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Cortes

Gobierno ya trabajaba en plan para regreso de fumigación con glifosato

Así se desarrollaba la aspersión aérea de glifosato.

Así se desarrollaba la aspersión aérea de glifosato.

Foto:EL TIEMPO

Protocolo final para reanudar aspersión será presentado cuanto antes, dice Minjusticia

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Aunque este jueves la Corte Constitucional decidió no cambiar las condiciones para volver al glifosato, sí flexibilizó una de ellas y le dio al Gobierno la posibilidad de retornar a las aspersiones, pero ese regreso aún puede demorarse.
Esto, debido a que el Gobierno aún debe cumplir una serie de requisitos, como tener una regulación que considere cómo disminuir los riesgos asociados a la fumigación con este químico, y atenerse, en primer lugar, a las herramientas de las que habla el acuerdo con las Farc, como la sustitución de cultivos ilícitos y la erradicación manual, antes que asperjar con el herbicida, entre otros.
No obstante, desde hace meses el Gobierno venía trabajando en el cumplimiento de los requisitos que impuso la Corte en 2017, por lo que el trabajo, si bien no está terminado, sí está adelantado, le dijeron fuentes del Gobierno que conocen el proceso a EL TIEMPO.
Por ejemplo, desde distintos ministerios se venía adelantando el trabajo para la precaución, como la no fumigación en zonas protegidas o parque naturales ni sobre comunidades, y ya se trabajaba en una mejor tecnología de aspersión, con boquillas más precisas por las que se distribuya el herbicida, entre otras consideraciones.
De hecho, luego de que se conoció la decisión de la Corte, el Ministerio de Justicia anunció que trabajarán en el protocolo para llevar al Consejo Nacional de Estupefacientes, que permita volver a la aspersión aérea como una herramienta más contra los narcocultivos.
Y si bien la ministra de Justicia, Margarita Cabello, no dio una fecha específica para presentar este protocolo, sí ha sostenido que será lo más pronto posible, pero que primero deben sentarse a analizar todas las propuestas y el trabajo de los demás ministerios.
El objetivo, afirmó Cabello, es realizar una regulación que cumpla con lo establecido por la Corte tanto en 2017 como en la decisión de esta semana, pero que también permita avanzar “en la lucha contra el flagelo de la droga y los cultivos ilícitos”.
De otro lado, el Ministerio de Justicia tiene la función de Secretaría Técnica en el Consejo Nacional de Estupefacientes, organismo que deberá tomar la decisión final sobre la reanudación o no de las aspersiones con glifosato, por lo que esa cartera será la que convoque la siguiente sesión del Consejo.
La última reunión del organismo fue el pasado 23 de mayo, y de acuerdo con la ley el Consejo debe reunirse en pleno por lo menos una vez al mes “o cuando así lo requiera el ministro de Justicia”.

Desde distintos ministerios se venía adelantando el trabajo para la precaución, como la no fumigación en zonas protegidas o parque naturales ni sobre comunidades

Requisitos por cumplir

Si bien la Corte mantuvo los requisitos que había establecido en 2017 para reactivar el glifosato, al aclarar esta semana que la investigación científica que debe realizar el Gobierno no tiene que demostrar “certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño” por causa del herbicida, lo que debe hacer el Consejo Nacional de Estupefacientes es ponderar la evidencia científica y técnica disponible en minimización de los riesgos para la salud y el medioambiente.
Además de este requisito que antes, en palabras del Gobierno, era de imposible cumplimiento, se mantiene la condición de diseñar una regulación por parte de un órgano distinto a las entidades encargadas de ejecutar los programas de erradicación, que debe tener en cuenta los riesgos de salud y las alertas sobre posibles nuevas afectaciones.
Así mismo, se debe crear un procedimiento para recibir quejas de los ciudadanos por posibles daños causados con el químico.
También se deben hacer consultas con las comunidades étnicas que se puedan ver afectadas por una eventual fumigación, en particular con las de Nóvita, Chocó, para determinar los daños que sufrieron entre el 2013 y 2014 por las aspersiones aéreas, según lo ordenó la Corte.
REDACCIÓN JUSTICIA
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