Corte Constitucional establece reglas frente a extradición de exguerrileros de las Farc - Cortes - Justicia - ELTIEMPO.COM
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Se deben ponderar derechos de víctimas frente a extradición de ex-Farc

Así lo resolvió la Corte Constitucional al estudiar la ley estatutaria de la JEP.

Santrich

El líder de la Farc 'Jesús Santrich', cuyo nombre de pila es Seuxis Hernández Solarte.

Foto:

Rodrigo Sepúlveda Archivo EL TIEMPO

Por: Milena Sarralde Duque
20 de diciembre 2018 , 09:04 p.m.

Hace cinco meses la Corte Constitucional aprobó la ley estatutaria de la JEP que creó el reglamento sobre cómo funcionará esta Justicia Especial para la Paz, que se encargará de juzgar a los exguerrilleros de las Farc que se acogieron al acuerdo de paz. 
 
Este miércoles, la Corte hizo pública la decisión que expone cómo fueron aprobados finalmente todos los artículos de esa ley estatutaria.

Aunque el fallo fue aprobado en agosto, con la publicación del texto se conocieron varias aclaraciones claves que la Corte Constitucional hace frente a un artículo de la ley estatutaria, relacionado con la extradición de exguerrilleros de las Farc por hechos posteriores a la firma del acuerdo de paz. Esa es precisamente la situación que hoy afronta el exjefe de las Farc, Jesús Santrich, requerido por Estados Unidos por narcotráfico. 

Al revisar el artículo 153 sobre la extradición por conductas posteriores al acuerdo final, el alto tribunal hace aclaraciones importantes. 

Según como quedó en la ley estatutaria de la JEP, cuando se alegue que un desmovilizado que se acogió al acuerdo de paz cometió delitos después de diciembre del 2016, cuando se firmó el acuerdo, le corresponderá a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP evaluar la fecha precisa de la conducta.

Ese artículo también establece que si el delito es anterior al acuerdo de paz, el caso se remitirá a la Sala de Reconocimiento de la JEP para que tramite este caso, excluyendo la posibilidad de una extradición.

Pero si es posterior y no tiene relación con el proceso de dejación de armas, lo debe remitir “a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición”.

Al evaluar esa disposición, la Corte aseguró que la ley que creó la JEP estableció una regulación especial para los delitos que fueron cometidos después de que se firmó el acuerdo de paz, y que no tengan relación con el proceso de dejación de armas. 

En ese sentido, la Corte Constitucional asegura que cuando la JEP establezca que la conducta es posterior al acuerdo de paz, debe remitir el caso a la autoridad competente, es decir a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, que debe emitir un concepto previo en el que dé visto bueno para la extradición, o establezca que el caso debe ser investigado y juzgado en Colombia.

Lo clave del asunto es que la Corte asegura que la Corte Suprema de Justicia y el gobierno deben tomar una decisión frente a la posibilidad de la extradición ponderando el deber de cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad, frente a los valores, derechos y principios como el de la paz, los derechos de las víctimas, y la obligación internacional de investigar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al DIH.

En esos casos, la Corte dijo que se debe tener en cuenta la obligación del Estado de investigar y juzgar graves violaciones a los derechos humanos, especialmente las cometidas por los máximos responsables. También deberá tener en cuenta los objetivos con los que se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición del acuerdo, que implica la protección de los derechos de las víctimas a esas medidas. También debe evaluar los compromisos de Colombia internacionalmente en materia de extradición. 

Esto significa que a la hora de decidir frente a la extradición de un desmovilizado de las Farc, por un delito posterior al acuerdo de La Habana, la Corte y el Gobierno tendrán que analizar y ponderar qué es más importante, y qué tiene más peso en esos elementos. 

La Corte Constitucional asegura que si la Corte Suprema de Justicia determina que es viable la extradición, el Gobierno deberá decidir frente a esa extradición, pero tiene que hacer esa ponderación de derechos. 

Si la Corte Suprema niega la extradición, tendrá que enviar el caso a la justicia ordinaria en Colombia para que asuma el conocimiento del caso, investigue y juzgue, "decida sobre la libertad del capturado y disponga dentro del respectivo proceso penal las medidas procesales de aseguramiento, si a ello hubiere lugar". 

El alto tribunal asegura que el Gobierno puede subordinar la extradición "a las condiciones que considere oportunas, e incluso diferirla, en los casos en que con anterioridad al recibo del requerimiento, la persona solicitada hubiere delinquido en Colombia, hasta cuando sea juzgada y cumpla la pena, o hasta que por cualquier otra causa termine el proceso". 

Otra precisión clave que hace la Corte, es que cuando el Gobierno recibe una solicitud de extradición por un delito posterior al acuerdo, tiene la potestad de decidir si le envía el caso al Fiscal General para que efectúe la captura, en los casos en los que las pruebas muestran a primera vista que ocurrieron después de la firma del Acuerdo Final, y no tienen relación con el proceso de dejación de armas. 

En esos casos, la Corte asegura que el Fiscal General mantiene la competencia de ordenar la captura con fines de extradición de un desmovilizado requerido por delitos posteriores al acuerdo de paz, "tan pronto conozca la solicitud formal de extradición que le remita el Gobierno Nacional junto con las pruebas anexas en que el Estado requirente funda dicha solicitud". Es decir, la captura sólo podrá hacerse cuando haya una solicitud formal. 

La JEP debe recibir el expediente "perfeccionado" y puede practicar pruebas

Otro punto clave es que la Corte Constitucional dice que cuando el Gobierno reciba una solicitud de extradición de un desmovilizado por un delito que habría sido cometido tras el acuerdo de paz, deberá "una vez perfeccionado el expediente, remitirla a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz", para que esa instancia determine la fecha en que se cometió la conducta. 

Lo importante de este asunto es que la Corte asegura que el envío del expediente debidamente perfeccionado implica que sea un expediente que tenga las prueba necesarias para poder tomar una decisión frente a la fecha, lo que "garantiza que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz disponga del material probatorio necesario para realizar la evaluación que le corresponde dentro del perentorio término que le concede el Acto Legislativo 01 del 2017", es decir, dentro del plazo de 120 días. 

La Corte también establece que en ejercicio de sus competencias, la JEP puede "decretar las demás pruebas que considere necesarias para su decisión", es decir, le da la posibilidad de practicar pruebas, un asunto que ha sido polémico pues es precisamente lo que la JEP ha buscado en el caso de Santrich. 

El alto tribunal condicionó el artículo 153 sobre la extradición para que la Sala de Reconocimiento de la JEP también conozca las solicitudes de extradición por conductas "estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas que hubiesen tenido lugar antes de concluir este". Esa disposición estaba en el Acto Legislativo 01 que creó la JEP, pero había salido de la ley estatutaria. 

El debate que se dio en la Corte

EL TIEMPO conoció que en la Corte Constitucional hubo un fuerte debate entre los magistrados frente a la extradición de exguerrilleros que se acogieron al acuerdo de paz, por conductas posteriores al Acuerdo Final. 

El proyecto de fallo del magistrado Antonio José Lizarazo decía que el hecho de que se contemplara que las conductas posteriores al acuerdo de paz deben ser investigadas y juzgadas en Colombia, sin excluir la posibilidad de la extradición, parecía contradictoria porque ordena remitir el caso a la justicia colombiana, situación que impediría la extradición pues ninguna persona puede ser extraditada por un delito por el que ya esté siendo procesada en el país.

El magistrado sostenía que para armonizar esa situación, se debía entender que los delitos cometidos después de la firma de la paz debían ser investigados y juzgados en Colombia, lo que no implicaba impunidad pues las autoridades colombianas están obligadas a procesar estos hechos, y las autoridades de los estados requirentes pueden remitir las pruebas que tengan.

Lo clave es que la ponencia decía que la interpretación de la ley que creó la JEP era que en los casos de delitos posteriores al acuerdo, la regla era que fueran investigados y juzgados en Colombia, y la excepción era la extradición. Esto porque, a su juicio, enviar extraditado a un exguerrillero podía ir en contra de los derechos de las víctimas por los delitos que sufrieron por su causa en Colombia. 

El proyecto de fallo, que era acogido por otros magistrados del alto tribunal, también decía que la paz, que es un derecho universal, podía verse afectada con una extradición, que podría minar la confianza en el proceso de paz.

Pero frente a la propuesta de Lizarazo, algunos magistrados se opusieron, considerando que a su juicio la extradición no afecta los derechos de las víctimas porque la entrega a un país de un exguerrillero no implica que los procesados no tendrán que atender las investigaciones en Colombia, incluso por la vía virtual. 

Además, otros togados afirmaron que considerar que la extradición de delitos posteriores al acuerdo de paz no puede ser la excepción, porque a su juicio la regla es que esos casos son investigador por la justicia ordinaria, ya que delinquir tras el acuerdo implica un incumplimiento a lo pactado.

También ese sector de magistrados consideró que si la Corte decía que la extradición era la excepción en delitos posteriores al acuerdo, eso implicaba desconocer los compromisos de cooperación internacional. 

Ante ese debate, los magistrados llegaron a un camino intermedio y neutro frente a los desmovilizados que cometan delitos posteriores al acuerdo, y consistió en que el alto tribunal no estableció qué se debe privilegiar, si el juzgamiento en Colombia, o la extradición, sino dejarlo en manos de la Corte Suprema y del Gobierno que tendrán que hacer la ponderación de esos derechos y deberes. 

MILENA SARRALDE DUQUE
Redacción Paz y Justicia
Twitter: @MSarralde

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