Gustavo Moreno implica a congresistas en cartel de la toga - Cortes - Justicia - ELTIEMPO.COM
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‘Ventilador’ de Moreno salpica a Andrade y a otros congresistas

Fiscalía dice que senador Andrade 'recomendó' a parapolítico usar 'servicios' de red de corrupción.

Gustavo Moreno

Fiscalía imputó cargos al exfiscal Gustavo Moreno para suscribir principio de oportunidad, esta audiencia se realizó en los juzgados de Paloquemao.

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Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

30 de abril 2018 , 10:00 p.m.

La reactivación de los procesos contra el exfiscal Luis Gustavo Moreno, este lunes en el complejo judicial de Paloqueamo, reveló explosivos detalles del funcionamiento de la red de corrupción en la Corte Suprema.

La Fiscalía aseguró este lunes, al imputarle cargos a Moreno –que este rechazó a la espera de que le concedan principio de oportunidad por su colaboración con la justicia–, que uno de los clientes de la red fue el saliente representante Nilton Córdoba Manyoma.

Córdoba, dice el ente investigador, se reunió con Moreno Rivera supuestamente por recomendación del poderoso senador Hernán Francisco Andrade para “buscar los servicios de la organización y dar manejo” a los procesos que tenía en la Corte.

“Acordaron una suma inicial de 800 millones de pesos”, dijo la Fiscalía, y aseguró que el polémico expresidente de la Corte Francisco Ricaurte y el suspendido magistrado Gustavo Malo definieron los términos del ‘servicio’. Moreno habría recibido por ese caso 380 millones de pesos, de los que entregó a Ricaurte 280 millones. Y por órdenes expresas de este último, Córdoba se puso en contacto con el exmagistrado auxiliar de Malo, Camilo Ruiz.

Añadió que el excongresista Córdoba Manyoma pagó otros 200 millones que fueron a parar directamente a Ruiz, quien “en contraprestación se comprometió a que la actuación que mostraba los vínculos del congresista con la oganización paramilitar no fuese enviado al ‘grupo de parapolítica’ que existía en la Corte, porque allí perderían su control”.

Igualmente, dice el expediente, se acordó ordenar una gran cantidad de pruebas cuyas fechas se definirían con Moreno Rivera para que coincidieran con otras diligencias que el abogado tuviera en su agenda, con lo que se podrían aplazar con justa causa.

Mientras que el excongresista conseguía el resto de la plata, dijo la Fiscalía, el exmagistrado Leonidas Bustos, también expresidente de la Corte y la otra señalada cabeza de la organización, lo comprometió para que respaldara “la aspiración de la abogada Cristina (Pineda) Céspedes al Consejo Superior de Disciplina judicial”, el órgano que debía reemplazar a la cuestionada Sala Disciplinaria de la Judicatura.

Martha Cristina Pineda Céspedes, esposa del exmagistrado, en efecto estuvo postulada al organismo. En el caso de la congresista Argenis Velasquez, dice la Fiscalía, se habría acordado un pago de 380 millones que se entregaron en dos contados.

La cuota, agrega el expediente, se incrementó en otros 200 millones ante la dificultad de uno de los casos, que podía terminar en captura. Esa plata iba para el magistrado Ruiz, que tenía que dilatar la investigación con conocimiento de su jefe, el magistrado Malo.

Julio Eugenio Gallardo habría pagado 300 millones de pesos para precluir una investigación en su contra. Supuestamente el excongresista desatendió las instrucciones y terminó acusado. “El señor Gallardo les exigió la devolución del dinero y ante la negativa de Leonidas Bustos, usted (en referencia a Luis Gustavo Moreno), por su cuenta, lo restituyó para no afectar la campaña a la Personería de Bogotá que usted adelantaba en ese momento”, sostuvo la Fiscalía.

En el proceso en el que aparece el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, se acordó que Bustos y Ricaurte usarían su poder para que el fiscal noveno delegado ante la Corte Alfredo Bettin, que tenía las investigaciones, siguiera en su cargo. El funcionario salió en septiembre del año pasado, en medio del escándalo. A Moreno Rivera también se le imputaron cargos por recibir plata de José Alfredo Genneco, hijo del excongresita Lucas Segundo Gnecco Cerchar, quien era procesado por corrupción.

En total se habrían pagado 150 millones de pesos. En este caso, para dilatar el proceso, el magistrado Malo “decretó pruebas no solicitadas, autorizó aplazamientos de los abogados, aceptó su renuncia como abogado, para nombrar un defensor de oficio y luego aceptar que otro abogado de su oficina asumiera el poder”.

La Fiscalía aseguró que Malo y Ricaurte movieron fichas supuestamente en favor del exgobernador Luis Alfredo Ramos y que, en contraprestación, Ricaurte recibiría apoyo a su fallida precandidatura presidencial por el conservatismo.

El mismo Moreno entregó las pruebas que sustentan el caso.

JUSTICIA
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