Proyecto de Ley busca reglamentar penalización de dosis mínima - Conflicto y Narcotráfico - Justicia - ELTIEMPO.COM
Conflicto y Narcotráfico

¿Por qué Fiscalía y alcaldes piden penalizar el doble de dosis mínima?

Hoy hay un limbo jurídico, que aprovechan los narcos, en penalización de dosis de aprovisionamiento.

Radican proyecto de dosis mínima

Fiscalía y alcaldes de capitales radicaron proyecto que penaliza porte de más del doble de la dosis mínima.

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Alcaldía de Bogotá

31 de julio 2018 , 12:03 p.m.

La historia de los jíbaros (vendedores de droga) que son sorprendidos en flagrancia y que nunca quedan presos porque alegan que la cantidad de sustancias que portaban era su ‘dosis de aprovisionamiento’ está en vías de cerrarse en el país.

Bajo el número 60 quedó este lunes radicado un proyecto de ley de la Fiscalía, apoyado por los alcaldes de las capitales del país, que penaliza con al menos seis años de prisión a quienes sean sorprendidos con el doble o más de la dosis mínima (que hoy es de hasta 20 gramos de marihuana o un gramo de cocaína). Hoy, por cuenta de varias sentencias de la Corte Suprema, existe un limbo jurídico en la materia, pues varios fallos han blindado el porte de la cantidad ‘que la persona necesite’ para su consumo personal.

“La situación descrita en algunas oportunidades implica que no sea posible judicializar a las personas dedicadas al narcomenudeo y –dice la exposición de motivos del proyecto–, en otras, que los procesos penales inician en contra de personas que simplemente están dedicadas al consumo”.

Y agrega que para conjurar “la inseguridad jurídica”, el Congreso debe establecer un estándar claro “según el cual la dosis de aprovisionamiento no podrá exceder del doble de la cantidad establecida como dosis personal para las sustancias reguladas en la Ley 30 de 1986”.

Cada día, según la Policía, la Fiscalía y las autoridades locales, decenas de capturas se caen porque los traficantes alegan que la droga que llevan la usarán para varios días de consumo. La norma propuesta, que cerraría ese atajo para los criminales, establece además tres criterios judicialmente válidos para inferir que la droga está destinada a la venta y no al consumo.

Son estos el porte de “cantidades fraccionadas de una misma o más de una sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética”; el porte de “cantidades de dinero de variada denominación o documentos que permitan inferir la actividad de comercialización o distribución de sustancias” y el porte de “elementos, instrumentos, materiales o equipos comúnmente destinados para la elaboración, fabricación, pesaje, almacenaje, empacado a escala o distribución de sustancia estupefaciente”.

El proyecto incluye una actualización del listado de sustancias ilícitas (entre 2008 y 2016 fueron detectadas en el mundo 739 sustancias nuevas o producto de combinaciones) y establece, por primera vez, duras penas a los traficantes que distribuyen drogas en los colegios y otros sitios de concentración de menores.

Así, plantea penas de 10 a 20 años de prisión para quien “suministre, administre o facilite sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga de circulación restringida a menores de edad a través de productos engañosos”. Esa pena podría subir a 35 años de cárcel cuando “el suministro se realice a una persona menor de doce años” y se agrava si el expendedor es un profesor o tiene a cargo a menores.

El proyecto establece también sanciones para los dueños de locales donde se expendan sustancias ilegales (bares y discotecas, por ejemplo) y se compruebe que esa actividad ilegal era de conocimiento de los administradores del sitio. En lo que va de este año, 41.293 personas han sido capturadas por narcotráfico y porte de sustancias. Al menos ocho de cada diez han regresado a las calles.

Dique a la reincidencia

La iniciativa, que llega al Congreso sin la bendición del gobierno saliente, plantea remedios frente a otro boquete en la seguridad: el de las libertades de los delincuentes reincidentes.

Según cifras del Inpec, en el 2017 hubo 114.056 personas condenadas, de las cuales 20.182 ya habían cometido otros delitos (17,7 por ciento del total). A mayo del 2018, los reincidentes ya llegaban a 20.660.

Las estadísticas de la Policía señalan que la reincidencia en el tráfico de estupefacientes y en hurto, que son dos de los delitos de mayor impacto contra la ciudadanía, es también recurrente.

Los índices de criminalidad que se reportan están asociados en gran parte con la comisión de delitos por personas reincidentes a las que se les impusieron sanciones suficientemente efectivas

“Los índices de criminalidad que se reportan en la actualidad están asociados en gran parte con la comisión de delitos por personas reincidentes a las que se les impusieron sanciones que no fueron lo suficientemente efectivas para evitar la comisión de nuevas conductas punibles”, dice el proyecto.

Lo que se plantea es que la reincidencia sea considerada una circunstancia de mayor punibilidad: así, las nuevas condenas siempre rondarán las máximas posibles (en el caso de tráfico de estupefacientes, la pena máxima es de 30 años). También se propone que los procesados por estos casos tengan restringidos los beneficios de casa por cárcel y libertad condicional.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET

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