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Colombia no la tendrá fácil para cumplir su meta fiscal: Moody’s

Objetivo será posible en 2019 pero habrá dificultades en los años 2020 y 2021, dice la calificadora.

Moody’s da calificación A3 a México

Los ingresos menores a los esperados, junto con los costos fiscales de la migración venezolana dificultarán el cumplimiento del gobierno de los objetivos de déficit en 2020 y 2021.

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Mike Segar / Reuters

Por: Redacción Economía y Negocios
15 de abril 2019 , 08:35 p.m.

El Gobierno colombiano cumplirá con la meta fiscal este año, pero no la tendrá muy fácil en los años siguientes (2021 y 2022) debido, entre otros factores, a los menores ingresos que obtendrá y al impacto de la alta migración venezolana.

Así lo hizo saber este lunes la agencia calificadora Moody’s, al advertir, además, sobre los riesgos que implica para la credibilidad del país los cambios en las metas fiscales, pese a que esos ajustes están en línea con las pautas de la regla fiscal.

Los ingresos menores a los esperados, junto con los costos fiscales de la migración venezolana dificultarán el cumplimiento del gobierno de los objetivos de déficit en 2020 y 2021. Además, como hemos indicado, la rigidez del gasto gubernamental limitará el alcance de recortes significativos, ya que el 85 por ciento del gasto es obligatorio”, indicó en un comunicado la agencia estadounidense, a propósito de la revisión de las metas fiscales y la flexibilización de la regla fiscal que hizo el Comité Consultivo de la Regla Fiscal.

En ese sentido, los analistas de Moody’s indicaron que “mantener una relación de deuda estable en los próximos años requeriría una disminución de los déficits fiscales, un crecimiento económico en torno al potencial (3,5 por ciento) y ninguna depreciación brusca de la moneda”.

Como se recuerda, la regla incorpora a largo plazo un camino para que el déficit estructural llegue al 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) en el 2022.

El objetivo para 2019 es alcanzable, insistió la calificadora, pero agregó que en los años siguientes hay grandes desafíos, en la medida que la reforma fiscal no proporcionará los recursos suficientes y ante la ausencia de fuentes de ingresos alternativas, como por ejemplo, ventas de activos, o recortes adicionales de gastos.

Pero según el centro de estudios económicos Anif, Colombia ha venido elevando de forma sistemática su nivel de endeudamiento público, acumulando un 12 por ciento del PIB en la última década, y registrando hoy niveles de deuda bruta del 50 por ciento del PIB a nivel del Gobierno Central y de casi 60 por ciento del PIB a nivel consolidado.

También dice que el recaudo tributario está estancado en 14 por ciento del PIB y, peor aún, irá descendiendo hacia el 13 por ciento, debido a los excesivos alivios tributarios corporativos, lo cual tiene preocupadas a las calificadoras de riesgo.

Bajo ese escenario es que el gobierno ha mencionado como salidas un mayor recaudo producto de la lucha contra la evasión, el congelamiento de gastos por 7 billones de pesos, así como la venta de activos estatales de donde podrían venir recursos por 30 billones de pesos, según cuentas del Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, la Anif sostiene que el plan-B fiscal de la actual administración en realidad solo cuenta con la opción de privatizaciones en activos sustantivos como los de Ecopetrol, Cenit e ISA, las cuales podrían representarle recursos al Gobierno por cerca del 3 por ciento del PIB.

Esto, si se lograr su aprobación completa, lo que en concepto del centro de estudios económicos “luce poco factible por cuenta del bajo capital político” que se tiene.

Y agrega que “Anif ha venido mencionando que esos recursos de las privatizaciones (de los cuales 12,5 billones de pesos provendrían de la venta del 8,5 por ciento adicional de Ecopetrol), no deberían dilapidarse en gasto operativo, sino aplicarse al financiamiento de infraestructura (repitiendo el buen expediente de lo hecho con los recursos de la privatización de Isagén”.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

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