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Conflicto y Narcotráfico

¿Hay o no mico contra la extradición en Ley de la JEP?

Frenar extradición de 'otros' sí está en el acuerdo final firmado con las Farc. 

Alias Otoniel

Alias Otoniel, jefe del clan Úsuga, es uno de los capos más buscados del país y podría acogerse a un blindaje temporal frente a la extradición.

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El Tiempo / Twitter

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
12 de abril 2019 , 11:55 a.m.

El 'articulejo' de la Ley Estatutaria de la JEP que, según el Fiscal, podría frenar en seco la figura de la extradición y que es uno de los 6 objetados por el gobierno del presidente Iván Duque, apareció en el panorama legislativo hace un año.

Este viernes la JEP aseguró que, "los narcos no se cuelan" en esa jurisdicción y que ha evitado que 40 de ellos se acojan a la garantía de no extradición.

Lo cierto es que el polémico artículo forma parte del texto del Acuerdo de La Habana, que señala lo siguiente:

"En el Acuerdo Final de paz se determinarán las medidas adicionales para garantizar y asegurar lo antes establecido, así como para evitar que otras personas que estén ofreciendo Verdad ante el SIVJRNR sean extraditadas antes de que terminen de ofrecer verdad".

Este texto pasó por el Congreso y por el filtro de la Corte Constitucional, y se replicó en la Ley de Procedimiento de la JEP, que es el reglamento de operación de esa jurisdicción.

En mayo del año pasado, EL TIEMPO reveló la existencia de esa propuesta en el proyecto de reglamento elaborado por la misma JEP y que recogía una idéntica incluida en la Ley Estatutaria. 

Se trataba del artículo 145 de esa iniciativa, que señalaba lo siguiente: “Extradición de quienes estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación: No se concederá la extradición de otras personas que estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No repetición, antes de que terminen de ofrecer verdad".

Lo que eso significa en la práctica es que cualquier persona que esté pedida en extradición, aunque no haya hecho parte de la guerrilla de las Farc, podría por lo menos dilatar su entrega a la justicia de un tercer país si logra que el Sistema de Justicia Transicional decida escuchar su versión sobre hechos del conflicto armado. 

En la audiencia pública del Senado sobre las objeciones (ya negadas en la Cámara), el fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que con esa norma "se está acabando con la extradición por la puerta de atrás".

Y dijo que había que establecer quién era el autor de la polémica iniciativa.

A su vez, al objetar el artículo respectivo, el presidente Duque aseguró que la gabela "produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la Justicia de otros Estados".

De hecho, los anuncios de decenas de presos, varios de ellos por narcotráfico, de querer acogerse a la JEP a pesar de que no tienen relación con las Farc podrían estar muy amarradas a esa intención. 

Al otro lado están varios congresistas que consideran que ese blindaje frente a la extradición privilegia los derechos de las víctimas a la verdad, y que frente a ellos los pedidos de las justicias de terceros países deben ser secundarios. 

Así, la sentencia de la Corte Constitucional que avaló la Ley Estatutaria dice que "la norma bajo estudio guarda conexidad con el Acuerdo Final y permite hacer prevalecer los derechos de las víctimas sobre otros objetivos de la cooperación judicial internacional que promueve la extradición".

La polémica es fuerte porque a pesar de que el texto estaba en el acuerdo, frenar la extradición de "otros" diferentes a los miembros de las Farc y a sus familiares por hechos anteriores a la firma del Acuerdo Final (noviembre del 2016) podría generar boquetes legales.

Además, advierten Gobierno y Fiscalía, la indefinición del término "otros" abre la puerta para que en la práctica cualquier narco, sin relación ninguna con el conflicto armado, intente colarse en la JEP.

¿Podría la Justicia Especial quitarle a la Corte Suprema procesos de extradición que están ya bajo revisión? ¿Cómo serían las reglas de juego para garantizar una colaboración real y efectiva con la JEP? ¿Acogerse al Sistema implicaría lograr aceptación de la JEP o podría, por ejemplo, un extraditable que busque acercamientos con la Comisión de la Verdad o la de Búsqueda de Desaparecidos congelar su entrega? 
Todos estos son interrogantes que no están resueltos en ninguna norma y que quedarían abiertos si la no extradición de "otros" se mantiene.

Quienes defienden la norma avalada por la Corte señalan por su lado que de esta manera se evitaría lo que sucedió con la extradición de los principales jefes paramilitares cuando fueron enviados a Estados Unidos. Varios de ellos, como 'Jorge 40', uno de los máximos jefes 'paras' de la Costa, nunca volvieron a hablar con los fiscales colombianos de la jurisdicción de Justicia y Paz. 

Pero, también, hubo otros como Salvatore Mancuso que siguieron declarando tanto en sus procesos por crímenes de guerra y de lesa humanidad como en los de la parapolítica. 

El Senado votará las objeciones después de Semana Santa. Pero tal y como está la norma aprobada en el Congreso y declarada exequible por la Corte Constitucional, podrían darse escenarios controversiales. 

Por ejemplo, que un capo como 'Otoniel', por quien Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares, termine pidiendo cupo para ser escuchado en la JEP y frene así su eventual extradición. 'Otoniel', cuyo verdadero nombres es Juan de Dios Úsuga, estuvo en las Farc y después fue paramilitar, antes de convertirse en cabeza de la banda criminal más grande del país.

Por su prontuario criminal tiene conocimiento de hechos del conflicto y podría terminar cobijado por el blindaje contra la extradición. Y lo mismo aplicaría para hombres como 'Gentil Duarte' y 'Jhon 40', reconocidos narcos de las Farc que le hicieron conejo al proceso de paz y están encabezando las disidencias. 

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