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Delitos

Las dudas de la Contraloría por 253 mil millones pagados a Navelena

La obra es clave para la conectividad del país.

La obra es clave para la conectividad del país.

Foto:Archivo particular

Dice que Cormagdalena autorizó millonarios pagos sin contar con el debido soporte documental.

Milena Sarralde
La Nación no solo se quedó sin la estratégica recuperación de la navegación por el río Magdalena por culpa del escándalo de Odebrecht: también habría pagado a esa firma miles de millones de pesos no justificados tras la liquidación del contrato del megaproyecto Navelena.
Al realizar un estudio sobre ese negocio, que se firmó en el 2014 con el consorcio Navelena –del que Odebrecth era el principal socio–y que fue liquidado de manera anticipada en octubre pasado por los incumplimientos de esa constructora, la Contraloría General encontró pagos que no tienen los debidos soportes y que suman 253.532 millones de pesos.
La Contraloría cuestiona las decisiones tomadas por Cormagdalena al reconocerle a Navelena millonarias sumas por concepto de actividades que supuestamente había desarrollado en la obra, que pretendía hacer navegable el río entre Bocas de Ceniza, en el Atlántico, hasta La Dorada y Puerto Salgar, en Caldas y Cundinamarca.
Cormagdalena autorizó pagos al consorcio por 247.906 millones de pesos por costos de operación y mantenimiento. Y por gastos de personal le reconocieron otros 4.816 millones de pesos.
La Contraloría cuestiona que los pagos realizados por la Fiducia de Occidente por concepto de nómina “no fueron soportados con las respectivas planillas”, lo que en su concepto impide tener plena claridad en ese asunto. Y agrega que “los valores pagados según facturas por concepto de operación y mantenimiento a Navelena no ofrecen suficiente evidencia para afirmar que el valor expresado en cada factura correspondiera al costo de las actividades realizadas en la etapa de preconstrucción”.
Esa etapa duró 28 meses y las facturas que fueron puestas a disposición de las entidades del Estado no discriminan puntualmente los trabajos realizados. Tampoco hay información sobre subcontratos ni pagos a terceros. La Contraloría cuestiona la certificación que dio la interventoría para que a Navelena se le girara esa millonaria suma sin una verificación previa. Esto llevó a que el órgano de control no haya podido determinar “de manera suficiente y razonable que el valor de cada una de las facturas presentadas por Navelena y las cuentas de cobro correspondan al costo real de las actividades ejecutadas”.
El proyecto fue adjudicado en el 2014 por Cormagdalena por un valor de 1,3 billones de pesos. En medio de la crisis de los sobornos de Odebrecht, Navelena no logró completar el cierre financiero en marzo pasado, y el pasado 12 de octubre se suscribió la liquidación del contrato de manera anticipada. La Contraloría cuestiona que en el megaproyecto “no se logró el cierre financiero del contrato pese a los plazos otorgados, en detrimento de los beneficios económicos y sociales para un Estado que esperaba al 2027 tener totalmente recuperada la hidrovía y en condiciones de navegabilidad permanente”.
El ente de control abrió una investigación preliminar para poder determinar eventuales sobrecostos y detrimento patrimonial en contra de los intereses de la Nación. A la investigación fueron vinculados el Concesionario Navelena y la Fiduciaria de Occidente, para determinar “claramente sus roles y obligaciones dentro del proyecto concesionado, así como conocer el detalle discriminado de costos” generados.
Además de las investigaciones de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, también adelantan sendos procesos por ese megaproyecto de la multinacional.
Según la Fiscalía, en ese millonario negocio Odebrecht también movió su aparato de sobornos. También investiga el polémico préstamo del Banco Agrario por 156.000 millones y que finalmente fue cancelado, después de que la Contraloría General alertara un posible detrimento porque Navelena no había realizado el pago a la entidad financiera.
En este caso se le imputaron cargos por administración desleal a exdirectivos del Banco Agrario como Hernando Gómez Vargas, vicepresidente jurídico; Mónica Santamaría, vicepresidenta comercial; Juan Carlos Orjuela, gerente de Asesoría Jurídica de Negocios, y Alejandro Jiménez, gerente de Banca Empresarial.
Ese crédito fue otorgado en el 2015 y, según la investigación penal, la junta directiva del banco habría cambiado las políticas y condiciones para facilitar el desembolso.
La Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio investigan además si en la adjudicación del contrato hubo un pacto para que la española Acciona se retirara de la licitación del proyecto de navegabilidad del río a cambio de que Odebrecht la vinculara a la construcción del metro de Quito, en Ecuador.
JUSTICIA
Milena Sarralde
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