Cambios de posición de la Corte Constitucional frente a las consultas populares - Cortes - Justicia - ELTIEMPO.COM
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Veces en que la Corte cambió de posición sobre consultas populares

En 2014 y en el 2016 el alto tribunal emitió fallos distintos sobre este mecanismo de participación.

Consulta popular en Cumaral

7.475 ciudadanos votaron en contra del desarrollo de un proyecto petrolero en Cumaral.

Foto:

Johannes Duque/Archivo/EL TIEMPO

Por: JUSTICIA
11 de octubre 2018 , 05:20 p.m.

La tensión entre los derechos de las comunidades a decidir sobre sus territorios de cara a la afectación que generan los proyectos extractivos, y entre el derecho del Estado a decidir sobre el subsuelo, ha generado diferentes debates en la Corte Constitucional en los que, a lo largo de los años, el alto tribunal ha cambiado de posición. 

En la sentencia C-123 del 2014 la Corte Constitucional fijó los parámetros frente a este caso y aseguró que debe existir una armonización y concertación entre el nivel nacional y territorial frente a los proyectos mineros y de hidrocarburos. 

Pero luego, en un fallo del 2016 cuyo ponente fue el magistrado Jorge Iván Palacio, quien ya no está en el alto tribunal, se estableció que la consulta minera de Pijao (Quindío) había sido constitucional para sacar a la minería de su región.

Esa decisión concluyó que el municipio podía hacer su consulta minera porque los entes territoriales sí tenían competencia para regular el uso del suelo a través de los mecanismos de participación.

Ahora, al revisar una tutela de la multinacional Mansarovar Energy contra la consulta popular de Cumaral (Meta), el alto tribunal vuelve a la posición del 2014 en la que establecía que no se podían imponer los intereses ni de la Nación, ni de las comunidades, y que los proyectos extractivos deben ser concertados. 

Sin embargo, lo que han sostenido diferentes sectores ante el alto tribunal en la audiencia  pública que se hizo sobre consultas populares en abril pasado, es que la ausencia de mecanismos efectivos de participación que le permitan a la comunidad hacer exigencias frente a los proyectos de minería y petróleo, es lo que ha motivado la ola de consultas populares. 

JUSTICIA

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