Indígena condenado a 40 años de prisión pide ir a la JEP - Cortes - Justicia - ELTIEMPO.COM
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Indígena condenado a 40 años dice ser de las Farc y pide ir a la JEP

Aunque justicia indígena se negaba a dejarlo en manos de la JEP, Corte le envió el caso.

Guardia Indígena

La tutela de Mayorga se dio contra los resguardos indígenas del Cauca y entidades estatales.

Foto:

Archivo El Tiempo

08 de octubre 2018 , 08:57 p.m.

El 29 de abril del 2013 Jhon Jario Mayorga Suárez fue condenado a 40 años de prisión por las autoridades tradicionales indígenas de San Francisco, Toribío, Tacueyó y Jambaló (Cauca), después de encontrarlo responsable del homicidio del sabio ancestral Venancio Taquinas Dagua. 

El asesinato que sacudió a la comunidad Nasa porque se trataba de un médico tradicional y un guardia indígena, había ocurrido 11 días antes, el 18 de abril, en la vereda Barondillo.

Esa vereda está ubicada en la jurisdicción del territorio étnico de Jambaló, y por los hechos siete miembros de las Farc fueron capturados en la época.  

En la decisión de los gobernadores indígenas, se ordenó dejar a Mayorga 40 años "en calidad de guardado" en un patio.  

Tras la firma del acuerdo de paz, Mayorga aseguró que en la época del asesinato él era miembro de las Farc, por lo que en mayo del 2017, cuando había cumplido 48 meses de pena, es decir 4 años, decidió presentar una tutela pidiendo que se le otorgaran los beneficios que trajo el acuerdo de paz para los miembros de la exguerrilla. 

La tutela de Mayorga se dio contra los resguardos indígenas del Cauca, la Jurisdicción Especial para la Paz, el Alto Comisionado para la Paz, el movimiento político Farc, la Asociación de Cabildos Indígenas, entre otras instituciones.

 En su recurso, Mayorga afirmó que el acuerdo determinó que quienes llevaran menos de 5 años privados de la libertad serían trasladados a las zonas veredales transitorias para permanecer allí hasta que empezara a operar la JEP, momento en el que se les daría su libertad condicionada tras suscribir un acta de compromiso. 

Pero Mayorga nunca fue trasladado, pese a que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz le dijo en una resolución del 23 de marzo del 2017 que su nombre estaba en una lista de 276 miembros de las Farc que estaban detenidos, y que debían ser trasladados a las zonas veredales. 

En el proceso, Mayorga se encontró con que la Fiscalía aseguró que las condenas de la justicia indígena las vigilan esas autoridades, por lo que el ente acusador pidió ser desvinculado del caso. 

Y las autoridades indígenas aseguraron que a Mayorga nunca lo sancionaron por ser miembro de la guerrilla, sino por el impactante caso de homicidio. 

La Jurisdicción Especial Indígena no puede ser desplazada por un mecanismo transitorio firmado en los acuerdos de paz, como lo es la JEP

Para las comunidades étnicas, el homicidio no tuvo ninguna relación con causas políticas ya que no sólo nunca se aceptó que Mayorga fuera miembro de un grupo armado, sino que además, a su juicio, no se pueden dar amnistías o indultos a los delitos de lesa humanidad. 

La comunidad étnica asegura que el crimen contra el sabio ancestral es para ellos un delito de lesa humanidad. Esto porque consideran que "la víctima era una persona indispensable para el desarrollo en la medicina tradicional, la sabiduría ancestral esencial para el buen vivir de la comunidad en conjunto, y además era protector del territorio y defensor de los derechos humanos, por lo cual su pérdida agravió a toda la colectividad". 

Las autoridades étnicas afirmaron que la jurisdicción especial indígena es un derecho fundamental que no puede ser desplazada por un mecanismo transitorio firmado en los acuerdos de paz, como lo es la JEP

En medio del proceso se dio una decisión del Consejo de Estado que había ordenado trasladar al indígena a una zona veredal, pero las comunidades se opusieron, lo sacaron de una cárcel en la que se encontraba Mayorga para trasladarlo hasta una comunidad indígena para que termine de cumplir allí su pena. A su juicio, la decisión del Consejo de Estado había vulnerado su derecho a la jurisdicción indígena. 

Además, aseguraron que las autoridades indígenas habían creado un protocolo de coordinación entre la JEP y la justicia indígena, en la que se estableció una ruta para que la asamblea comunitaria implemente un sistema transicional fundamentado en sus usos y costumbres. Es decir, según ese protocolo, son las autoridades indígenas las que deciden si les dan o no los beneficios de la JEP. 

Por eso el 20 de febrero pasado se hizo una asamblea en la vereda de Barondillo del resguardo de Jambaló, en la que la asamblea ordenó concederle los beneficios de la JEP a Mayorga, sin especificar a qué beneficios se refería. 

Corte envió el caso a la JEP y dice que es una "intervención menor" en la justicia indígena
Penas de justicia indígena

No es la primera vez que la justicia indígena condena por asesinato. Imagen de archivo.

Foto:

Archivo particular

Para resolver este asunto, la Corte Constitucional le envió el caso a la JEP, para que sea ese organismo el que evalúe si con las pruebas recaudadas se puede concluir que Mayorga fue miembro de las Farc y si su delito es o no político. 

"La jurisdicción especial para la paz es la llamada a analizar entonces, en tanto nuevo juez natural respecto de las violaciones a la ley enmarcadas en la negociación, si la causa penal a que se alude tiene algún grado de relación con la participación dle accionante en las Farc, si el caso sucedió en el contexto del conflicto armado, si hubo o no móviles políticos", dice el fallo de tutela. 

Así, la Corte concluyó que si bien la justicia indígena tiene el derecho de juzgar a Mayorga según sus usos y costumbres, al comunero se le debe respetar el debido proceso pues al ser presuntamente de las Farc, podría tener beneficios del acuerdo de paz, algo que debe definir la JEP. 

"Desde esta perspectiva, se observa que propiciar la valoración de la causa penal del actor por parte de la JEP, para que determine si tiene o no competencia, no se revela como una intromisión desproporcionada en la justicia indígena", dice la Corte. 

Para la Corte, darle a la JEP el caso de Mayorga para su evaluación es una "intervención menor, excepcional y constitucionalmente admisible en la autonomía de la jurisdicción tradicional indígena". Finalmente la Corte dijo que si la JEP admite su caso, debe desarrollar todos los mecanismos de coordinación con la justicia indígena para definir su situación jurídica. 

PAZ Y JUSTICIA

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