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Delitos

Falsos indígenas vendieron y arrasaron miles de hectáreas de bosque

Meta, Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Caquetá concentran el 65 por ciento de las acciones ilegales contra los bosques.

Meta, Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Caquetá concentran el 65 por ciento de las acciones ilegales contra los bosques.

Foto:Archivo particular

El supuesto resguardo acredita más de 12 mil miembros y tiene presencia en 7 departamentos

Michell Quiñones
Haciéndose pasar como supuestos miembros de una comunidad indígena a la que llamaron 'Gran Jardín de la Sierra',  delincuentes lograron vender títulos de tierras protegidas con el fin de arrasar los bosques. La red tiene presencia en por lo menos siete departamentos del país.  
La banda criminal se hacía llamar 'Los Herederos' y vendía cada cupo, de por entre 30 y 50 hectáreas de tierra en la vereda Líbano, en Orito (Putumayo), entre $150.000 y $15'000.000. 
Pero, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía que dejó a nueve líderes de la banda capturados, la red criminal haría presencia no solo en Putumayo sino también  en Huila, Cauca, Tolima, Nariño, Valle del Cauca y Caquetá, en donde hay denuncias de estafa por la venta de predios en territorios indígenas, lo que habría generado la deforestación de miles de hectáreas protegidas. 
Al parecer la red operaba desde el 2011 cuando habría conseguido una copia de la escritura pública de origen colonial de 1906, con la que la corona española entregó un área de 293.647 hectáreas a las comunidades indígenas de San Bartolomé de Males. 
Fue entonces cuando se autoproclamaron resguardo indígena 'Gran Jardín de la Sierra', que actualmente acredita más de 3.500 familias y 12 miembros inscritos.  La Fiscalía hasta el momento tiene conocimiento de 40 casos de estafa, pero por la cantidad de personas que pertenecen a la comunidad se cree que podría ser muchas más. 
El ente acusador logró evidenciar que ninguno de los capturados tiene descendencia indígena, la mayoría nació en el Valle del Cauca y ni siquiera han tenido contacto con etnias. Sin embargo,  en el papel calificaban no solo como miembros del resguardo, sino que además desempeñaban roles como el de gobernador de la comunidad, cacique, vicecacique e inclusive había un concilio, que era quien se encargaba de dirimir los conflictos en la población. La banda también habría plagiado el logo de una de las comunidades legalmente constituidas. 
Además de las denuncias de estafa, la Fiscalía siguió la pista de la masiva deforestación en Orito. Los falsos indígenas vendían los predios con la con la promesa remuneratoria de obtener mensualmente $4’000.000 y anualmente hasta $170’000.000. 
Además,  los estafadores al parecer le decían a sus víctimas que si compraban esos predios  recibirían subsidios de salud, educación y evitarían que sus hijos prestaran el servicio militar obligatorio.
Aprovechando la condición de protección que tenían los bosques, usurpaban la propiedad privada "ocupando terrenos baldíos y arrasando miles de hectáreas de bosque", dijo la Vicefiscal María Paulina Riveros. 
"En los casos detectados las víctimas nunca conocieron los terrenos titulados, tampoco recibieron las ganancias por la inversión ni la condición de indígenas; aun así, la banda Los Herederos devastó hectáreas de bosque con la intención de levantar los asentamientos", dice el ente acusador. 
Solo en Putumayo la Fiscalía evidenció una "tala indiscriminada de bosque nativo y aduro, conformado por variedades de conservación nacional como amarillo y arenillo, la destrucción del hábitat natural de múltiples especies silvestres y caza ilegal, entre otros daños al ecosistema", aseguró Riveros.  
La Fiscalía les imputó los delitos de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, daños en los recursos naturales, concierto para delinquir, estafa, invasión de tierras o edificaciones y fraude procesal.

Así funcionaba la red 

En el papel, cada uno de los integrantes de 'los Herederos' tenía un rol específico dentro del supuesto resguardo indígena al que pertenecían. 
El supuesto primer gobernador, una de las cabezas líderes del resguardo 'GRan Jardín de la Sierra', Julián Cardona Henao, nació en Circacia (Quindío) y "no tiene arraigo indígena", dice la Fiscalía.
Julián Otero Salazar, quien nació en Cumbre (Valle del Cauca) y quien fungía como   vicecacique, pero en realidad sería el que gestó todo el plan para poner en  marcha todo el plan de venta de los títulos fraudulentos. Durante un allanamiento se encontró que tendría una lista de posibles víctimas en sus equipos electrónicos, además de cerca de 850 títulos falsos. 
Estas escrituras, al parecer, eran firmadas por Jesús Hernán Román Fajardo Pejendino, el supuesto cacique del resguardo. 
El "concilio de la comunidad indígena" falsa, quien se encargaba de dirimir los conflictos sería realmente, junto a Cedulfo Rodríguez Silva, el encargado de vendedor de los títulos.
Mientras tanto la contabilidad se encargada Óscar Daniel Belalcazar Castillo, el caleño además administraba la página web y Javier Humberto Tucurí Marín,  coordinaba  la asociación indígena en Orito (Putumayo).
Dayara Jelicsa Valencia Bolaños,  por su parte se encargaba de tramitar los títulos
desde 2012, cuando apenas tenía doce años. 
Según la Fiscalía a los interesados en comprar los predios se les decía que los dividendos provenían del mecanismo REDD+, en el que países industrializados aportan dinero a programas de reducción de emisiones de gas carbónico. Y, como presunto coordinador del proyecto fungía Daniel Belalcazar Medina. 
JUSTICIA 
Michell Quiñones
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