Cortes

Corte responde a magistrados que aún es competente para juzgarlos

Magistrados procesados por corrupción en Meta pidieron nombrar conjueces o suspender sus procesos.

Fiestas y caballos unen a magistrados investigados por corrupción judicial

Alcibiades Vargas Bautista, magistrado del Tribunal; Fausto Rubén Díaz, exmagistrado de Villavicencio; Joel Darío Trejos, magistrado del Tribunal de Villavicencio.

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Archivo / EL TIEMPO

12 de febrero 2018 , 06:22 p.m.

En la audiencia de acusación contra los magistrados de la Sala Penal del Meta, Fausto Rubén Díaz, Joel Darío Trejos y Alcibiades Vargas, los abogados de los magistrados le dijeron a la Corte Suprema que ya no es competente para llevar el juicio en su contra basándose en la ley que creó la doble instancia para aforados y que entró en vigencia hace tres semanas.

Los magistrados son juzgados por los delitos de prevaricato por acción y omisión, cohecho y concierto para delinquir porque, supuestamente, habrían favorecido a delincuentes en investigaciones a cambio de sumas de dinero.

El abogado de Vargas afirmó que la Corte Suprema ya no es competente porque en materia penal debe "prevalecer la ley más favorable", y en este caso la posibilidad de ser juzgados en primera instancia por una Sala distinta a la de Casación Penal, la cual conocería sólo las apelaciones.

El abogado dijo que "existe una norma de doble instancia y la decisión de la Corte Constitucional que la ordena".

"Sus señorías son competentes para resolver en apelación y no juzgamiento, ahora esa etapa le corresponde a la Sala de Primera Instancia", dijo el abogado.

Ante las inquietudes, el ponente en este caso, el magistrado Fernando Castro, le preguntó al abogado: "Si nosotros ya no somos competentes ¿quién podría hoy entonces realizar el juicio?". 

El abogado le respondió que "la norma es clara en el sentido en que debe ser una Sala Especial de Primera Instancia".

Ante esa respuesta el magistrado le recordó que esas salas no han sido aún creadas. "Usted y yo sabemos que esa sala no existe hoy. Entonces ¿qué autoridad sería competente y bajo quién permanecería su cliente privado de la libertad?", le respondió el magistrado Castro.

Los abogados afirmaron que estos procesos deberían, por ahora, ser llevados por conjueces o que se suspendan los procesos penales.

"¿Cómo vamos a nombrar conjueces de una sala que aún no existe?", preguntó el magistrado Eugenio Fernández Carlier.

El abogado de Alcibiades Vargas insistió en que aunque la Sala no existe se debe buscar el procedimiento para aplicar la doble instancia:  "Lo que yo reclamo como defensor, más allá de la funcionalidad de la Corte, lo yo quiero para mi cliente es la segunda instancia".

En ese sentido se pronunció el abogado de Trejos: "Que la sala no se haya activado no se le puede imputar a mi defendido. ¿Esa falta de previsión del legislador debe ser achacada a un ciudadano al que se le lleva un proceso penal? La respuesta es no", dijo el abogado.

La delegada de la Procuraduría afirmó en la audiencia que la Sala de Casación sigue siendo competente porque aunque la ley de doble instancia está vigente "no es una norma aplicable porque requiere implementación".

Ante las afirmaciones de los abogados de los magistrados del Meta, la Corte Suprema negó su solicitud y ratificó que "mientras no estén funcionando las Salas creadas por la nueva ley es un deber y un imperativo de la Sala de Casación Penal seguir conociendo los casos", dijo.

"No resulta admisible paralizar la justicia, porque esto derivaría en impunidad y desmotivación en la lucha contra el delito", agregó el magistrado Fernando Castro.

En ese sentido, el alto tribunal hizo un duro pronunciamiento afirmando que en diferentes momentos ya ha dicho que sigue siendo competente en las investigaciones y juicios: "La Corte muestra extrañeza frente a este debate planteado por algunos defensores puesto que públicamente desde la audiencia del caso Pretelt la Sala anunció que seguiría ejerciendo sus atribuciones funcionales mientras no hubiera un órgano de investigación y juzgamiento, pues no se podía dejar al garete la justicia. La administración de justicia no puede paralizarse", dijo el magistrado de la Sala Penal, Fernando Castro.

JUSTICIA

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