Fernando Carrillo habla sobre lucha contra la corrupción y fallo que tumbó sanción a Petro - Cortes - Justicia - ELTIEMPO.COM
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‘Lucha contra corrupción no puede parar por recomendación de la CIDH’

Fernando Carrillo advierte que competencias de la Procuraduría están totalmente vigentes.

Fernando Carrillo, procurador general de la Nación

El procurador general, Fernando Carrillo.

Foto:

Cortesía Procuraduría

19 de noviembre 2017 , 03:11 p.m.

En entrevista con EL TIEMPO, el procurador Fernando Carrillo defendió la facultad de la Procuraduría de sancionar, incluso con inhabilidad política, a los funcionarios de elección popular que han cometido faltas disciplinarias.

Frente al fallo del Consejo de Estado que tumbó la sanción contra el exalcalde Gustavo Petro y que revivió la discusión sobre el tema (por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), Carrillo asegura que la decisión “no pretende debilitar el poder disciplinario de la Procuraduría”.

¿Están en riesgo las competencias de la Procuraduría?

Colombia le ha declarado la guerra a la corrupción y en esa tarea la Procuraduría reconoce al Consejo de Estado y a las autoridades judiciales como sus mejores aliados. La competencia del Ministerio Público para imponer sanción de destitución e inhabilidad a servidores públicos de elección popular emana de la Constitución. Creo que el fallo del Consejo de Estado reconocerá esto, pues su decisión se refiere exclusivamente al caso Petro, y será finalmente la Corte Interamericana la que determine si es preciso considerar ajustes al régimen nacional en esta materia.

El Consejo no pretende debilitar el poder disciplinario de la Procuraduría. La lucha contra la corrupción no se puede meter en el congelador por una recomendación de la CIDH. Hay que castigar a los corruptos desde los órganos de control y desde las urnas. Silenciada la guerra, el peor escenario del posconflicto es una sociedad en la que los corruptos sean intocables y a los órganos de control se les soslaye su poder sancionatorio. Ni el Sistema Interamericano ni el Consejo de Estado apuntan hacia ese objetivo.

El peor escenario del posconflicto es una sociedad en la que los corruptos sean intocables y a los órganos de control se les soslaye su poder sancionatorio

¿La Procuraduría y la Contraloría quedan con dientes contra los corruptos aun sin la facultad de inhabilitar?

El tema en revisión se limita a la posibilidad de destituir e inhabilitar a servidores públicos de elección popular que cometan faltas gravísimas. Nadie está poniendo en duda la función disciplinaria, sino advirtiendo sobre la coherencia que debería existir entre el orden jurídico interno y el régimen convencional interamericano.

La Procuraduría actúa y continuará actuando, haciendo uso pleno de sus atribuciones. La corrupción amenaza la democracia, lesiona la institucionalidad y corroe los cimientos de la sociedad. Hemos asumido con el mayor vigor la lucha contra ese flagelo, demostrando con nuestras decisiones que no hay intocables, inmunidades ni blindajes para castigar a quienes atentan contra la sociedad con sus prácticas corruptas. Nada impedirá que sigamos adelante.

¿Qué consecuencias tendría no acoger lo dicho por la CIDH?

Colombia es respetuosa del ordenamiento jurídico internacional. En este asunto, el Estado tendrá que desplegar los procedimientos frente a las recomendaciones de la Comisión y, en últimas, se sometería a las decisiones que más tarde llegue a adoptar la Corte Interamericana. Estoy avanzando ya en un diálogo muy fructífero con las instancias del Sistema Interamericano.

No nos anticipemos a los acontecimientos. Estoy atento a conocer el texto completo de la sentencia del Consejo de Estado y a ilustrar a la Comisión y en su momento a la Corte sobre la naturaleza de la función disciplinaria en Colombia y a la forma en que operan la Procuraduría y la Contraloría en un Estado social de derecho. Este fallo no nos va a descarrilar de nuestra ruta.

Hoy más que nunca los colombianos reclaman una Procuraduría Ciudadana fuerte, legítima, que ahonde en una cultura de la ética pública. Vencer la corrupción es una tarea prioritaria en la Colombia del posconflicto. He insistido en que recuperamos la ética o el país se derrumba. El debilitamiento de la Procuraduría nunca será una buena noticia para la democracia. Lo peor que nos podría pasar como sociedad es que venzamos a los violentos y seamos derrotados por los corruptos.

¿El fallo de la Corte sobre la JEP resuelve las dudas frente a los candidatos de las Farc?

La Corte aclaró que estas personas están habilitadas para ejercer la política, pero dicho beneficio se mantendrá siempre y cuando ellos cumplan con las condiciones de aportar a la verdad, la justicia, la reparación. Todavía no hemos recibido solicitudes de antecedentes en estos casos. He dado instrucciones para dar aplicación a esta decisión de la Corte Constitucional, en lo que se refiere a la expedición de antecedentes.

¿Quedó satisfecho con la participación de la Procuraduría en la JEP?

Totalmente. Es un inmenso logro, en términos de la defensa de los derechos de las víctimas, el que la Corte haya declarado inconstitucional la limitación a la intervención de la Procuraduría ante la JEP. Podemos actuar en los términos previstos originalmente en la Carta Política. Seremos defensores de los derechos de las víctimas.

¿El destape de los escándalos de corrupción producirá la catarsis que el país necesita?


Sin el humo de la guerra se ve el estruendo de la corrupción. Debe haber conciencia de que lo que está en juego es el futuro de la democracia, amenazada por el populismo y el autoritarismo. En las audiencias ciudadanas que hemos realizado he constatado la decisión de los colombianos de castigar en las urnas a los corruptos. Hay una sed de justicia. Por eso insisto en que es el momento para que la justicia se autorreforme y se autorregule y evite que en un país fracturado llegue una constituyente y ponga este país patas arriba.

Es el momento para que la justicia se autorreforme y se autorregule y evite que en un país fracturado llegue una constituyente y ponga este país patas arriba

¿Cree que la paz puede estar en riesgo por la virulencia que se prevé en la campaña presidencial?

Hay que garantizar los acuerdos y cumplirlos. La Procuraduría está alerta para que ello ocurra. Por desgracia, el camino está lleno de obstáculos. Nadie se imaginó que la polarización hiciera tanto daño en el proceso de implementación de los mismos. El gran reto es impedir que la campaña política se convierta en un escenario para destrozar los acuerdos, ahondar la polarización y aumentar las brechas entre los colombianos.

La Procuraduría espera que esta sea una campaña de ideas y no de agresiones, de lucha de ideas y no guerra de chequeras. Vamos a estar muy atentos para garantizar plena imparcialidad de las autoridades públicas y lograr que en los tarjetones no estén candidatos manchados de corrupción o sangre.

¿Qué hacer con Medimás?

Hay que hacer una reflexión muy profunda sobre el modelo de salud, mucho más allá de Medimás. En eso es en lo que debemos pensar, lograr consensos, construir a partir del diálogo incluyente y participativo, llegar a soluciones reales de corto, mediano y largo plazo. La salud de los colombianos está cada vez en mayor riesgo y llegó la hora de afrontar el problema.

Con respecto al tema de Medimás, si esta entidad llegase a salir del sistema de salud, el mismo debería tener la capacidad de asumir los afiliados de esta EPS para garantizar su derecho fundamental a la salud. No es admisible que el Sistema esté estructurado sobre la base de una empresa privada cuyo origen y operación ha generado tantas dudas, preocupaciones e inconvenientes. La Procuraduría revisa con mucho detalle las consecuencias operativas, administrativas y jurídicas de los incumplimientos que se han presentado a la fecha y evalúa las disposiciones legales que rigen este tipo de casos.

El Sistema de Salud colombiano no puede depender de una EPS y debe estar preparado para atender a todos los colombianos. La Procuraduría defiende a ultranza el derecho fundamental a la salud de los colombianos y no permitirá que se ponga sobre éste, el interés de algunos en proteger un negocio privado que no representa ningún beneficio para los colombianos ni para el sistema de salud.

Ustedes recibieron el expediente del gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, por el cartel de la hemofilia ¿En qué va el caso? ¿Podría llegar a ser suspendido?


Hemos iniciado un proceso de indagación preliminar para allegar las pruebas que soporten los hallazgos de la Contraloría, respecto al gobernador de Córdoba. Hay que esperar el curso del proceso, que avanza en medio de plenas garantías, sin generar expectativas de justicia exprés ni mediática. Ya vendrán decisiones contundentes pronto. En lo que sí quiero ser enfático es en que la Procuraduría va a detener el desangre de los recursos de la salud, que se ha ido a chorros en las manos de los inescrupulosos en muchas regiones del país.

¿Y la reforma de la justicia? ¿Cree que este Gobierno tiene el aire para sacarla adelante?


Una reforma a la justicia demanda previamente un pacto de Estado y sociedad; este no es un tema de un gobierno o de pocos. Por eso hemos llamado desde la Procuraduría a todas las fuerzas vivas para que aporten y se pronuncien al respecto, lo que nos permitirá construir un consenso en materia tan delicada. Empezamos ya el proceso, que es irreversible, a pesar de la turbulencia electoral. La justicia tiene cada día mayor conciencia del enorme rechazo ciudadano por los lamentables casos de corrupción. Hay que actuar para impedir que a nombre de una mejor Justicia se convoque una impredecible Constituyente.

¿Hasta dónde, según las investigaciones de la Procuraduría, llegó la corrupción del Canal Isabel II en el país?


Este es un escándalo de nivel nacional e internacional, que el país bien conoce. En este momento la investigación de la Procuraduría esta centrada en los funcionarios de la empresa que tenían a su cargo el manejo de recursos públicos, sin perjuicio de que se vinculen otros particulares o funcionarios públicos. Esperamos muy pronto anunciar al país decisiones de fondo al respecto, adicionales a la suspensión del contrato de asistencia técnica entre Inassa y la Triple A. La cooperación judicial con España es crucial para que se descubra la dimensión de corrupción colombiana en este caso.

¿En qué van las investigaciones de Odebrecht? ¿El exdefensor del Pueblo Jorge Armando Otálora? ¿Comunidad del Anillo?

Todas avanzan a buen ritmo, en el marco del debido proceso y las garantías legales. En el caso Odebrecht se presentó una acción popular en defensa del interés colectivo, que ha permitido facilitar la solución y continuidad de importantes obras esenciales para el desarrollo. Hemos avanzando en el objetivo del Ministerio Público: que esa empresa salga de los proyectos y cubra todos los perjuicios causados. Le hemos pedido a la Fiscalía la extinción del dominio de los bienes de Odebrecht, de sus acciones y participaciones en empresas o negocios contaminados. Colombia no es, ni será, paraíso para empresas con unidades de operaciones estructuradas para el soborno. Los bienes de los corruptos son un objetivo estratégico de los órganos de control.

Colombia no es, ni será, paraíso para empresas con unidades de operaciones estructuradas para el soborno

Hemos abierto investigaciones disciplinarias, además, a los representantes legales que obraron a nombre de Odebrecht, y avanzamos en formulación de investigación y pliego de cargos a responsables de todos los niveles de la administración, incluidas las indagaciones contra ex ministros, congresistas y altos funcionarios. Investigamos el efecto de los aportes hechos por Odebrecht a campañas políticas. Esperamos escuchar a los vinculados en versión libre en los próximos días. Además se evalúan pliegos de cargos por la responsabilidad en el caso Banco Agrario y se adelanta la etapa instructiva por el otro si en la vía Ocaña-Gamarra.

En el caso del exdefensor del Pueblo Jorge Armando Otálora se revocó parcialmente el archivo del proceso y se ordenó continuar con la actuación disciplinaria, ordenando pruebas solicitadas por el apoderado. En el caso de la llamada ‘Comunidad del Anillo’ el proceso sigue abierto, cumpliendo sus etapas procesales.

JUSTICIA
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