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Conflicto y Narcotráfico

En las regiones asoman los principales riesgos para el posconflicto

Los ilegales también están en busca de controlar la minería ilegal, en especial la extracción de oro y coltán. Los operativos se mantienen.

Los ilegales también están en busca de controlar la minería ilegal, en especial la extracción de oro y coltán. Los operativos se mantienen.

Foto:Archivo EL TIEMPO

Bandas y Eln se la juegan por el control de las rentas ilegales de la coca y la minería.

La situación de orden público en Chocó y Guaviare, dos departamentos que llevan décadas azotados por el conflicto, le recordó al país esta semana que la paz con las Farc no marcará, por lo menos en el corto plazo, el fin de la violencia.
La posición geográfica privilegiada para el tráfico de cocaína que ocupa la zona que une el río Atrato con la costa Pacífica tiene hoy a Alto Baudó, Chocó, en medio de una confrontación armada entre el Eln y el ‘clan Úsuga’, que se disputan a sangre y fuego el control del territorio.
Más de 500 personas, entre ellas 256 menores de 12 años, tuvieron que abandonar sus ranchos y parcelas hace una semana. En esa zona, según un informe de inteligencia conocido por EL TIEMPO, un hombre de unos 30 años que se hace llamar ‘Furia’ está al mando de unos 200 hombres de ‘los Úsuga’ que buscan aprovechar la desmovilización de las Farc y la debilidad del frente Resistencia Cimarrón, del Eln.
Y al otro lado del país, en el Guaviare, se dio esta semana el primer bombardeo contra una de las disidencias de las Farc, en lo que constituye para esos grupos la notificación de que tendrán el mismo tratamiento que las grandes bandas criminales y el Eln.
Esto ocurre cuando unos 7.000 hombres de las Farc ya se encuentran en las zonas veredales transitorias para la dejación de armas y rumbo a su incorporación a la vida civil después de cinco décadas de conflicto con el Estado y millares de muertos.
En los dos departamentos confluyen las dos fuentes de riqueza ilegal que persiguen todos los actores ilegales: cultivos de coca, laboratorios y rutas de envío, así como la fiebre del oro ilegal. En Chocó hay casi 1.500 hectáreas de coca y varias de las principales rutas de embarque hacia Centroamérica. Y en Guaviare, 5.400 hectáreas y las rutas hacia Venezuela y Brasil.
Aunque cerca de 60.000 hombres de la Fuerza Pública fueron desplegados hacia las zonas que están dejando las Farc, es claro que tanto las tres grandes bandas –además del ‘clan Úsuga’, ‘los Puntilleros’ en el Llano y ‘los Pelusos’ en el Catatumbo– y el Eln están pujando por el control, especialmente en las zonas de narcocultivos.
Un estudio del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) muestra los riesgos en varias de las zonas. Así, en Tumaco, Nariño, donde 16.960 hectáreas están sembradas con matas de coca, hay un alto riesgo de que los desertores de las Farc terminen cooptados o aliados a la banda de ‘Otoniel’ y a nuevas estructuras delincuenciales que han surgido en los últimos meses.
En el bajo Cauca antioqueño también hay enfrentamientos entre ‘los Úsuga’ y el Eln, especialmente en Tarazá. Varios informes de este diario muestran que allí se está viendo presencia del Eln en municipios en los que las Farc eran fuertes y en que los ‘elenos’ están cobrando extorsiones con métodos y listas ‘heredados’ de la otra guerrilla.
El Catatumbo, en Norte de Santander, y Arauca son regiones donde, según el informe, el orden público será un desafío. El Gobierno admite la existencia del problema y está dispuesto a utilizar su máxima capacidad de fuego –los bombardeos– para enfrentarla. Es una amenaza conformada por poco más de 5.000 irregulares (2.400 de ‘los Úsuga’; cerca de 2.000 ‘elenos’ y otros mil, entre ‘pelusos’, ‘puntilleros’ y las disidencias de las Farc) y con capacidad de daño en municipios de no menos de una decena de departamentos. La persistencia de esos grupos no significa, sin embargo, que las negociaciones de paz con los paramilitares y las Farc no hayan cambiado radicalmente la cara de la guerra.
El proceso con los ‘paras’ fue clave en el declive de la violencia homicida en el país, que pasó de casi 28.000 asesinatos en el 2002 a menos de 12.300 el año pasado. Las nuevas bandas que surgieron en las antiguas zonas ‘paras’, y de las que el ‘clan Úsuga’ es el mayor remanente no tienen, de lejos, el poder militar y de intimidación social de los bloques de las Auc.
Otra diferencia es lo que ocurrió en muchas zonas con los ‘paras’, las bandas y sus jefes, que fueron objeto de una persecución que dejó presos o muertos a sus fundadores y a las dos primeras líneas de sucesión en menos de una década. Y aunque pretenden arroparse con un nombre político (las Autodefensas Gaitanistas, en el caso del ‘clan Úsuga’), el supuesto carácter antisubversivo de esos grupos se desdibuja en regiones como Tumaco, Cauca, los Llanos o Chocó, donde los pactos de no agresión con las guerrillas duraron años para mantener a salvo los cultivos y las rutas de la coca.
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