Entrevista a Luis Guillermo Vélez sobre consultas populares - Cortes - Justicia - ELTIEMPO.COM
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‘Hay que volver a la concertación entre Nación y regiones’

Luis Guillermo Vélez dice que consultas populares no pueden imponer su posición.   

Luis Guillermo Vélez

Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

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EL TIEMPO

11 de abril 2018 , 09:39 p.m.

Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, dice que la Corte debe volver a la posición del 2014, de conciliación entre los intereses de la Nación y de los territorios.

En Cajamarca, donde se llevó a cabo la primera consulta popular para prohibir la minería, la economía colapsó

¿Cuál es la posición con la que el Gobierno llega a la Corte?

Que se restablezcan los mecanismos para que se dé esta armonía. Debe darse un proceso de concertación entre el Gobierno Nacional, las autoridades y comunidades locales y, eventualmente, las compañías que vayan a explotar estos recursos. La voluntad de unos no se puede imponer sobre la voluntad de los otros. La Corte Constitucional en la sentencia C-123 del 2014 fijó los parámetros de esta armonización y concertación entre el nivel nacional y territorial.

¿Cuál ha sido el impacto de las consultas populares en este tema?

Lamentablemente, algunas de estas consultas han sido politizadas. Algunas veces, las comunidades acaban siendo motivadas a participar en consultas cuyas consecuencias acaban siendo nefastas. Todos conocemos el caso de Cajamarca. Allí, donde se llevó a cabo la primera consulta popular para prohibir la minería, la economía colapsó. Hay una crisis social y económica derivada de la decisión que se impuso en la consulta, porque la empresa que se fue era el principal generador de empleo en la región.

¿Esta no es una elección entre agua o petróleo?

Esa es una falsa dicotomía porque la explotación de hidrocarburos o recursos mineros se debe hacer en todos los casos con pleno cumplimiento de la ley, empezando por las normas ambientales. Las empresas deben cumplir con todos los estándares ambientales, que de por sí son muy estrictos.

¿El Gobierno plantea volver a la época en la que la Nación mandaba sobre el subsuelo?

No, en absoluto. No creemos que sea apropiado volver a una situación en la que el Estado central podía imponer su voluntad sobre los entes territoriales. Pero tampoco creemos que tenga la potestad unilateral la entidad territorial. Debe haber una armonía, un balance. No debe imponerse la voluntad del uno sobre el otro. Aquí lo importante es que no puede haber en Colombia Estado social de derecho sin los recursos minero-energéticos: simplemente no es posible. Es la explotación de los hidrocarburos y las minas lo que permite financiar el gasto social del Estado colombiano. No puede haber un servicio de salud universal, ilimitado, sin los recursos del petróleo. No puede haber educación universal sin recursos de petróleo. No podemos tener programas sociales como el Sisbén, o los de subsidios, o el PAE, sin petróleo o sin minas.

Nos habla de herramientas y requisitos ambientales que todas las empresas mineras o petroleras deben cumplir, pero también hay muchos informes de la Corte y de la Contraloría que cuestionan el cumplimiento de esos requisitos. Por ejemplo, se cuestiona a las CAR que no cumplen su papel. ¿Qué alternativa le queda a la gente cuando siente que una actividad minera o petrolera le está afectando?

Existen numerosísimos recursos para poder hacer cumplir la normatividad ambiental, laboral, las normas de responsabilidad social empresarial. Hay muchísimas herramientas, algunas que inclusive la Corte Constitucional habilita. Recientemente hemos tenido fallos en contra del Cerrejón donde se le impone tomar una serie de medidas para mitigar impactos, y así hemos tenido varios casos. Hay herramientas legales, acciones judiciales, que además funcionan.

Yo creo que el sistema de control jurídico que hay en Colombia es bastante sofisticado, con bastante efectividad, pero además existen mecanismos de participación ciudadana muy importantes que no necesariamente tienen que cursar el camino de la consulta popular que acaba simplemente en algunos casos en politización y en decisiones apresuradas como la de Cajamarca.

Es la explotación de los hidrocarburos y las minas lo que permite financiar el gasto social del Estado colombiano

¿En el daño económico, aparte de los 230.000 millones, qué tanto es el hueco que se ha abierto?

Ese es el daño cuantificado causado. Pero aquí lo importante es que no puede haber en Colombia Estado social de derecho, como lo hemos planteado sin los recursos minero-energéticos, no es posible. Es la explotación de los hidrocarburos y las minas lo que permite financiar el gasto social del Estado colombiano. No puede haber un servicio de salud universal, ilimitado, sin los recursos del petróleo. No puede haber educación universal sin recursos de petróleo. No podemos tener programas sociales como el Sisbén, o los de subsidio que administra el DPS, o el PAE, sin petróleo o sin minas. Es muy importante ser conscientes de eso. Sin esas regalías, sin esos 12 billones de pesos que es la renta minero-petrolera de Colombia, no es posible sostener el Estado social de Derecho. Tampoco es posible reemplazarlo en el corto o mediano plazo, por lo menos durante los próximos 25 años el Estado Colombiano será dependiente de este tipo de actividades.

Otra de las preguntas de la Corte es cómo lograr una mejor redistribución de las regalías, y qué tanto efecto tienen en las regiones, ya que en algunas de las zonas donde hay más minería o petróleo, la pobreza se mantiene.

La reforma constitucional del 2011 buscaba repartir estos recursos en todo el país. Pero también hay una reflexión que se hace en las autoridades locales que hay que tener en cuenta. Ellos dicen que asumen los costos, porque evidentemente hay costos de la explotación, y no reciben en proporción los beneficios de todo esto. Hay que tener en cuenta que no sólo son beneficios monetarios sino también de empleo.

Cuando usted le pregunta a la gente en Colombia cuál es su principal problema, invariable en las encuestas aparece que el empleo es uno de ellos. En muchos de estos lugares la única fuente de empleo realmente digna y masiva es la actividad extractiva.

Hay que asegurarse que esa actividad se pueda dar para generar beneficio para las comunidades y empleo. De lo contrario simplemente habrá crisis sociales y nuevamente me refiero a Cajamarca, donde el alcalde ha salido de una manera pública a decir que hay una crisis social en el departamento generada por la salida de la zona de Anglo Gold Ashanti, que se fue una vez se prohibió la minería en ese municipio.

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