Condena a Colombia por desaparición de sindicalista y militante de la UP - Cortes - Justicia - ELTIEMPO.COM
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Colombia, a pagar 196.000 dólares por desaparición de militante de UP

Corte Interamericana condenó al Estado por hechos de hace 31 años relacionados con un sindicalista.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Los magistrados declararon responsable a Colombia por hechos cometidos el 19 de noviembre de 1987, en Puerto Nare, Antioquia, de la que fueron víctimas Víctor Manuel Isaza Uribe y sus familiares.

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Corte Interamericana de Derechos Humanos

Por: Paz y Justicia
20 de diciembre 2018 , 08:32 p.m.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a Colombia responsable por la desaparición forzada del sindicalista Víctor Manuel Isaza Uribe, ocurrida hace más de 31 años en Puerto Nare, Antioquia.

En la sentencia notificada este jueves al Estado, que había reconocido su responsabilidad por esos hechos del 19 de noviembre de 1987, la Corte condena al país a pagar 96.000 dólares a los familiares del Isaza Uribe por los daños materiales y otros 100.000 dólares por daños morales. 

Además, la Corte le ordenó al Estado continuar con las investigaciones y procesos judiciales en curso a efectos de determinar los hechos y las responsabilidades correspondientes por esos hechos y a efectuar una búsqueda rigurosa por las vías pertinentes para determinar el paradero del sindicalista. 

Los hechos ocurrieron en 1987 en ese municipio antioqueño cuando un grupo de hombres no identificados sustrajeron a Isaza de la cárcel del municipio, donde se encontraba en detención preventiva. Él era miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción (SUTIMAC) y simpatizante del partido político Unión Patriótica (UP). 

En el trámite del caso ante la Corte, el Estado manifestó que “lamentaba profundamente la desaparición de Víctor Manuel Isaza Uribe” y pidió perdón a sus familiares. El Estado reconoció su responsabilidad internacional particularmente por la violación de los derechos a las garantías y protección judiciales, debido a las faltas de investigación y de acciones urgentes de búsqueda, así como del derecho a la integridad personal de los familiares.

Y si bien reconoció que había fallado en sus deberes de custodia y protección de Isaza Uribe, el Estado enfatizó que no reconocía la comisión de una desaparición forzada.

En su sentencia, la Corte Interamericana determinó que el Estado tenía una especial posición de garante respecto de la víctima, por encontrarse privada de libertad y que dado que los agentes que lo custodiaban omitieron velar efectivamente por su seguridad y protección, y que la respuesta investigativa del Estado no constituyó una explicación satisfactoria sobre lo sucedido, la Corte consideró que se configuró una desaparición forzada.

La Corte advirtió que, antes y después de la desaparición forzada de Víctor Manuel Isaza Uribe y hasta 1989, un número importante de miembros y dirigentes del sindicato SUTIMAC fueron asesinados o desaparecidos y otros tantos desplazados, lo que reveló un patrón sistemático de violencia en su contra. Esa violencia ha sido principalmente atribuida al accionar de grupos paramilitares, en razón de la vinculación del sindicato con el partido político Unión Patriótica, entre otros factores.

Por lo anterior, la Corte concluyó que el hecho fue perpetrado por miembros de una estructura paramilitar organizada, que en ese entonces actuaba con aquiescencia de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

Además, el Tribunal concluyó que la desaparición tuvo relación con la actividad sindical de la víctima, lo cual habría acrecentado un efecto amedrentador en los demás miembros del sindicato, por lo cual determinó que el Estado era responsable por la violación de su libertad sindical.

Los magistrados llamaron la atención sobre el hecho de que han pasado más de 31 años, y el Estado aún no ha esclarecido los hechos, razón por la cual fue hallado responsable por la violación de los derechos de acceso a la justicia y a conocer la verdad.

Colombia, además, fue condenada a brindar un tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas y a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

PAZ Y JUSTICIA
Twitter: @PazyJusticiaET

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