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Diálogo laboral del país va más allá del ajuste del salario mínimo

Uno de los puntos que discute la Comisión es que la negociación del salario mínimo ya no sea a final de año sino en febrero.

Uno de los puntos que discute la Comisión es que la negociación del salario mínimo ya no sea a final de año sino en febrero.

Foto:Cortesía Ministerio de Trabajo

Comisión de Concertación Laboral se reúne de manera periódica para tratar varios asuntos.

Aparte de discutir exclusivamente el ajuste anual del salario mínimo, representantes del Gobierno, de los empresarios y de los trabajadores sostienen desde este año varias reuniones para ampliar temas de interés en el ámbito laboral.
Así, el Ministerio del Trabajo ha impulsado la conformación de una agenda, con propuestas puntuales, para que la Comisión Nacional de Concertación Permanente de Política Laboral, en adelante, logre mayores consensos.
“Este año hemos venido presentando una importante agenda laboral, que busca abrir la discusión sobre muchos temas que estaban en el congelador, porque este aspecto se encontraba inmerso en todo esto del conflicto armado. En el tránsito hacia la paz debe abrirse el compás de discusión sobre la modernización de las relaciones laborales”, señaló la ministra del Trabajo, Clara López.
En esa línea se vienen presentando propuestas orientadas a fortalecer a las organizaciones sindicales, la libertad sindical y todo lo que le es anexo: el derecho de formar sindicatos, de ampliarlos, firmar convenciones colectivas y, eventualmente, en el proceso de concertación si no se logra el acuerdo, el ejercicio responsable del derecho a la huelga.
La cartera del Trabajo presentó en la primera sesión cinco proyectos. Uno que busca prohibir los pactos colectivos en las empresas donde hay sindicato, porque este se ha utilizado en el pasado como una herramienta para evitar que se formen nuevos sindicatos o para ir desgranando la afiliación de los ya existentes.
Es además una institución (el pacto colectivo) muy poco utilizada en el mundo y esto también hace parte de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
Al respecto, Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), manifestó que es altamente positivo que esa Comisión aborde otros temas distintos al salario mínimo legal y que coincida con la iniciativa de la Ministra del Trabajo en cuanto a la prohibición de los pactos colectivos, lo que para él debe ser un proyecto de ley, y que ha sido una vieja solicitud del movimiento sindical que indica que donde haya sindicato no existan pactos colectivos.
El segundo tema se refiere a la necesidad de evolucionar en la discusión de los pliegos laborales y por eso han abierto el debate sobre la conveniencia o no de la negociación por rama de actividad o por industria, que ahí entraría parte de la negociación eventual del salario mínimo por rama.
Otra iniciativa busca racionalizar donde sí hay negociación de convenciones colectivas, pero donde también hay muchos sindicatos. “Entonces hemos planteado un proyecto normativo que buscaría que en las mesas de negociación con las empresas se limitara a 10 el total de negociadores de los sindicatos y que allí estuvieran representados en proporción al número de afiliados para tener así a los más representativos”, explicó Clara López.
En ese sentido Alberto Echavarría, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Andi, señala que a los empresarios les preocupan esos mecanismos que están utilizando los trabajadores para hacer uso de sus derechos pero de una manera que excede la finalidad del uso de las normas.
“Trabajadores que ya están sindicalizados, amparados por convenciones colectivas, crean nuevos sindicatos para proliferar el concepto del fuero sindical en todos los trabajadores, y ese no es el objetivo con el que la ley estableció ese tipo de figura y que están generando lo que se conoce como ‘carruseles sindicales y convencionales’, que son la multiplicidad continua de sindicatos y negociaciones colectivas que minan la confianza en la relación laboral y llevan a que muchas de esas negociaciones terminen siendo fallidas”, explicó Echavarría.
Así mismo, teniendo en cuenta que hay muchas personas que se encuentran entre el trabajador dependiente y el independiente y cuya protección no está clara (como conductores, o quienes entregan correspondencia), a la Comisión se llevó la propuesta de buscar un mecanismo de protección para ellos, y que uno podría ser extenderles el derecho de asociación colectiva con temas limitados de negociación como horarios, vacaciones o salud y seguridad en el trabajo.
El quinto proyecto se trata de la regulación –que se ha solicitado en repetidas oportunidades por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como por sindicatos y empresarios por igual– del derecho de huelga en los servicios públicos esenciales.

‘Que haya voluntad real’

Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, agrega que “hay propuestas como toda la reformulación en torno al trabajo decente, proteger el derecho a la negociación colectiva, salirles el paso a todos los fenómenos de tercerización laboral, y digamos que eso es bueno en la medida en que más adelante se conviertan en leyes y en aspectos que protejan los derechos de los trabajadores”.
Sin embargo, recalcó que teme que todos estos proyectos se elaboran antes de la reunión con la Ocde para presentar un panorama laboral distinto, y agregó que si esto no tiene un compromiso real del equipo legislativo del Gobierno va a terminar en lo que ha ocurrido con la reducción de los aportes pensionales en salud del 12 al 4 por ciento o en la devolución de la jornada laboral normal como existía antes de la Ley 789 del 2002.
Y dijo creer que hay más sombras que luces en torno a estas situaciones, pero espera que haya buena fe por parte del Gobierno.

¿Negociar el mínimo en febrero?

Otro tema que se discute en la Comisión de Política Salarial, y en lo que estuvo de acuerdo la ministra Clara López, y que no avanza –según Julio Roberto Gómez–, es la idea de cambiar la ley para que la negociación del salario mínimo legal no sea en noviembre y diciembre, sino que se traslade a febrero con retroactividad al primero de enero.
De otro lado, Alberto Echavarría, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Andi, aseguró que ellos como empleadores también presentaron sus propuestas con una visión frente a esas iniciativas pero, además, otras que también consideran deben ser discutidas para tener un marco de referencia más amplio y que sirva para llevar al país a una mayor competitividad e inserción en el horizonte internacional.
Entre ellas, Echavarría mencionó que se debería abordar el concepto de actividad misional permanente, “esto es extraño en el ámbito internacional, que se trajo más derivado de la negociación del TLC con EE. UU. Y que ha originado que en las inspecciones del trabajo se llegue a considerar que en la actividad central del negocio se entienda que solamente se pueda contratar directamente”. Algo que los empresarios creen no debe ser así.

Informalidad laboral en llega al 65 %

En Colombia solo 7,8 de los 22 millones de trabajadores ocupados está vinculado al sistema de seguridad social, lo que supone que la informalidad laboral llega al 65 %, según un estudio de la Universidad del Rosario de Bogotá publicado este domingo.
Las cifras de su Observatorio Laboral también indican que la tasa de afiliación sindical en el país es del 4,4 %. El investigador del Rosario Iván Daniel Jaramillo señaló a la agencia Efe que “el principal reto para el sistema de relaciones laborales está constituido por la formalización, la contratación directa y el reconocimiento de los derechos laborales y la protección social de los trabajadores”.
Agregó que “en materia de respeto de los derechos que emanan de la libertad sindical, resulta conveniente dar impulso a las iniciativas gubernamentales sobre reconocimiento del derecho de negociación colectiva sectorial y prohibición de pactos colectivos en empresas con trabajadores afiliados a una organización sindical”.
ALEJANDRO RAMÍREZ PEÑA
Economía y Negocios
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