Demanda pide que médicos privados también puedan dar dictamen para casa por cárcel por enfermedad - Cortes - Justicia - ELTIEMPO.COM
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Debate sobre requisito para conceder casa por cárcel por enfermedad

Demandan norma que exige concepto de Med. Legal para detención domiciliaria por razones de salud.

Cárceles

En Colombia hay casi 38.000 sindicados en detención intramural preventiva.

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Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
08 de enero 2019 , 08:17 a.m.

En la actualidad, en Colombia más de 28.000 personas que han sido sindicadas de delitos pero aún no han sido condenadas están detenidas en sus casas, mientras que casi 38.000 están en la misma situación jurídica pero en una cárcel.

Una de las causales para que a los últimos les cambien la medida de aseguramiento intramural por domiciliaria es si están gravemente enfermos; sin embargo, según el Código de Procedimiento Penal, esto únicamente pueden certificarlo “médicos oficiales”, que se entiende como aquellos que trabajan en Medicina Legal, pues es la institución que tiene dentro de sus funciones la realización de dictámenes para jueces, fiscales, Policía Judicial, Defensoría y las demás autoridades.

Esto es lo que ahora debe estudiar la Corte Constitucional, que debe decidir sobre una demanda que dice que el numeral 4 del artículo 314 del Código (Ley 906 del 2004) vulnera los derechos a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y las garantías judiciales.

El demandante es el abogado penalista Jaime Granados Peña, quien dice que el hecho de que los únicos médicos que pueden certificar un estado grave de salud de investigados solo sean los de Medicina Legal, instituto que está adscrito a la Fiscalía, implica un grado de subordinación frente al ente acusador.

El único medio de prueba para demostrar el estado de enfermedad del investigado (…) es el dictamen de médicos oficiales que prestan sus servicios en una entidad adscrita a la contraparte de la defensa

Esto, dice Granados, va en contra de la igualdad de armas procesales porque “el único medio de prueba con que cuenta la defensa para demostrar el estado de enfermedad del investigado (…) es el dictamen de médicos oficiales” que prestan sus servicios en una entidad “adscrita a la contraparte de la defensa”.

Al respecto, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, en el concepto enviado a la Corte, dice que si los “médicos oficiales” son solo los de Medicina Legal, sí se afectarían derechos, y expresa que la defensa también debería poder acudir a peritos particulares, siempre y cuando cumplan los requisitos de acreditación exigidos.

Para la Universidad, “negar la posibilidad a la defensa, inclusive a la Fiscalía, que acudan a los servicios de médicos forenses particulares para acreditar sus proposiciones fácticas y jurídicas, iría en contravía de la esencia” del Código de Procedimiento Penal “frente al derecho y deber que tienen las partes de probar sus proposiciones y en el caso del imputado o acusado, se afectaría su derecho a la defensa, lo que se deriva en una afectación al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, garantías de raigambre constitucional”.

Por ello, la Universidad le solicitó a la Corte declarar la constitucionalidad condicionada de la norma en el entendido de que también se pueda acudir a médicos privados para acreditar el estado grave de salud al solicitar la sustitución de la detención preventiva en cárcel.

Sin embargo, varias entidades se han opuesto a lo expresado por Granados.

En su concepto enviado a la Corte, la Procuraduría afirma que el dictamen emitido por Medicina Legal sobre la salud de los afectados con detención preventiva es un apoyo a la administración de justicia y no genera un desequilibrio en el desarrollo del proceso penal.

Negar la posibilidad
a la defensa, inclusive a la Fiscalía, que acudan a servicios de médicos forenses particulares (...) afectaría el derecho a la defensa del imputado o acusado

El concepto médico –dice la Procuraduría– es uno de los medios de prueba que el juez debe considerar para fundamentar su decisión y es el funcionario judicial quien debe velar por que las condiciones de reclusión sean compatibles con el estado de salud del detenido.

En el mismo sentido, el órgano de control aseguró que el dictamen pericial para la detención domiciliaria se limita a determinar si existe un estado de salud grave y no está relacionada con el objeto de la investigación penal, por lo que para la Procuraduría no se vulnera la igualdad.

El Ministerio de Justicia también se pronunció en contra y expresó que no se vulnera la igualdad de armas procesales, pues este es un principio que se aplica en los aspectos probatorios que buscan determinar si el indiciado o imputado incurrió en los delitos de los que es señalado.

Dice el Ministerio de Justicia que el hecho de que los médicos que dictan el concepto trabajen en Medicina Legal no les resta autonomía ni transparencia. En su concepto, también argumenta que no son los médicos los que determinan si se debe conceder la detención domiciliaria sino los jueces.

La determinación de una grave enfermedad no puede tomarse como un criterio de defensa de los cargos por los cuales se investiga o por los cuales ha sido imputada una persona

Por ello, desde esa cartera le pidieron al alto tribunal mantener la ley tal y como está, pues “no vulnera ningún interés fundamental ni atenta contra los principios superiores consagrados en la Constitución Política, teniendo en cuenta que la determinación de una grave enfermedad no puede tomarse como un criterio de defensa de los cargos por los cuales se investiga o por los cuales ha sido imputada una persona”.

La palabra final la tendrá la Corte Constitucional, la demanda ya está –por reparto– en el despacho de la magistrada Diana Fajardo, quien deberá elaborar una ponencia para presentarla a sus compañeros.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET

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