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Conflicto y Narcotráfico

La campaña más tranquila de la historia no llegó a varias regiones

Ese balance de hechos violentos convierte la del 2018 en la campaña política más tranquila de las últimas décadas en Colombia.

Ese balance de hechos violentos convierte la del 2018 en la campaña política más tranquila de las últimas décadas en Colombia.

Foto:Luis Lizarazo / EL TIEMPO

No hubo candidatos asesinados pero el temor por bandas y Eln no dejó hacer campaña en algunas zonas.

El ataque con piedras y objetos contundentes contra la camioneta blindada en la que se movía el candidato presidencial Gustavo Petro; el conato de asonada en Popayán durante una visita del senador Álvaro Uribe y la granada que explotó durante una actividad electoral de Olga Suárez Mira –hermana y heredera política del exsenador Óscar Suárez Mira, condenado por ‘parapolítica’– en Segovia (Antioquia), que dejó nueve personas heridas, fueron los tres hechos más graves registrados durante la vigencia oficial de la campaña para el Congreso.
Ese balance, de lejos, convierte la del 2018 en la campaña política más tranquila de las últimas décadas en Colombia. Con las Farc por fuera del mapa de la guerra e integradas al de la política, en la mayoría del país hubo garantías para que los candidatos se movieran hacia regiones a las que antes pocos se atrevían.
Pero esto no significa que las amenazas de los violentos no sigan siendo una cortapisa para el libre ejercicio de la democracia. Un barrido realizado por periodistas de EL TIEMPO identificó más de una docena de municipios en donde el ruido de las campañas proselitistas aún no se escucha por temor a los grupos irregulares.
El 7 de marzo pasado, Eneiro Rincón, candidato a la Cámara en Arauca, fue interceptado y amenazado por presuntas disidencias de las Farc que le advirtieron que no podía seguir en campaña en zona rural de Fortul. Rincón se encontraba con miembros de la comunidad indígena Chivariza, del pueblo uwa, cuando hombres con armas largas sometieron a su escolta y lo obligaron a irse de esa región.
Al otro extremo del país, en el suroccidente, ni los candidatos ni sus campañas se aparecieron por los 15 corregimientos de los municipios de Policarpa y Tumaco, en Nariño. En esa zona, que sigue siendo el mayor enclave de la coca en Colombia, simplemente no hay garantías, ni para los políticos ni para nadie.
En El Madrigal, un corregimiento de Policarpa, desde hace varios días las disidencias impiden el libre tránsito de personas y vehículos. “De allá no sale nadie sin su autorización. Y proselitismo no se hizo. El voto este domingo es por un supuesto candidato de las negritudes, esa fue la orden”, le dijo a este diario un residente de la región.
Eso a pesar de que por las selvas y los esteros de la costa Pacífica nariñense ya se mueven más de nueve mil hombres de la Fuerza Pública que llevan a cabo las operaciones Perseo y Atlas para estabilizar la zona más la activación de la Fuerza de Tarea Hércules.
Paradójicamente, otra es la situación que se registra en Guaviare y Caquetá, donde está la disidencia más grande, la de ‘Gentil Duarte’. Fuentes de la región afirman que el capo “autorizó” a campañas y candidatos a moverse sin restricciones, si bien en algunos casos se denunció que hubo exigencias económicas por ese ‘permiso’.
De 1.102 municipios en el país, el Gobierno priorizó esta semana 13, en consideración a lo que calificó como “la presencia de factores y variables desestabilizadoras” que podrían afectar el desarrollo del proceso electoral.
Doce se ubican en Norte de Santander. En tres de ellos –Tibú, Sardinata y El Tarra– hay más de 20.000 hectáreas de matas de coca. En este departamento confluyen tres estructuras del frente de guerra Nororiental del Eln y el grupo criminal ‘los Pelusos’. Fuentes consultadas por este diario afirman que el proselitismo en la zona urbana se ha realizado sin contratiempos, pero que otra es la situación en lo rural. “La Policía y el Ejército máximo van a las vías, pero para nadie es un secreto que hay ciertas zonas en las que no pueden garantizar seguridad, como lo muestran los recientes atentados que dejaron uniformados muertos”, dijo un líder social de la región.
En Chocó, donde se registra una disputa territorial entre el Eln y el ‘clan Úsuga’, se vive una situación similar.
Algunos partidos, para poder hacer campaña, debieron solicitar el acompañamiento del Ejército y la Policía. Sin embargo, no ha habido amenazas directas ni impedimentos para la jornada electoral. “A las zonas rurales no van a hacer campañas los políticos, sino que envían a los líderes, por la presencia de grupos armados ilegales que dificultan la entrada”, dice una autoridad de la zona.

A las zonas rurales no van a hacer campañas los políticos, sino que envían a los líderes, por la presencia de grupos armados ilegales que dificultan la entrada

La Misión de Observación Electoral (MOE) advierte que en Chocó hay zonas rurales en las cuales no se puede hacer campaña, como en Riosucio, donde se registra un gran número de desplazados. Para la MOE, Chocó está dividido en dos: donde se puede hacer campaña y donde hay guerra. Otra difícil situación se da en Litoral de San Juan, donde hay combates entre la Fuerza Pública y el Eln.
En Cauca, el riesgo se mantiene en el nororiente del departamento –municipios de Toribío, Caloto y Corinto–, zona en la que hay una fuerte disputa por el control de los sembradíos de marihuana que antes manejaban las Farc. “Aquí no hubo mayor riesgo, pero los candidatos no se meten a las veredas. Se apoyan en las juntas de acción comunal para hacer proselitismo y están autorizados por los jefes armados”, aseguró un líder social.

‘Hay menos riesgo de violencia política’

Alejandra Barrios, directora de la MOE en Colombia.

Alejandra Barrios, directora de la MOE en Colombia.

Foto:Abel Cárdenas / EL TIEMPO

¿Cuáles son para la MOE las regiones con mayor riesgo?
En materia de riesgo de fraude electoral para Cámara y Senado, tenemos 216 municipios que tienen alertas. La mayoría están en Antioquia, Córdoba, Chocó, Guaviare, Caquetá, Meta, Norte de Santander, el Urabá antioqueño y Sucre. Hay unos municipios que se caracterizan por tener un mayor fraude electoral por comportamientos atípicos, y por ello hay que prestar atención a los jurados de votación en los escrutinios y a la transmisión de datos.
Tras el desarme de las Farc, ¿qué grado de incidencia tienen otros grupos ilegales?
Presentamos el mapa de 170 municipios donde se combinaron los indicativos de riesgo electoral con la violencia. Nos preocupa el Eln, pero esperamos que cumpla su palabra de cese del fuego. También se hará monitoreo a las disidencias de las Farc.
¿Considera que estas elecciones han sido más pacíficas?
Claramente, hemos notado una disminución de los riesgos de violencia política. Los riesgos ahora están más relacionados con la intolerancia; no vienen directamente de los grupos armados ilegales, sino de la incapacidad de los colombianos de hacer debates políticos en el marco de la tolerancia.

Los riesgos ahora están más relacionados con la intolerancia; no vienen directamente de los grupos armados ilegales

¿Cuáles son las irregularidades electorales que más preocupan?
Estamos atentos al tema de trashumancia electoral, la compra de votos, el intercambio de bienes y servicios a cambio de estos y la participación de funcionarios públicos en política.
¿Qué ha pasado en las zonas que dejaron las Farc?
Recopilamos 199 municipios donde tenían presencia las Farc. Estas zonas siguen coincidiendo con las que tienen mayor nivel de riesgo electoral. Las regiones que ellos abandonaron ahora están en disputa por las economías ilegales, como es el caso del Catatumbo, Arauca, Antioquia, sur de Bolívar, Urabá antioqueño y Chocó.
¿Cómo han visto la financiación de campañas políticas?
No hemos logrado avances. Los partidos políticos no tienen la obligación de presentar informes sobre el origen de sus recursos en tiempo real, y eso genera inconvenientes y corrupción.
JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET
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