Acciones para enfrentar la situación de líderes sociales en el país - Conflicto y Narcotráfico - Justicia - ELTIEMPO.COM
Conflicto y Narcotráfico

Gobierno expondrá ante CIDH propuesta para frenar muertes de líderes

Consejero para los Derechos Humanos dijo que ya trabajan en la creación de una política pública

Francisco Barbosa

Francisco Barbosa, consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales.

Foto:

Milton Díaz

Por: Justicia
06 de diciembre 2018 , 03:57 p.m.

Presencia en los territorios y articulación de las entidades encargadas de la protección de los derechos humanos, son las estrategias del Gobierno del presidente Iván Duque para frenar los homicidios de líderes sociales en el país. 

El alto consejero para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales​, Francisco Barbosa, quien participará este jueves en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para explicar la situación sobre líderes sociales, afirmó que el Gobierno está trabajando en la creación de una política pública para mitigar la situación. 

Dijo que está problemática es de gran "importancia" para el Estado y que entre las  acciones que se plantearán está la estructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que es la encargada de brindar medidas para garantizar la seguridad de  estos defensores de derechos humanos.

Frente a la alerta de la ONU sobre la supuesta responsabilidad de empresas extractivas involucradas en ataques, dijo que "no hay que estigmatizar a las empresas y a la industria en Colombia".

¿Qué explicaciones dará usted hoy sobre lo que se está haciendo para  frenar los homicidios de líderes sociales?

El Gobierno lleva 120 días en el poder y en ese tiempo hemos presentado una propuesta o un plan de acción urgente para frenar los asesinatos de líderes sociales, lo que se está haciendo es articulando las diferentes agencias del Estado para enfrentar esta situación. Luego de este plan,  se pondrá en marcha una política pública construida con las diferentes organizaciones dentro de los cuales está la focalización de los territorios y a través de la intervención integral del Estado.

¿Es decir que el plan de acción urgente es unir a las entidades encargadas de la protección de líderes?

Lo que ocurría es que estaban completamente dispersas y no se sabía quién hacía qué dentro de las lógicas de función. Hay que establecer esos mecanismos, así como el mejoramiento y la reforma a la Unidad Nacional de Protección que el relator de la  ONU Michael Forst reconoció durante su visita a Colombia, como uno de los grandes ejes del gobierno y también manifestó su inconformidad.

¿La UNP no brinda medidas suficientes a los líderes sociales?  ¿En qué consiste la reestructuración? 

El Gobierno está en proceso de entrar a reestructurar la Unidad Nacional de Protección porque encontramos del Gobierno pasado que la entidad no era suficiente para poder abordar los temas de prevención colectiva. Uno de los ejes centrales del plan de acción oportuna que presentó el gobierno. Todo está enmarcado en la idea de prevención individual y combinarla con la implementación colectiva, es fundamental. Debemos trabajar de forma integral pero no solamente la UNP, sino todos los órganos del Estado para tener un diagnóstico adecuado y saber cómo mejorar la situación de los líderes. Para el Gobierno el tema de los líderes es uno de los más importantes.

¿Hay alguna sistematicidad en el asesinato de líderes sociales? 

Hay un estado complejo contra los líderes a los líderes sociales. Los están asesinando por cuenta del aumento masivo del narcotráfico, más de 200 mil hectáreas de coca, la existencia de economías ilegales en esas zonas del país y por supuesto la falta de implementación del Estado de derecho en zonas en las cuales estuvo la guerrilla y los grupos criminales y el Estado fue incapaz durante el último año y medio, después de la firma del acuerdo, de llegar a estos territorios. Esas son las razones por las cuales han asesinado a los líderes o defensores de derechos humanos.

El Estado está comprometido a tratar de frenar la situación  a través de los dos mecanismos. Plan de acción urgente y construcción de la política pública. 

¿En qué consiste la política pública que están construyendo?

La política pública tiene varios ejes pero uno es el de la focalización de los territorios a través de la llegada del Estado con servicios públicos y con una acción definida de la Fuerza Pública, de la Policía y de otros organismos del Estado como la Fiscalía. Esa es parte esencial de atacar lo que está ocurriendo en los territorios que por supuesto no es todo el país sino unos 60 o 70 municipios. Es necesario llegar para evitar la muerte de los líderes sociales que es un tema que le importa mucho al Estado porque es un tema que tiene que ver con los derechos humanos como política de Estado.

En su recorrido por  Colombia, el relator especial de ONU Michael Forst encontró una dramática situación frente a los líderes de derechos humanos. ¿Cómo recibió el gobierno las alertas del relator?

Con mucha preocupación porque nosotros llevamos 120 días y lo que él analiza es lo tenido en cuenta tras el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El presidente Santos no había invitado al relator de Naciones Unidas en ocho años y es el Gobierno del presidente Duque el qué lo invita para ver exactamente en qué estamos en esa situación de derechos humanos. Nos encontramos 195 líderes asesinados antes del siete de agosto, y estamos tomando medidas de manera inédita, porque no se habían tomado medidas frente a estos temas. Lo que hay que entender es que la situación de derechos humanos hay que mejorarla y para eso se están tomando todas las medidas para poder frenar la situación.

¿Tiene alguna cifra de líderes asesinados en los 120 días que hace referencia lleva el Gobierno Duque?

A hoy estamos hablando de que ha incrementado a 210 personas. Es decir unas 15 líderes desde el siete de agosto, es una situación lamentable y es necesario ponerle freno a eso.

El relator Forst también dijo que habían empresas extractiva involucradas en ataques. ¿Qué ha detectado el Gobierno en esa materia?

El informe del relator en ese punto es absolutamente general porque, aunque habla de empresas, no dice con ninguna precisión cuáles. El Gobierno es consciente de que si existe algún tipo de duda o denuncia tiene que procesarse a las autoridades competentes. Por lo pronto no hay que estigmatizar a las empresas y a la industria en Colombia que está cumpliendo unas funciones importantes en el marco del desarrollo colombiano. Si hay alguna duda o violación a los derechos humanos el Gobierno colombiano tomará las medidas.

JUSTICIA

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