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Conflicto y Narcotráfico

Violencia sexual, el capítulo pendiente de ‘paras’ en Meta y Vichada

Las AUC de Meta y Vichada se desmovilizaron en el 2005. En la imagen, alias Guillermo Torres y el entonces comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo.

Las AUC de Meta y Vichada se desmovilizaron en el 2005. En la imagen, alias Guillermo Torres y el entonces comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo.

Foto:Archivo EL TIEMPO

no es hora de callar

No es hora de callar

Centro de Memoria Histórica presenta informe sobre la violencia paramilitar en la altillanura.

Ana María González
“Un día de junio o julio de 2003, llegaron al puente, eran unas 15 peladas, solo cuatro mayores de edad; las echaron a un carro y les dijeron que las iban a calvear (a rapar la cabeza) para castigarlas: las llevaron al alto Neblinas y las pusieron a cargar bultos pesados y malolientes”.
A esas jóvenes las habían citado con una carta en el puente sobre el río Manacacías, con la advertencia de que si no iban tenían que atenerse “a las consecuencias”. El pecado fue haber salido a bailar o a jugar billar o trabajar en una cantina.
El caso de las mujeres rapadas es tal vez uno de los más crueles e inhumanos hechos de violencia de género y violación de los derechos humanos cometidos por los paramilitares en el oriente del país y que fue recogido en el informe ‘Violencia paramilitar en la altillanura: Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada (ACMV)’, que el Centro Nacional de Memoria Histórica presenta este martes en la vereda Planas, en Puerto Gaitán, Meta.
Álvaro Villarraga, director de Acuerdos de la Verdad del CNMH, explica que durante la investigación se encontraron “las catorce modalidades de violencia de género y violencia sexual que existen”.
Las víctimas de esos actos eran menores de edad y adolescentes, comunidad LGBTI, trabajadoras sexuales, mujeres que eran raptadas para las filas, indígenas y aquellas que fueran consideradas sospechosas de ser guerrilleras.
La altillanura es una vasta zona del nororiente del Meta y el Vichada en donde convergieron los frentes 39 y 16 de las Farc, las ACMV –que en sus orígenes se llamaban ‘Maseteros’ o ‘Carranceros’–, el narcotráfico, la poca presencia institucional del Estado y la complicidad de algunos de sus representantes.
Desde finales de los 80 hasta mediados del 2000, la zona estuvo sometida por el grupo paramilitar de alias don Guillermo o Guillermo Torres –hoy en libertad–, que se caracterizó por utilizar, entre otros métodos, el asesinato selectivo, la desaparición, el rapto, el reclutamiento forzado y la violencia sexual y de género como arma de guerra o como castigo por comportamientos prohibidos por esa organización.
Incluso, el documento advierte que se “evidenciaron condiciones de esclavitud”, y señala que los hombres de ‘Guillermo Torres’ entraban a las casas y colegios para raptar niñas, quienes eran llevadas a los campamentos para los servicios sexuales, para que les cocinaran, les lavaran y para que realizaran diferentes oficios en los laboratorios de producción de cocaína.

No les daban casi comida, solo de vez en cuando espagueti y sin nada; la situación de hambre era tan difícil que una mujer del grupo le ofreció a un señor sexo a cambio de comida

Las rapadas

El caso de ‘las calvas’, como también se conoció la práctica de rapar a las mujeres que no cumplían con sus normas, llama la atención porque las víctimas eran obligadas incluso a caminar desnudas por el pueblo y a tener relaciones sexuales con paramilitares, señala el Centro de Memoria en su informe sobre el paramilitarismo en esta región localizada a tres horas de Villavicencio.
Pero, además, a modo de escarmiento, esas adolescentes eran sometidas a cumplir largas jornadas de trabajo bajo un sol incandescente en las que realizaban actividades como desyerbar, cargar agua, picar y regar piedra en la carretera –algunas incluso en ropa interior porque no tenían ropa de cambio–.
Y, como las condiciones de la retención era muy precarias, varias de ellas se vieron obligadas a sostener relaciones sexuales con sus agresores para “conseguir bienes básicos” que les permitieran sobrevivir. “No les daban casi comida, solo de vez en cuando espagueti y sin nada; la situación de hambre era tan difícil que una mujer del grupo le ofreció a un señor sexo a cambio de comida”, contó una joven víctima del grupo paramilitar recién había cumplido 16 años.
Pero, a pesar de todo el horror que vivieron muchas adolescentes en esa región productora de petróleo, el informe del CNMH señala que hay “un enorme subregistro” motivado, principalmente, por la desconfianza en las instituciones judiciales que habían sido permeadas por las autodefensas.
El documento cita el caso del entonces personero Édgar Silva –que años después se convirtió en alcalde de Puerto Gaitán–, quien era señalado por víctimas de una presunta complicidad con los paramilitares. “En ese entonces, el señor personero Édgar Silva estaba enterado de muchas cosas y, siendo representante del Estado, él se quedaba callado, porque para él eso era normal, el castigo de las niñas”, le dijo sobre el caso una víctima al Tribunal Superior de Bogotá. EL TIEMPO intentó contactar al expersonero y aunque se le dejaron mensajes de texto y de voz, no fue posible conocer su opinión sobre ese señalamiento.
Y, aunque esas autodefensas se desmovilizaron en agosto de 2005, muchos de los hechos de violencia de género y de violación de niñas y adolescentes siguen aún sin conocerse.
La explicación del Centro de Memoria Histórica es que esos crímenes se volvieron situaciones corrientes para los pobladores o porque el nombre de ‘don Guillermo’ y de alias Águila, el comandante operativo de las ACMV, aún continúan causando “pavor” entre las víctimas.
El temor de la población es entendido por la presencia en la región de excombatientes que estuvieron al mando de José Baldomero Linares, el nombre de pila de ‘Guillermo Torres’, y de Rafael Salgado Merchán, ‘Águila’, y sus hombres, muchos de los cuales retornaron al pueblo y fueron nombrados en cargos en las alcaldías.
Este es el caso, según el documento, de los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, donde las mujeres víctimas de los vejámenes “no denuncian debido a que gran parte de las autoridades locales (en 2013) están conformadas por desmovilizados o excombatientes del grupo armado ilegal”.
‘Guillermo Torres’, tras ocho años en prisión, recobró la libertad en el 2015. Y, aunque se cree que no se encuentra en la región, entre las comunidades ese nombre genera temor. Salgado, por su parte, aún sigue en prisión.
Pero, además, el Centro de Memoria Histórica denuncia que ha existido un “silencio deliberado” de los comandantes desmovilizados, aunque estos se acogieron a la jurisdicción especial de Justicia y Paz, a través de la cual obtuvieron el beneficio de penas alternativas de ocho años de prisión.
Algo similar ha ocurrido con los demás integrantes de las ACMV. En este caso, la investigación –coordinada por la politóloga Diana Castellanos, relatora principal del informe– advierte que a pesar del alto porcentaje de hechos de violencia sexual registrados, la información aportada no ha contribuido a esclarecer los crímenes de violencia de género ni los abusos sexuales. Por esto mismo, el documento llama la atención sobre “altos niveles de impunidad” en el caso de las Auc de la altillanura.

La estigmatización

Y llegó a ser tal la estigmatización contra las mujeres que las que procedían de zonas de influencia de las Farc corrían riesgo si llegaban a transitar por las áreas controladas por los paramilitares o eran descubiertas en alguno de los retenes ilegales que tenía el grupo. Esas mujeres terminaban siendo señaladas de colaboradoras de la guerrilla, lo que prácticamente significaba una sentencia a muerte, no sin antes someterlas a tortura y violación sexual. La misma estigmatización era aplicada a aquellas que eran capturadas en las incursiones de las autodefensas en las zonas consideradas guerrilleras.
Este tipo de hechos eran comunes en el retén instalado en la vereda Planas, en Puerto Gaitán, con el fin de controlar a quienes llegaran de la inspección de Puerto Príncipe, en Vichada.
“A más de una la bajaron. Había unas que se ponían por ahí a pelarles la muela (a paramilitares), las bajaban y les hacían, mejor dicho, lo que más podían”, le contó una víctima al CNMH en una contribución voluntaria, según se lee en el informe.
Y, aunque los comandantes les decían a las comunidades que tenían prohibidas las violaciones, este tipo de crímenes fueron frecuentes y llegaron a ocurrir con el conocimiento de jefes de escuadras. “Si yo sabía que iba a matar a la hembra, yo primero me la llevaba al monte (...)”, contó un desmovilizado en los acuerdos de la verdad.
De la violencia de género y la violencia sexual no se salvaron ni niñas ni adolescentes indígenas. Además de los casos de abusos sexuales, cometidos por combatientes, el Centro de Memoria Histórica relata que la estructura se aprovechó de las dificultades económicas de las comunidades indígenas que habitan la región (sikuanis, sálibas y piapocos).
Esas carencias dieron lugar a que integrantes de las autodefensas se hicieran con la simpatía de jóvenes, lo que llevó a que fuera usual que mujeres indígenas sostuvieran relaciones con paramilitares. “Era común que las mujeres o sus papás ofrecieran a los armados encuentros sexuales a cambio de comida”, señaló en una declaración en Justicia y Paz un exintegrante. No obstante, eso expuso a las jóvenes a una revictimización: el señalamiento y la estigmatización en sus comunidades, que se caracterizan por ser patriarcales.
Esas mismas carencias económicas facilitaron que el grupo paramilitar promoviera incluso prácticas de prostitución de mujeres indígenas. “Muchas muchachas veían ahí una forma de salida económica. Entonces, optaron por ser trabajadoras sexuales”, relató en el 2017 una testigo durante una contribución voluntaria.

El origen del paramilitarismo en la altillanura

El origen del paramilitarismo en la altillanura se remonta a mediados de los 80 y coincidió con la llegada, por un lado, de esmeralderos como Víctor Carranza y Gilberto Molina; y, por otro lado, el capo Gonzalo Rodríguez Gacha. Todos ellos, según el informe del CNMH, estaban vinculados con el paramilitarismo del Magdalena Medio, que tenía el proyecto de expansión de las Autodefensas de Puerto Boyacá, con Henry Pérez a la cabeza, en los Llanos Orientales.
El primer grupo de seguridad privada creado en la altillanura se conoció como ‘los Carranceros’ o ‘Maseteros’, que después dio paso a las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada (ACMV), con su comandante ‘Guillermo Torres’. Las Auc también montaron bases en los municipios de San Martín y Vistahermosa (Meta), con alias Aníbal como jefe y luego Jesús Pirabán, ‘Pirata’.
GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ 
EL TIEMPO
Ana María González
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