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Cortes

Los puntos de la reforma a la justicia que no les gustan a las Cortes

Hubo varias reuniones entre el Presidente, la Ministra de Justicia y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para dialogar sobre proyecto de Reforma a la Justicia.

Hubo varias reuniones entre el Presidente, la Ministra de Justicia y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para dialogar sobre proyecto de Reforma a la Justicia.

Foto:Ministerio de Justicia

Fuentes de los altos tribunales manifestaron que no hubo consenso en reforma llevada al Congreso.

Milena Sarralde
Aunque el 14 de agosto pasado, en un primer encuentro con las cabezas de la justicia, la ministra de esa cartera Gloria María Borrero dijo que el proyecto de reforma a este sector sería conversado con las altas Cortes, lo cierto es que fuentes de esas corporaciones aseguran que en el proyecto que se presentó este jueves no hubo un consenso. 
El consenso se veía necesario ya que la última reforma a la justicia -la del equilibrio de poderes- no tuvo en cuenta a las altas cortes y terminó cayéndose en la Corte Constitucional casi en su totalidad. 
Fuentes consultadas por EL TIEMPO afirman que, aunque en los últimos cinco martes se hicieron varias reuniones con la Ministra de Justicia y las cabezas de la Corte Suprema, Constitucional, Consejo de Estado y Judicatura, el proyecto debatido dista mucho en varios puntos del que fue presentado este jueves. 
Así, afirman que mientras lo que se buscaba era una reforma que resolviera los problemas de acceso a la justicia en el día a día de la ciudadanía, "el proyecto se dedica a golpear a los magistrados, en lugar de traer más recursos para la Rama, mejorar el gobierno y la administración de la justicia", indicó un magistrado. 
Los togados también sienten que el régimen de inhabilidades los perjudica. Por ejemplo, la norma que les impide "recomendar a personas para ejercer cargos en órganos de control o en la Rama Ejecutiva". También, la que les impide litigar "directa o indirectamente ante su jurisdicción o postularse a cargos de elección popular, dentro del término de cuatro años". 
"Mientras a algunos altos exfuncionarios los nombran en cargos altos tras salir de sus funciones de poder, como en ministerios y en organismos internacionales como la OEA, a los magistrados nos obligan a estar como profesores o nos apartan de la vida pública, o nos tratan como si tuviéramos una enfermedad contagiosa", afirmó un magistrado. 
Altas fuentes aseguran que la reforma le quita dignidad a la magistratura de estas corporaciones, pues "nos tratan como si tuviéramos una enfermedad contagiosa. Ahora no podemos recomendar a nadie. Esto es negar la naturaleza de las cosas", dijo una alta fuente. 

Mientras a algunos exfuncionarios los nombran en cargos altos, como en la OEA, a los magistrados nos apartan de la vida pública, nos tratan como si tuviéramos una enfermedad contagiosa

Y si bien algunos sectores como en el Consejo de Estado están de acuerdo con que se les quiten a los altos tribunales las funciones electorales, magistrados de la Suprema y la Corte Constitucional consideran que esas elecciones no tendrán más garantías en el Congreso, "en donde hay fuertes intereses políticos". La reforma les quita las facultades para elegir Procurador, Auditor General y Registrador y deja esa responsabilidad en el legislativo.  
Algunos magistrados consultados sienten, además, que el proyecto trae un grave recorte al derecho a la tutela. "Si alguien no está de acuerdo con un fallo de tutela, y no lo hace saber en los 30 días siguientes, su caso se queda por fuera de cualquier revisión. Esto va en contravía de la realidad del país y de las razones por las que se presentan tutelas a destiempo", dijo un magistrado. 
Tampoco cayó bien en las Cortes que el proyecto establezca que sus decisiones sólo podrán ser comunicadas cuando los fallos sean firmados, y no ante comunicados de prensa. Muchas veces decisiones claves se conocen a través de los comunicados y los resúmenes de las relatorías, ya que si bien hay consensos sobre cómo deben salir los fallos, los proyectos toman tiempo en su redacción.
Además, generó malestar que el proyecto les exija cinco años de experiencia en la Rama Judicial, dejando por fuera, a juicio de los altos funcionarios de las Cortes, a magistrados que han venido del sector académico. 
Magistrados del alto tribunal aseguran que, si mantienen estas inconformidades de forma generalizada en las Cortes, acudirán ante el Congreso para presentar sus objeciones al trámite del proyecto.
JUSTICIA
Milena Sarralde
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