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Corte interviene por estudiantes expulsados o que perdieron materias

El alto tribunal concluyó que la autonomía de los centros educativos tiene límites. 

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La Corte Constitucional aseguró que las universidades y colegios deben respetar el debido proceso antes de emitir sanciones. 

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Por: Milena Sarralde Duque
02 de abril 2019 , 01:43 p.m.

Al estudiar tutelas distintas la Corte Constitucional intervino a favor de tres estudiantes que fueron sancionados por la universidad o por el colegio en el que estudiaban, lo que llevó a que perdieran una materia o fueran expulsados. 

En estas decisiones la Corte aseguró que si bien es cierto que al entrar a centros educativos los estudiantes adquieren deberes, tanto académicos como disciplinarios, esas obligaciones deben estar claramente señaladas en los estatutos. Y ante posibles vacíos en los reglamentos educativos, las instituciones deben interpretar esos huecos de forma favorable para sus estudiantes.

Aunque las universidades son autónomas para definir sus estatutos, filosofía, organización interna, su dirección ideológica, esa autonomía, según la Corte tiene algunos límites pues no se puede actuar de forma arbitraria.

Uno de esos límites implica que para imponer sanciones, las faltas deben estar previamente determinadas en el reglamento, deben sujetarse a un debido proceso y al derecho a la defensa de los estudiantes.

Para asegurar ese debido proceso en las sanciones universitarias y escolares, dice la Corte, las instituciones deben tomar decisiones justas, razonables y proporcionales lo que significa que deben estudiar cada caso concreto para entender el contexto.

Los centros educativos, además, deben tener en cuenta los derechos a la libertad de expresión de sus estudiantes ya que las aulas son espacios de deliberación y crítica, así como de intercambio de ideas. Por esto, la Corte Constitucional asegura que las universidades y colegios deben proteger los mensajes que formulen profesores y estudiantes y que constituyan críticas o cuestionamientos a las políticas académicas, laborales, administrativas y de convivencia, “por molestos o chocantes que sean”.

La Corte asegura entonces que adelantar procesos disciplinarios contra estudiantes para sancionar sus críticas contra políticas académicas o administrativas, “entraña una censura implícita para la comunidad universitaria en general”.

Además, el alto tribunal asegura que las sanciones en los colegios no son un instrumento de retaliación, sino que deben ser entendidas como medios y oportunidades para facilitar la educación de los alumnos y fomentar sus potencialidades.

Esto significa que si bien los colegios pueden expulsar a estudiantes por mal rendimiento académico o disciplinario, estos procesos deben ser regidos por el manual de convivencia, y deben tener en cuenta un diálogo con las diferentes instancias académicas y administrativas para identificar los problemas del alumno y orientarlo hacia alternativas que le permitan avanzar en su formación.

Y aunque en los casos de estudiantes mayores de edad las medidas pueden ser más rigurosas, la Corte dice que los colegios deben respetarles el debido proceso, y deben tener en cuenta el contexto en el que cometen una falta, sus condiciones personales y familiares, y los efectos prácticos que una sanción pueda tener para el futuro de un joven.

Perder la materia pese a viajar 4 horas para llegar a clase: el caso de Lorena Díaz
pruebas Saber 11

La Corte asegura que las universidades deben tener en cuenta las circunstancias particulares de sus estudiantes. 

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El primer caso se dio por una tutela que presentó Jansely Lorena Díaz Muñoz en contra de la Universidad Manuela Beltrán. En su tutela la joven aseguró que es estudiante de ingeniería biomédica, programa al que llegó a través de un crédito beca para los mejores bachilleres. Esa beca le fue ofrecida por la Secretaría de Educación de Bogotá por haber obtenido el puesto número 12 a nivel nacional en las pruebas Saber 11.

La joven vive en zona rural de Ciudad Bolívar, en la vereda Mochuelo Bajo, que limita con la localidad de Sumapaz. Debido a que su vivienda se encuentra tan lejos ha tenido muchos problemas con el transporte público, lo que hace que para poder asistir a las clases tenga que salir con entre 3 y 4 horas de anticipación para poder llegar a tiempo.

Pese a su esfuerzo para no retrasarse, Díaz aseguró que no siempre ha logrado llegar puntual a sus clases. Aunque muchos profesores comprendieron su situación, en el primer semestre del 2018, cuando hacía un curso en Laboratorio de Equipos Diagnósticos, tuvo siete fallas en esa materia. En una de esas fallas llegó 18 minutos después de que inició la clase, por lo que el profesor se lo catalogó como una nueva inasistencia que superaba lo permitido, lo que hizo que perdiera la materia pese a haber aprobado todos los exámenes y trabajos.

Para poder mantener su beca, Díaz debe tener un promedio mínimo de 3,5 durante cada semestre de su carrera y terminarla en el tiempo establecido para que la deuda quede condonada. Así, al perder la materia su promedio bajó a 3,2 por lo que podría perder la beca de la que es beneficiaria, lo que la afecta ya que no tiene ingresos para pagar una universidad privada y terminar los dos semestres que le faltan. 

A pesar de que elevó varios recursos en la Universidad, ni el Consejo Académico, ni el Programa de Ingeniería Biomédica pudieron resolver su situación. Incluso, la Defensoría del Pueblo intercedió por la joven pero la respuesta de la rectoría de la Universidad tampoco fue satisfactoria pues el centro educativo le informó que las decisiones que se habían tomado hacían parte del reglamento y estatutos de la Universidad a los que ella había aceptado ceñirse.

Al estudiar su caso, la Corte dijo que la Universidad Manuela Beltrán vulneró su derecho a la educación y al debido proceso ya que la materia que perdió era de tipo práctico y el reglamento de la institución, aunque es claro sobre las inasistencias a los cursos teóricos, y los teórico-prácticos, nada dice de los que son exclusivamente prácticos. Además, dice la Corte, la institución no tiene instrucciones específicas para los casos en los que se llega tarde a clase, por lo que no está regulado un tiempo máximo de espera o las consecuencias a partir de fallas reiteradas.

Pero más allá de lo normativo, la Corte Constitucional aseguró que la Universidad no tuvo en cuenta la situación especial de Díaz, debido a sus problemas de movilidad. “Al tomar una decisión que no se ajusta a la realidad, la Universidad vulneró sus derechos”, dice la Corte.

Al tomar una decisión que no se ajusta a la realidad, la Universidad vulneró sus derechos

Para el alto tribunal la aplicación que la Universidad hizo del reglamento es en extremo rigurosa pues no tuvo cuenta que la estudiante vive lejos, en una zona donde sólo hay una vía de acceso y donde la movilidad es limitada. Tampoco pensó que si la joven perdía la materia, podía perder la beca de la que es beneficiaria por ser una de las mejores bachilleres de su promoción.

La Corte aseguró que en ningún momento está avalando que la estudiante se descuide en su rendimiento académico, pues debe cumplir con todas sus obligaciones y es su responsabilidad asistir puntualmente a las clases, sin embargo, en este caso se debió considerar su situación particular. 

Por esta razón la Corte le ordenó a la Universidad modificar su nota en la asignatura perdida, y modificarla por un 3,86 de acuerdo con el reporte parcial de calificaciones que tenía, es decir, darle la nota que habría obtenido si no la hubiera perdido por las faltas.

Perder la matrícula por criticar a la universidad en medios de comunicación: el caso de Darío Ospina
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El alto tribunal aseguró que las universidades deben garantizar el derecho a la libertad de expresión. 

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La segunda tutela es de Hernán Darío Ospina Reyes contra la Universidad Santiago de Cali porque consideró que vulneraron su derecho a la libertad de expresión, protesta y educación.

Según el joven, que cursaba tercer semestre de derecho en ese centro educativo, a mediados del 2017 la Universidad tomó la determinación de cambiar algunas clases presenciales por sesiones virtuales. Esto llevó a que Ospina le diera una entrevista a un noticiero local en la que se mostraba inconforme con esas clases virtuales.

En septiembre de ese año el Consejo de la Facultad de la Universidad le abrió una investigación por considerar que sus afirmaciones eran mentirosas y habían afectado el buen nombre de la institución. Un mes después la Universidad decidió sancionarlo cancelándole la matrícula por dos periodos académicos.

Aunque el joven dijo que las declaraciones que dio en el medio se hicieron bajo su derecho a la libertad de expresión, y que sus afirmaciones no fueron calumniosas ni injuriosas, la Universidad no aceptó sus reclamos.

Al estudiar su tutela, la Corte Constitucional le dio la razón y aseguró que la libertad de expresión es un derecho protegido, a menos que se trate de un discurso de odio, que incite a la violencia o la discriminación. Por eso, el alto tribunal asegura que el mensaje que difundió Ospina en un medio de comunicación está protegido por su derecho a la libre expresión.

“La Corte toma nota de que los discursos que se caractericen por un tono y lenguaje fuerte son parte natural de los espacios comunitarios. Permitir la censura y la exclusión de los usos discursivos implica que cada día crezca la ausencia de diálogo”, dijo el alto tribunal, afirmando que Ospina no hizo imputaciones deshonrosas o punibles contra la universidad, sino que simplemente dio su opinión crítica frente a un cambio académico. Así, para la Corte, intentar sancionarlo por dar su opinión crítica frente a una política académica constituye una censura.

Con estos argumentos la Corte dejó sin efectos las decisiones que le cancelaron la matrícula a Ospina y le ordenó a la Universidad Santiago de Cali su reintegro inmediato. También le ordenó darle vías de nivelación académica para ponerlo al día en las materias que dejó de recibir debido a la sanción.

Además, el alto tribunal le advirtió a la Universidad que “se abstenga de restringir la libertad de expresión de los estudiantes de dicha institución y de todos aquellos que hagan parte de la misma y evite que sus decisiones vulneren derechos fundamentales escudados en la aplicación del principio de autonomía universitaria”.

Ser expulsado sin un proceso previo: el caso de Juan Diego Suaza

La última tutela que estudió la Corte es la de Juan Diego Suaza Gutiérrez, de 19 años, a quien la Institución Educativa Normal Superior, de Pasca (Cundinamarca) no le permitió matricularse en el 2018 para cursar el año décimo.

Como no pudo matricularse el joven fue remitido a la coordinadora, quien le sugirió cambiar de institución argumentando que era lo mejor por sus problemas de convivencia. Aunque Suaza aseguró que nunca fue informado de un proceso disciplinario en su contra, ni de la expulsión o la matrícula condicional, la institución no volvió a vincularlo.

El colegio aseguró ante la Corte que se le había recomendado cambiar de colegio debido a que tenía diferentes faltas en el manual de convivencia, como evadir clases, llegar tarde, hacer copias durante las evaluaciones de química, y no llevar a sus acudientes a las reuniones.

En el proceso, Juan Diego Suaza aceptó que su desempeño académico no era el ideal, y dijo que esto se debía a problemas personales. También afirmó que no tenía los recursos suficientes para desplazarse hasta otro colegio.

La Corte le dio la razón a Suaza en que, al negarse a expedirle una orden de matrícula sin fundarse en razones claras, el colegio en Pasca desconoció el manual de convivencia, el debido proceso y el derecho que el joven tenía de ser oído antes de notificársele una sanción.

Para la Corte no se aportaron pruebas que demostraran que a Suaza se le inició un proceso disciplinario, con el que se pudiera concluir que la sanción era educativa y necesaria para su formación escolar, y “ni siquiera existe un acto motivado que dé cuenta de la determinación de la accionada de retirarlo”.

Así, si era cierto que el joven había cometido faltas y que mantuvo un mal comportamiento, para la Corte el colegio debió abrir un proceso disciplinario formal en el que se cumplieran todas las fases procesales, para poder determinar si se justificaba o no su expulsión.

Con estos criterios la Corte le ordenó al colegio reintegrar al estudiante, advirtiendo que eso no implica que se le dé una especie de inmunidad al estudiante, pues debe comprometerse académica y disciplinariamente con su formación.

MILENA SARRALDE DUQUE
REDACCIÓN JUSTICIA
@MSarralde

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