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Buscan tumbar ley de cuotas que garantiza altos cargos a mujeres

Los demandantes argumentan que norma que exige el 30 por ciento viola el principio de igualdad.

Gabinete Iván Duque

El 50 por ciento del gabinete del presidente Iván Duque está conformado por mujeres. Foto de la posesión del gabinete, en agosto del 2018.

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Presidencia

Por: Justicia
11 de enero 2019 , 11:12 a.m.

Con el argumento de que viola el derecho a la igualdad, un grupo de personas demandó la ley que establece que el 30 por ciento de los cargos directivos del sector público deben ser ocupados por mujeres. El caso ya está en manos de la Corte Constitucional.

La demanda es contra el artículo 4 de la Ley 581 del 2000, o ley de cuotas, según el cual el 30 por ciento de los altos cargos públicos y de libre nombramiento y remoción deben ser ocupados por mujeres, so pena de sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución para quien incumpla la norma.

Los demandantes, liderados por los ciudadanos Orlando Calderón y Solly Gualdrón, argumentan que la ley no tiene justificación en la actualidad y citan el ‘Informe sobre la participación de la mujer en los cargos de los niveles decisorios del Estado colombiano 2017’, elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), que señala que la participación de la mujer alcanzó el 41 por ciento en el máximo nivel decisorio –cifra que el año pasado llegó al 42 por ciento– y el 45 por ciento en otros niveles.

Para los demandantes, el informe del 2017 demuestra que hubo un cambio en el contexto social frente al periodo 1990-1997, cuyas cifras fueron la base de la ley de cuotas.

Consideran, por eso, que la medida, que en su momento se tomó para promover la igualdad en la participación de hombres y mujeres, ahora vulnera ese derecho y se tornó discriminatoria contra los hombres y afirman, además, que la ley debió ser transitoria y no indefinida.

Y aunque la demanda está en la Corte Constitucional, no tendrá el respaldo del gobierno de Duque, que tiene como una de sus banderas la equidad con las mujeres, ni de los organismos de control, algunos de los cuales ya se han pronunciado al respecto.

Cabe recordar que en un hecho inédito en el país, el 50 por ciento del gabinete está conformado por mujeres y que por primera vez una mujer fue elegida vicepresidenta. Precisamente, Marta Lucía Ramírez, la segunda abordo en el gobierno de Duque, viene liderando propuestas que buscan mayor participación de las mujeres no solo en cargos públicos, sino también en las listas para corporaciones de elección popular.

“Nosotras tenemos que llegar hombro a hombro con ellos para ejercer todos los roles de liderazgo en esta sociedad, pero particularmente necesitamos que haya más participación femenina en la política”, comentó Ramírez en medio de las discusiones de la reforma política.

Nosotras tenemos que llegar hombro a hombro con ellos para ejercer todos los roles de liderazgo en esta sociedad

Una de las entidades que ya presentó concepto ante el alto tribunal es la Procuraduría, que si bien les da la razón a los demandantes en que la norma debe ser transitoria y que hubo un cambio de las condiciones socioeconómicas de las mujeres, no está de acuerdo en que el umbral de desigualdad se haya superado.

Para la Procuraduría, aún hay disparidad y, aunque la Constitución prohíbe discriminar por razones de sexo, no siempre se ha reconocido y garantizado la participación de las mujeres en el ámbito público. Además argumenta que es el Congreso el que debe definir los criterios bajos los cuales se podría considerar que ya se superaron las condiciones de discriminación.

El Ministerio Público señala que no es posible, como lo argumentan los accionantes, concluir que ya se superó la brecha con base al informe del Departamento de la Función Pública. Y explica que ni la mitad de las entidades obligadas a presentar reporte sobre la participación de la mujer entregaron esos datos. Entre las entidades de alto nivel decisorio que sí lo hicieron, el 35 por ciento no cumplieron con la cuota de mujeres.

Otra entidad que se pronunció es el Ministerio de Justicia, que en su concepto a la Corte dijo que por tratarse de una norma estatutaria, la ley de Cuotas fue objeto de revisión constitucional antes de ser sancionada y no se encontró que vulnerara derechos. Por el contrario, destacó que la Corte estableció que cuando se haya alcanzado la cuota para remediar la discriminación, habría una pérdida de vigencia de la Ley 581, y que en ningún caso generaría inconstitucionalidad.

Al igual que la Procuraduría, el Ministerio destacó que según el informe del 2017 sobre la participación de la mujer no se puede afirmar que ya se superó la cuota de 30 por ciento en todos los casos y que no hay motivos para modificar la decisión que la Corte tomó en el 2000.

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