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Conflicto y Narcotráfico

Piden reformar la protección para líderes sociales en el país

La Procuraduría citó a juicio disciplinario a tres gerentes de la Triple A de Barranquilla.

La Procuraduría citó a juicio disciplinario a tres gerentes de la Triple A de Barranquilla.

Foto:César Melgarejo / EL TIEMPO

Defensoría asegura que desde 2016 han sido asesinados 282 líderes sociales.

En un foro convocado por la Procuraduría General sobre la inseguridad de los líderes sociales étnicos, diferentes sectores plantearon la necesidad de pasar de un modelo de protección individual a uno colectivo.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, desde el 2016 van 282 líderes y defensores asesinados. De esas víctimas, 56 eran líderes indígenas y 26, afrodescendientes.
La Procuraduría General expuso que este año, según cifras de Naciones Unidas, han asesinado a 18 líderes, y según la ONG Somos Defensores van 52. Los departamentos con más casos son Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, el Valle y Córdoba.
El procurador general, Fernando Carrillo, aseguró que ante esta realidad, el Estado debe plantearse si los esquemas de protección son suficientes: “La Unidad Nacional de Protección (UNP) no tiene todos los recursos humanos, técnicos y financieros para contribuir con las demandas de seguridad colectiva”, dijo Carrillo, por lo que se debe pensar en un enfoque mucho más preventivo que reactivo.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) no tiene todos los recursos humanos, técnicos y financieros para contribuir con las demandas de seguridad colectiva

Asimismo, el Procurador se refirió a la necesidad de fortalecer los mecanismos de autoprotección, como la guardia indígena, la guardia cimarrona y la guardia campesina, en el marco del Estado de derecho.
Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que si bien el Congreso ha establecido que el monopolio de las armas lo tiene el Estado, se debe discutir cuál podría ser el papel que jugarían esas guardias para proteger a las comunidades.
Ante las nuevas amenazas, aseguró que se han expedido dos decretos (uno en diciembre y otro este mes) para pasar de la protección individual a la colectiva. El director de la UNP, Diego Mora, dijo que se han hecho 23 estudios de riesgo colectivos como planes piloto.
JUSTICIA
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