dan cuenta del lío en el que se metieron”, dice uno de esos abogados. Otro litigante afirma que es usual aceptar el pago con electrodomésticos o joyas, cuando la persona no tiene cómo conseguir efectivo.
“Trátese de la conducta que sea, el agresor que es sorprendido en flagrancia es judicializado y conducida ante la autoridad. Este delito, de acuerdo a la gravedad, es conciliable o desistible. Esto cuando hay manifestación de querer arreglar”, explica Jesús Melo, abogado de la Defensoría del Pueblo.

Trátese de la conducta que sea, el agresor que es sorprendido en flagrancia es judicializado y conducida ante la autoridad

Y lo que no tienen en cuenta muchas personas es que a ojos de la ley, solo la legítima defensa representa un atenuante o eximente de culpa. Así, la excusa de las ofensas verbales o incluso las agresiones previas no valen muchas veces para salvarse de una condena. “A un cliente un vecino le lanzó una piedra y esta le causó una lesión en la frente por la que le tomaron 9 puntos de sutura. El fiscal del caso consideró que hubo intención de causar un daño, lo que lleva a unas consecuencias penales –dice el abogado Armando Manotas–. Al vecino se le advirtió que este era un proceso largo y que podía terminar preso, pero él se negó a conciliar diciendo que mi cliente lo había insultado”. El viernes se realizó la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra el agresor.
Un fiscal de URI señala que para tipificar el delito se tiene en cuenta si hubo dolo (intención) y el dictamen de Medicina Legal: “Las lesiones que producen incapacidad menor de 30 días tienen una pena de entre los 30 y 36 meses. Cuando la incapacidad es superior a 30 días, la pena iría entre 16 y 54 meses. Las lesiones que generan una incapacidad superior a los 90 días pueden llevar a una pena de entre 32 y 90 meses”. En la misma proporción crecen los costos del eventual arreglo.
De allí en adelante empiezan a entrar agravantes como por ejemplo si la agresión dejó una deformación física o una afectación funcional transitoria. En esos casos las penas pueden llegar a los 126 meses de prisión. Esto sin contar las multas de los jueces, y que van desde cinco hasta 100 salarios mínimos.
Medicina Legal registró el año pasado 68.690 casos de politraumatismo, trauma facial en 19.152 hechos, trauma en miembros en 13.463 y daños en tórax en 3.096 hechos.

‘La intolerancia impide que haya conciliación’: Valdés

El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, afirma que las lesiones personales generan una elevada pérdida de recursos de la salud de los colombianos.
¿Se mantienen las elevadas cifras?
Las lesiones personales son el segundo delito en el país, después del hurto. Aunque hay un descenso respecto al año pasado, es muy leve, pues llega al 5 por ciento. Las cifras se mantienen en un nivel alto sostenido en los últimos cinco años. El mayor índice de lesionados es por armas de fuego.
¿En qué punto reciben los casos?
Cuando un caso llega a Medicina Legal es porque ya se ha iniciado el mecanismo de denuncia.
El lesionado por riña lo primero que hace es denunciar y recibir una orden para ir a Medicina Legal a materializar la conducta, toda vez que se debe demostrar que sí se le causó un daño.
¿Cree que la gente sí es dada a conciliar?
En muchos casos la conciliación no es efectiva porque detrás de un acuerdo hay grandes desavenencias y altos niveles de intolerancia, lo que bloquea el arreglo pacífico. Sin embargo, se observan en estos procesos que muchos se acogen a los mecanismos de la solución dialogada.
¿El forense determina la incapacidad?
La incapacidad médico- legal no es la misma que da el médico de la EPS para no ir a trabajar. La que entrega Medicina Legal es para la sanción penal, no para la restitución del daño. Esta incapacidad mide el daño que una persona le causa a otra en días: van de uno a 30, de 31 a 90, y de 91 en adelante.
¿Qué pérdidas traen estas lesiones?
Representan una gran pérdida. El mayor índice de lesionados está entre los 20 y 35 años, y en muchos casos se incapacitan en su vida social y laboral. También generan muchas consultas médicas, que desgastan el sistema de salud. En urgencias, de cada 100 pacientes 70 son por eventos traumáticos.
JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET
Juan Carlos Rojas
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