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Cortes

Fallo clave para denuncias de acoso y violencia en universidades

Manifestación contra el acoso sexual, realizada el 12 de noviembre de 2017 en Hollywood.

Manifestación contra el acoso sexual, realizada el 12 de noviembre de 2017 en Hollywood.

Foto:AFP / Mark Ralston

Corte exhortó al Mineducación para que establezca lineamientos en centros educativos.

En el fallo que ordenó el reintegro de la profesora Mónica Godoy, quien denunció casos de acoso sexual, la Corte Constitucional exhortó al Ministerio de Educación Nacional para que establezca lineamientos en las instituciones de educación superior para frenar los casos de acoso laboral o de violencia sexual y de género que suceden al interior de las mismas.
El Ministerio de Educación señaló ante el alto tribunal que “no existe una normativa específica que en el sector educativo regule directamente el tema del acoso laboral y la violencia sexual”. No obstante, Mineducación advirtió que en el Índice de Inclusión en la Educación Superior (INES) se fijan pautas y recomendaciones que deben tener las instituciones de educación superior.
Sobre el tema, la Corte Constitucional advirtió que los lineamientos de Mineducación deben estar orientados a “los deberes y obligaciones de las universidades, instituciones técnicas y tecnológicas en relación con los casos de acoso laboral o de violencia sexual y de género que suceden al interior de las mismas; y las normas y estándares que regulan la atención de casos de posible discriminación en razón de sexo o género en contra de estudiantes y docentes en los centros de educación superior”.

"Con esos lineamientos hay mayor protección para los grupos que buscan denunciar un caso de agresión"

La abogada Lilibeth Cortes, quien representó a la profesora Mónica Godoy en el trámite de la tutela, señala que aunque las universidades siguen teniendo autonomía, se impulsa al Ministerio de Educación para que cree unos lineamientos que permitan a las universidades tener protocolos más claros y acordes a lo que se necesita.
Cortés agrega que con esos lineamientos “hay mayor protección para los grupos que buscan denunciar un caso de agresión y para las mujeres y estudiantes de los centros educativos, independientemente de si son públicas o privadas”.
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