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CICR dice que las regiones no sienten aún la firma de la paz

Para Cristoph Harnisch, en varias zonas hay más violencia que antes de la desmovilización las Farc.

Christoph Harnisch

El jefe de la misión del CICR en Colombia afirma que el Estado se ha demorado en copar zonas que eran de Farc.

Foto:

Mauricio León / EL TIEMPO

01 de marzo 2018 , 01:10 p.m.

En su informe anual sobre la situación humanitaria en Colombia, que será presentado oficialmente este jueves, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advierte que la violencia del conflicto armado y la delincuencia común siguen siendo un azote para las regiones que por décadas sintieron la guerra.

Christoph Harnisch, director del CICR en Colombia, dice, en entrevista con EL TIEMPO, que el trabajo de las misiones humanitarias en el terreno demuestra que todavía queda mucho trecho para que allí se pueda decir que hay paz.

En el balance del 2017, el CICR dice que la paz es aún “una frágil posibilidad”. ¿A qué se refieren?

La presencia que tenemos y el tipo de trabajo que hacemos, como organización humanitaria neutral e independiente cuyo papel es exclusivamente humanitario, y que hace presencia en las zonas más afectadas del conflicto, tienen una mirada y una visión de la realidad que tal vez no son las mismas de todos los colombianos. Nosotros estamos enfocándonos en estas situaciones, muchas de violencia del conflicto, y en donde hay zonas que siguen siendo zonas de guerra y donde no hay ningún cambio en la realidad del conflicto. Nuestro punto es el de las víctimas, y desde ahí vemos dos cosas: la paz territorial todavía no ha llegado a las zonas donde trabajamos. Las personas no ven señales concretas o tangibles del cambio prometido en el acuerdo de paz. El 2017 nos ha enseñado que hay una implementación que es difícil, como el programa de sustitución de los cultivos, o que no hay actividades de implementación, lo que es preocupante porque un acuerdo de paz se hace para las personas más afectadas. Y estas personas no ven un cambio en la realidad...

¿Qué han visto en las regiones?

En las zonas donde las Farc en este momento no están, lo que se vio es un deterioro de la seguridad para las personas. Hay más crimen común, más problemas entre ellos y hay menos dinámicas que pueden mitigar los riesgos en estas poblaciones. Hay una continuación de la violencia por parte de actores internos que siguen en las mismas zonas de la misma manera de antes; y en zonas como Tumaco, por ejemplo, las dinámicas conflictivas ahora son más difíciles. Cuando uno ve, las afectaciones a la población civil son las mismas que antes, las mismas que durante el conflicto armado con las Farc. Hay amenazas, tienen que desplazarse de manera masiva o individual, hay homicidios selectivos, afectación por minas antipersonas. Me parece que allí no hay muchos cambios para estas personas. En la primera parte del año pasado, en los primeros siete meses, hubo más desplazamientos masivos en el Chocó por enfrentamientos entre el Eln y la Fuerza Pública, y choques entre el ‘clan del Golfo’ y el Eln que en los años previos. Eso fue en un año de implementación del acuerdo de concentración de las Farc. Nosotros nos vimos frente a la necesidad de hacer operaciones de emergencia para estas personas, incluso con mayor despliegue que cuando el conflicto armado era mucho más grave. El año pasado nos mostró que es muy necesaria la ayuda humanitaria porque persisten estas situaciones de emergencia. Al estar en estas zonas lo podemos ver, y nos sentimos con la obligación de hacer algo. Por eso no se puede decretar desde Bogotá que ya no se necesita la ayuda humanitaria. Se debe ver en el terreno lo que hay.

¿Pero entonces firmar la paz con las Farc no valió?

No hay que descartar nunca los logros de la negociación: esto hay que destacarlo muy bien. Hay un grupo armado menos en el país, con un desarme que se hizo bastante bien, con una supervisión que fue un ejemplo. Esto es muy importante y un logro, pero no es suficiente.

¿Qué debe hacer entonces el Gobierno?

El reto es cómo llevar seguridad y orden, la ley y el orden, y cómo llevarlos a las zonas donde hubo conflicto y cómo garantizar el respeto por el DIH en aquellas donde sigue el conflicto. En 2017 vimos claramente que en el Catatumbo o el Chocó, muchas de las situaciones conflictivas se complicaron, y por eso el llamado no es al Gobierno, que cambiará en el futuro próximo. Es un llamado para que los políticos, en general, tengan una mirada realista sobre esta situación. Aquí hay sufrimiento y violaciones, y es una situación que debe cambiar. Este es el mensaje más importante. Particularmente, quisiéramos que el tema humanitario y el de los desaparecidos queden en el centro de las preocupaciones. Es algo que hay que arreglar en los próximos cuatro, ocho o veinte años. Repito: no se puede decir que porque tenemos un acuerdo de paz eso ya es suficiente.

¿Qué ha visto el CICR frente a las disidencias de las Farc?

A todo este panorama hay que añadirle la situación de algunas estructuras del bloque Oriental, que no se acogieron al acuerdo de paz. Vimos en el transcurso del año pasado un fortalecimiento numérico de estas estructuras. Esto nos preocupa mucho porque hay un grupo, de más de 500 personas, según creemos, que está afectando a la población civil de la misma manera que antes, y este grupo forma parte de un conflicto armado no internacional, y esto no estaba previsto, lo que es muy preocupante para la población civil.

¿Por qué ha pasado esto?

La idea, originalmente, era llevar la autoridad del Estado a estas zonas que las Farc dejaron y proteger a las poblaciones civiles. Eso no pasó con la rapidez necesaria. Hubo planes del Ejército, del Ministerio de Defensa, pero la tarea no es solo llevar seguridad. Hay que llegar con un poco más, como servicios básicos, justicia, salud, todos los servicios que un Estado debe garantizar, y allí no hubo una acción rápida para llenar estos espacios (que dejaron las Farc). La tarea es difícil. Hemos visto en muchas zonas un reordenamiento de las fuerzas ilegales, enfrentamientos entre ellos por el control de las economías ilegales. Esto lo hemos visto de manera muy clara en Chocó y Nariño, donde la situación se complicó muchísimo. Allí hubo un vacío que tuvo impactos negativos para los civiles.

¿Qué tan grave es el impacto humanitario de las acciones del Eln?

Cuando uno compara la negociación entre el Gobierno y las Farc, en esa negociación, desde el 2014, hubo una discusión sobre iniciativas humanitarias y acuerdos parciales como el de la entrega de menores, desaparecidos y desminado. En cambio, con el Eln la negociación, de febrero a octubre, no produjo ningún acuerdo real, mínimo, para la población civil. Puede haber reuniones durante días o semanas, pero si después no hay algo concreto para una zona o la población real, todo termina siendo discurso. Entendemos que los actores de este proceso no son los mismos, pero se puede aprender. De vez en cuando tengo la impresión de que no hay voluntad de aprender.

¿Además de Nariño y Chocó, qué otras regiones preocupan al CICR?

Norte de Santander, Arauca, bajo Cauca, Cauca y Putumayo son las zonas con más problemas. En Putumayo, por ejemplo, se ve un nuevo grupo llamado ‘la Constru’, lo que muestra que no hay suficiente presencia de la ley y el orden para acabar con estos grupos, que actúan en la ilegalidad y afectan a la población civil. Son zonas muy apartadas, que tal vez no tienen un mayor interés económico, pero donde la población civil se siente abandonada y afectada por la violencia, que es terrible por su arbitrariedad.

En el balance, el CICR hace un llamado a respetar el acuerdo en las dimensiones humanitarias. ¿Qué tan grave sería que el nuevo gobierno tratara de cambiar lo pactado?

Ese gobierno tendría nuestro desacuerdo: nosotros vamos a luchar para la implementación de estas dimensiones más humanitarias. Tenemos el papel fundamental y la tarea moral de decir que fue un acuerdo positivo para la gente. Si hay dudas o voluntad de no implementar, nosotros rechazaríamos ese hecho.

Llamado para encontrar a los más de 91.000 desaparecidos

El CICR señala que, tras los acuerdos de paz con las Farc, el reto humanitario más importante que enfrenta el país es “encontrar a quienes desaparecieron por causa del conflicto y la violencia”.

Indica que han pasado más de dos años desde que el Gobierno y la antigua guerrilla acordaron medidas para la búsqueda de desaparecidos, pero “el esfuerzo no es suficiente” y “miles de familias aún esperan una respuesta sobre lo que ocurrió con sus seres queridos”.

Según registros del Instituto de Medicina Legal, en el país hay 91.187 desaparecidos. Los datos de desaparición forzada son distintos para cada entidad: Medicina Legal reporta 26.608 casos; la Unidad para las Víctimas, 47.025, y el Centro de Memoria Histórica, 60.630.

“El drama de la desaparición se mantiene entre nuestras principales preocupaciones. Es urgente la puesta en marcha de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con carácter extrajudicial y humanitario. El retraso en su implementación es injustificable y añade dolor a la dramática situación que ya afrontan muchas familias”, sostiene el informe.

Agrega que las organizaciones de víctimas deben participar en el proceso de búsqueda, y hace énfasis en que “los familiares deben ser incluidos, recibir información y un trato digno en todo momento. Todas las partes que hagan o hayan hecho parte del conflicto armado tienen la obligación de entregar información útil para esclarecer la suerte de las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto”.

El informe revela que durante el 2017 atendieron más de 550 casos de violaciones del Derecho Internacional Humanitario en zonas históricamente vulnerables y donde hubo reordenamiento de grupos armados. “Nos preocupan departamentos como Chocó, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Guaviare, Antioquia, Arauca y Caquetá”, se lee en el documento.

Otro de los puntos que resalta el CICR es que se necesita mejorar la política criminal y atender el hacinamiento carcelario, que, según el Inpec, supera el 45 por ciento.
“Exhortamos al nuevo gobierno a comprometerse de manera firme a conseguir avances concretos que contribuyan a solucionar la crisis del sistema penitenciario. Debe haber una aplicación más sistemática de penas alternativas a la privación de libertad”, concluye.

MILENA SARRALDE DUQUE
En Twitter: @MSarralde
justicia@eltiempo.com

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